04 de Agos 2015.- En reiteradas oportunidades, el Colegio de Graduados en Ciencias Económicas ha venido solicitando al gobierno provincial la implementación de la ley que dispuso la conformación del Tribunal Fiscal que ya se encuentra contemplado en nuestro ordenamiento tributario (artículo 12 y siguientes).
Esta medida representa una deuda pendiente de las diferentes administraciones con la comunidad, puesto que la figura se encuentra prevista en la legislación desde el origen mismo de nuestro Código Tributario.
Poner en práctica este organismo implicaría un verdadero avance en resguardo de los derechos de los contribuyentes, permitiendo que las causas se resuelvan por la vía administrativa, en plazos razonables y además provocará efectivas ventajas para la administración misma, que podrá dejar de cumplir la función que hoy realiza al sustituir las tareas del Tribunal, lo que naturalmente debe redundar en una racionalización adecuada de sus tareas, concentrando sus esfuerzos en las funciones esenciales de recaudación y control.
La creación de esta figura no implica un presupuesto que exceda las posibilidades de la administración, pues requiere una dotación de personal e infraestructura mínima, que se puede obtener de la actual plantilla del personal estatal, por lo que resulta claro que los beneficios que se obtendrían superarán con creces los costos de su implementación.
Es necesario remarcar que los tiempos modernos exigen una adecuada especialización de los organismos encargados de realizar la administración tributaria, lo que también debe requerirse a los entes encargados de dirimir los conflictos que puedan plantearse entre la Dirección General de Rentas y los contribuyentes.
Fuente: Página del CGCET en Diario La Gaceta de Tucumán
