Nuestro país se apresta a vivir la renovación democrática de sus autoridades tanto en lo que respecta al Poder Ejecutivo como al Poder Legislativo y sea quien fuere el Partido que asumirá el gobierno resulta indispensable que de una vez por todas se defina el tema de la Ley de Coparticipación Federal de Impuestos.
Desde la reforma de la Constitución Nacional del año 1994, continúa pendiente el mandato constitucional de sancionar un nuevo Régimen de Coparticipación Federal de Impuestos.
La tarea a encarar para cumplir con este mandato constitucional es compleja y exigirá importantes consensos políticos tendientes a resolver difíciles cuestiones que se plantean en esta temática.
Habrá que determinar competencias y funciones de los distintos niveles de gobierno distribuyendo las potestades tributarias que le competen a cada nivel.
Será imprescindible aplicar criterios objetivos y cuantificables de reparto para la distribución secundaria entre las provincias una vez definido el nivel de coparticipación primaria entre la Nación y el conjunto de las Provincias.
Deberá además garantizar la remisión automática de fondos a cada una de las jurisdicciones provinciales.
La distribución debiera realizarse sobre la base de criterios objetivos y periódicamente medibles que apunten a mejorar la calidad de vida de la población y a procurar la igualdad de oportunidades entre todos los argentinos, cualquiera fuese el lugar de su residencia. El nuevo régimen también debe contribuir a mejorar la eficiencia y la equidad no sólo de los tributos sino también del gasto público.
Los nuevos criterios de distribución deberían tener en cuenta no sólo indicadores “devolutivos” como el PBI provincial sino también indicadores “redistributivos” como el PBI per cápita y la densidad demográfica entre otros.
Pero además debería incorporar incentivos al esfuerzo tributario local y considerar nuevos indicadores objetivamente mensurables para mejorar la calidad del gasto provincial y por ende el nivel de vida de la población (educación, salud y seguridad).
También debería tener en cuenta la implementación de un fondo anticíclico que permita a las provincias que su coparticipación no se vea muy afectada en la fase recesiva del ciclo económico.
Existe en nuestro país una gran concentración de recursos fiscales en manos del Tesoro Nacional. Se transfieren a las Provincias menos del 30% de la recaudación nacional total. El Gobierno Nacional realiza transferencias de fondos por fuera del Régimen de Coparticipación automático, pero precisamente, al no existir normas objetivas que regulen las mismas, se convierte en un procedimiento discrecional que debilita seriamente la autonomía política de las provincias y no puede existir independencia política sin independencia económica.
Por otra parte la Ley de Coparticipación actualmente vigente ha quedado desvirtuada por el “vaciamiento” de su masa coparticipable a través de la sanción de innumerables mecanismos de distribución específica. El régimen ha sido totalmente modificado mediante la aplicación de disposiciones legales que establecen fórmulas específicas de distribución para determinados impuestos. Una nueva Ley que corrija esta situación puede incrementar los fondos que reciban las Provincias.
Por supuesto que las Provincias deberían actuar de igual modo con sus Municipalidades a las que deben garantizar su funcionamiento.
Hace veintiun años que incumplimos el mandato constitucional. Llegó la hora que las fuerzas políticas acuerden cumplirlo a fin de construir una nación federal y con igualdad de oportunidades donde las Provincias no tengan que mendigar y subordinarse a imposiciones de la Nación para recibir lo que por Ley les corresponde. La tarea es compleja pero debe encararse sin demoras ya que es esencial para que el régimen fiscal federal no se constituya en un obstáculo para el progreso.
Fuente: Página del CGCET en La Gaceta.
