26 SEP 2014 El Gobierno les ofreció negociar una reglamentación más laxa Lo decidió por unanimidad el Grupo de los Seis. Consideran que la ley no es “constitucionalmente aceptable”.
En el que fue un día en el que el Gobierno no aflojó con las presiones para evitar que la Ley de Abastecimiento llegue a la Justicia, anoche el Grupo de los Seis que cobija a las principales cámaras empresarias, decidió por unanimidad recurrir a la Justicia para reclamar que se declare inconstitucional la iniciativa votada casi en exclusiva por el oficialismo el pasado jueves por la madrugada. También acordó esperar las recomendaciones sobre el camino a seguir por parte d e los tres estudios jurídicos que contrataron, cuyos nombres mantienen en reserva.
El primer paso de la decisión empresaria comenzó a gestarse en la reunión que tuvo ayer el comité ejecutivo de la Unión Industrial. Los directivos, que no se encontraban desde fines de agosto, llegaron a la tradicional sede de avenida de Mayo a las 13 con ánimo de discutir. Y se llevaron una sorpresa. El presidente de la entidad, Héctor Méndez, no asistió ya que estaba citado al ministerio de Economía para una entrevista con Axel Kicillof. Esa cita siguió a la que ya habían mantenido el último lunes, como reveló Clarín, con Augusto Costa. El lunes en su despacho, el secretario de Comercio prometió a Méndez, al vice de la UIA, Daniel Funes de Rioja y a su secretario José de Mendiguren, una reglamentación más flexible de la ley a cambio de evitar su judicialización.
Pero Funes de Rioja, que presidió junto a Cristiano Rattazzi ayer la mesa chica de la entidad, planteó que una reglamentación no puede alterar el espíritu de una ley que “no es razonable ni constitucionalmente aceptable”.
Ayer en la UIA y en el ardor del debate, uno de sus dirigentes invitó a no caer en la trampa y señaló que el objetivo del Gobierno era quebrar el bloque empresario.
En ese momento dejaron por escrito la posición, conscientes que iba a impulsar la decisión posterior del Grupo de los Seis: “La Junta Directiva reafirmó su rechazo a la aplicación de la Ley de Relaciones de la Producción y Consumo (Abastecimiento), que constituye una violación a la Constitución Nacional al otorgar una delegación abierta al Poder Ejecutivo. En este sentido, la entidad, en conjunto con el G-6, está evaluando posibles acciones judiciales a desarrollar”.
A eso de las 16 llegó Méndez. En su ausencia se había improvisado de urgencia un encuentro más amplio con las entidades del Grupo de los Seis. Es decir, la Bolsa. los bancos de capital nacional, la Rural y las cámaras de Construcción y Comercio. Hasta la semana pasada la posición del G-6 era monolítica en el rechazo a la ley de abastecimiento y se proponía como salida recurrir al amparo judicial. Anoche esa fue la posición dominante y por unanimidad decidieron recurrir a la Justicia para pedir la incostitucionalidad de la ley.
En el G-6 las cámaras de Comercio y Construcción plantearon que eso no significa que se caigan negociaciones. La Rural en la figura de su presidente, Luis Etchevehere, planteó que mantendrá su posición de siempre. “Nosotros no acompañamos la ley desde el principio y no vamos a negociar su reglamentación”, sostuvo. Los empresarios irán ahora en bloque a la Justicia y no parece probable que, al menos en el corto plazo, esa posición vaya a desvanecerse.
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