La Federación de Entidades Profesionales Universitarias de Tucumán (Feput) puso a consideración de la sociedad y en particular de los integrantes del Poder Legislativo un proyecto para aprobar una ley provincial de Ética Pública, como parte del debate por una reforma política en la provincia.
“La búsqueda de la ética y la transparencia en la acción de gobierno han constituido una preocupación constante para Feput lo que nos ha llevado a discutir y elaborar un proyecto sobre la temática”, indicaron Patricia Manso (presidenta) y Zulma Brandán (secretaria). La iniciativa fue presentada en 2013 por el entonces legislador José Manuel Páez (Democracia Cristiana).
El proyecto apunta a la presentación de declaraciones juradas en los tres poderes del Estado provincial (incluyendo los cargos de conducción gremial o profesional, entre otros); al dictado de normas que regulen la incompatibilidad de funcionarios del Estado y su grupo familiar con la participación en concesiones otorgadas por el Estado; y lo relativo a la recepción de recursos de parte del empresas que actúan en la obra pública, entre otros puntos.
Cabe destacar que la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ) difundió un informe en el que pregunta, a más de 15 años de la sanción de la Ley Nacional Nº 25.188 (de Ética en el Ejercicio de la Función Pública) qué provincias han adaptado sus normativas para garantizar el libre acceso a esos documentos. Para graficar el nivel de “accesibilidad”, utilizaron como referencia los colores del semáforo: rojo, amarillo y verde.
El estudio indica que solamente cinco de las 23 provincias han acomodado sus normas provinciales a la Ley Nacional Nº 25.188, y permiten el acceso a las ddjj de sus funcionarios. Estas figuran en “verde”. En seis provincias el acceso a las ddjj es restringido (amarillo), y en 12 no se permite la consulta bajo ninguna circunstancia, a excepción de mediar una orden judicial (rojo). En este último lote aparece Tucumán.
En esta provincia rige desde julio de 1973 la Ley N° 3.981, que obliga a los funcionarios a confeccionar sus declaraciones cuando asumen las funciones públicas y a actualizarlas en el supuesto de que se produzca una modificación sustancial del patrimonio declarado. Sin embargo, esos documentos son de carácter secreto (están en sobre lacrado), y sólo se puede acceder a ellos por un fallo de la Justicia.
Fuente: La Página del CGCET en La Gaceta.-
