07 julio 2015.- Resulta una situación típica de las épocas de vencimientos de las declaraciones juradas del impuesto a las ganancias y bienes personales que los contribuyentes, especialmente empleados en relación de dependencia, recurran a los servicios de no profesionales o de profesionales no matriculados para buscar asesoramiento y la liquidación de los mencionados impuestos.
Desde el CGCE de Tucumán es habitual la recomendación de lo riesgoso que resulta acudir a estos servicios que frecuentemente se brindan en cyber o kioscos luego de una larga espera en fila lo que demuestra palmariamente la precariedad del trabajo brindado.
Y en este sentido cobra plena vigencia el famoso dicho popular que reza que “lo barato sale caro”. Y esto es así porque ante la complejidad de las normas tributarias se debe recurrir a profesionales expertos y capacitados que se encuentren matriculados lo que garantiza un servicio de calidad.
Por un mal entendido ahorro, los contribuyentes acuden a personas no capacitadas que por unos pocos pesos les “arman” sus declaraciones juradas sin asumir responsabilidad alguna. Luego vienen los lamentos al enfrentarse a requerimientos del fisco por detectar inconsistencias en las presentaciones lo que origina ajustes por fiscalizaciones y multas.
Es común observar que se publicita, por medio de volantes, servicios de “pseudos” profesionales que por unos pocos pesos ofrecen confeccionar las declaraciones juradas estafando a quienes contratan sus servicios con presentaciones incorrectas. Lo que el ciudadano debe comprender es que resulta imposible confeccionar una declaración jurada en diez minutos.
Buscar el asesoramiento de un profesional matriculado encuentra fundamento en el hecho de que los servicios brindados se encuentran sujetos a responsabilidades especiales, tanto penales como civiles, administrativas y ético-profesionales en razón de que se vinculan con intereses públicos y deben prestarse personalmente, no siendo delegables.
La obligatoriedad de matricularse no debe evaluarse como una mera imposición. Cuando se cumple con la Ley la sociedad se beneficia en su conjunto. Las empresas y la ciudadanía en general debería sentirse más segura al contratar a profesionales matriculados, ya que el Colegio les provee a estos, y en forma indirecta a quienes contratan sus servicios, de un marco legal, normativo y ético al cual deben responder.
Exhortamos a la población a que no se deje estafar y que denuncie en nuestra institución a quienes ejercen ilegalmente la profesión.
