El 28 de Noviembre de 2.014 la Legislatura tucumana aprobó por unanimidad el proyecto de Ley de Responsabilidad Social y Ambiental presentado por el Legislador, Dr. Ramiro González Navarro, Presidente de la Comisión de Hacienda y Presupuesto.
Esta Ley convierte a la provincia de Tucumán en la tercera provincia argentina, después de Río Negro y Mendoza, que cuenta con ley sobre la medición, presentación y evaluación de acciones y políticas de responsabilidad social y ambiental por parte de las instituciones que actúan en el medio, ya sean estas de carácter público o privado, con o sin fines de lucro. La misma constituye un gran avance en nuestra legislación provincial, que coloca a la Provincia en la vanguardia en la materia a nivel nacional y se logra un viejo anhelo de un grupo importante de la sociedad tucumana y del Colegio de Graduados en Ciencias Económicas de Tucumán.
Con el objetivo de promover conductas de responsabilidad social y ambiental, en el diseño y materialización de las políticas y acciones de los sujetos, garantizando el acceso a la información respecto de los resultados obtenidos por su actuar responsable, esta novísima ley, pionera en Argentina, abre un nuevo campo de acción y desarrollo para nuestros matriculados ya sea integrando los equipos de trabajo profesional interdisciplinario o la auditoria del mismo, toda vez que dispone la presentación del Balance de Responsabilidad Social y Ambiental que contenga un detalle de políticas y estrategias, acciones diagramadas y objetivos, beneficios y resultados esperados que serán medidos anualmente a través del Balance Social y Ambiental.
Es de aplicación voluntaria para todas las empresas que deseen obtener el CERTIFICADO TUCUMANO DE RESPONSABILIDAD SOCIAL Y AMBIENTAL lo que les permitirá acceder a los beneficios detallados en la ley, tales como: acompañamiento del Estado Provincial en los procesos de búsqueda de nuevas inversiones destinadas a ampliar y potenciar sus actividades, prioridad en las contrataciones con el estado provincial y municipios que adhieran cuando existan igualdad de oferta, representar a la provincia con sus productos en ferias y exposiciones y mejores posibilidades de acceder a créditos públicos y privados, entre otras.
Este Balance Social y Ambiental debe ser elaborado conforme a las disposiciones profesionales vigentes para los profesionales en ciencias económicas, que actualmente es la Resolución Técnica 36 de FACPCE que contiene mediciones económico-financieras a través del Estado de Valor Económico Generado y Distribuido (EVEGyD) y una Memoria de Sustentabilidad basada en los protocolos de indicadores GRI (Iniciativa de Reporte Global o Global Reporting Initiative) y deberá ser Auditado por Contador matriculado en el CGCET y llevar su firma certificada por este Colegio.
Por esta misma ley se crea el “Consejo de Control de Empresas y Organizaciones Comprometidas con la Responsabilidad Social y Ambiental de Tucumán” (CCEOCRSA) que será la autoridad de aplicación de la ley, integrado por representantes del Ministerio de Desarrollo Productivo, del Ministerio de Desarrollo Social, de la Honorable Legislatura de Tucumán, la Federación Económica de Tucumán, la Universidad Nacional de Tucumán, la Universidad Tecnología Nacional y el Colegio de Graduados en Ciencias Económicas de Tucumán.
