Una propuesta integral para hacer más transparente el financiamiento de los partidos políticos, tanto en el origen como en el uso de los recursos que se manejarán
Piden garantizar una efectiva competencia electoral y en condiciones de equidad
“El sistema de financiamiento de la actividad política debería garantizar una competencia abierta, libre y equitativa que tienda a fortalecer la confianza pública en los partidos, la política y la democracia teniendo como eje la transparencia” sostuvo el Colegio de Graduados en Ciencias Económicas en una presentación realizada como aporte al programa “Tucumán dialoga” que apunta a una reforma política provincial.
En este sentido un sistema mixto (público y privado) con rendición de cuentas y un órgano de control fuerte respaldado por un eficaz régimen de sanciones son requisitos esenciales para una reforma exitosa, afirma el documento.
La rendición de cuentas requiere de la presentación de informes periódicos, auditoría y publicidad.
La ética perdida
Uno de los temas principales en la agenda política – sostiene el CGCET es el fortalecimiento de los partidos y el rescate de la ética política perdida. Pero el cumplimiento de estos objetivos sólo se logrará con partidos más fuertes, más democráticos y firmemente comprometidos con estos propósitos, y en este tema la cuestión del financiamiento político juega un papel fundamental.
En la consecución de un sistema de financiamiento transparente es esencial que, más allá de lo estipulado por la ley, los actores involucrados se comprometan activamente en adoptar ellos mismos prácticas tendientes a la transparencia, la rendición de cuentas y el acceso a la información, dice el documento en sus conclusiones.
Origen de fondos
Los profesionales admiten que las prácticas partidarias no pueden desarrollarse sin recursos financieros. Pero el financiamiento de los partidos políticos trae aparejado dilemas que generan preocupación a la sociedad como la falta de transparencia en cuanto al origen y destino de los fondos, el desmesurado gasto en las campañas electorales, el ineficaz control de las rendiciones de fondos, etc..
Los mencionados inconvenientes han permitido el desarrollo del financiamiento ilegal, el predominio de influencias de grupos económicos y hasta el flagelo del narco financiamiento, situaciones que ponen en alto riesgo la independencia partidaria.
La proliferación de escándalos acontecidos en diferentes países ha puesto al descubierto estas prácticas ilegales de financiamiento de la política, las que conspiran con los fundamentos mismos de la doctrina democrática.
Antecedentes
El documento recuerda que “en mayo de 2002 el Congreso sancionó la ley 25.600, regulatoria del financiamiento de los partidos políticos y de las campañas electorales a nivel nacional.
En diciembre de 2006, el Congreso de la Nación sancionó la nueva ley de financiamiento de los partidos políticos y las campañas electorales (Ley Nº 26.215) que modifica ciertos aspectos de la ley 25.600 aunque lo sustancial continúa vigente.
La Constitución de la Provincia de Tucumán otorga entidad a los partidos políticos en la Sección II, artículo 43.
En síntesis, tanto la Constitución Nacional como la Provincial no solamente resaltan la labor de los partidos sino que además plantean la función que le cabe al Estado en el sostenimiento económico de los mismos, así como también en la capacitación de sus dirigentes.
Existen tres tipos de sistemas de financiamiento. El financiamiento basado exclusivamente en aportes públicos; el basado en aportes privados exclusivamente (empresas y/o individuos) y uno mixto que combina el público y el privado.
La le 26.215 establece un sistema mixto de financiamiento en Argentina.
Diagnóstico
De la bibliografía consultada respecto a los sistemas de financiamiento político vigentes en América Latina, podemos enumerar como sus principales características y tendencias las siguientes:
1.- Prevalecen los sistemas mixtos con una tendencia marcada a favor del financiamiento público y a establecer límites legales a las contribuciones privadas.
2.- Se percibe una regulación inadecuada del tema, ineficacia de los órganos de control y del régimen de sanciones y prácticas políticas favorables a la transgresión de las normas.
3.- Existe una tendencia a favor de controlar los gastos electorales, estableciendo topes y acortando campañas. Se observa también una reorientación en el uso de los recursos públicos mediante el apoyo a actividades de investigación y capacitación.
4.- Existe una regulación precaria o inexistente respecto al acceso equitativo a los medios de comunicación. Particularmente en lo referente al acceso a los medios televisivos.
5.- Se observan niveles de transparencia bajos a pesar del mayor número de reformas dirigidas a fortalecer la rendición de cuentas y a mejorar la divulgación.
6.- La gran mayoría de las reformas recientes no han venido acompañadas del necesario fortalecimiento de los órganos de control y del régimen de sanciones.
7.- El tema del financiamiento y la perspectiva de género es un aspecto poco desarrollado en Latinoamérica y no se ha traducido aún en regulaciones específicas.
Reforma
Toda reforma al sistema de financiación debe ser parte integral de una reforma política electoral en su conjunto, pues sus consecuencias afectan a aspectos esenciales como la competencia entre partidos, el sistema de partidos y consecuentemente la propia credibilidad y legitimidad de la democracia misma.
Debe evitarse caer en el exceso de regulación, legislando sólo aquello que pueda cumplirse y controlarse.
Pautas
El postulado principal de un sistema de financiamiento debe tener como objetivo fomentar una competencia política abierta y libre, basada en condiciones de equidad y transparencia.
Respetando ese postulado básico, todo proceso de reforma en materia de financiamiento político debe considerar los siguientes objetivos generales:
1.- Garantizar una efectiva competencia electoral y promover la equidad política 2.- Establecer mecanismos transparentes de rendición de cuentas y de divulgación. 3.- Disminuir la necesidad de dinero controlando el gasto electoral.
4.- Invertir fondos públicos en el fortalecimiento de partidos democráticos 5.- Establecer un órgano de control fuerte e independiente y un régimen de sanciones eficaz que combine incentivos con castigos. 6.- Incorporar el enfoque de género en las regulaciones acerca del financiamiento de los partidos políticos.
Fuente: Página del CGCET en La Gaceta
