La diferencia de color político entre la Provincia y la Nación ha llevado en estos cuatro años a que existan acusaciones cruzadas en cuanto a las obras, fondos o subsidios. Una situación que en los 12 años anteriores no se había presentado por el sentido de “pertenencia” de la provincia con la Nación, pero sí se había presentado entre la provincia y el Municipio Capitalino en el último tramo cuando se produjo una fractura política.
Estas situaciones que derivan en acusaciones incluso de bajo nivel, donde se intenta determinar hasta quién hace menos, podrían ser fácilmente corroboradas por cualquier ciudadano, de manera rápida y ágil, contando con la ley de Acceso a la Información Pública.
En momento de campañas electorales estas acusaciones se multiplican, porque cada uno quiere inaugurar cada cosa como propia, de manera urgente, decir “yo puse el dinero para los subsidios” o “no recibimos los fondos, pero lo mismo estamos bien”. Tucumán viene siendo escenario de estas situaciones; escuelas u obras para mejorar las cloacas no son inauguradas y hay dos campanas que escuchamos, pero no podemos acceder a la verdad ¿Quieren inaugurar algo sin tener todo en regla? ¿O no dejan inaugurar algo porque políticamente no es el momento?
Acceder a la verdad nos permitirá como sociedad poder juzgar de manera inmediata a los que accionan mal, a los que por intereses partidarios o personales perjudican nuestra calidad de vida. Poder conocer los costos, cómo fue una licitación, las ofertas y las propuestas que se realizaron nos permitirá determinar con datos relevantes si un puente se cayó por cuestiones ambientales o por una mala contratación, si un túnel se inunda por los mismos motivos o si lo destinado para “diclofenac” en las ambulancias es insuficiente porque las partidas son escasas. También poder saber qué se hizo, o no se hizo, a partir del Plan Belgrano, aquel que permitiría que Tucumán cuente con las obras que no estarán en la tan temida temporada de tormentas.
Desde 2.013 que se vienen realizando pedidos para que, tanto el Acceso a la Información Pública como la Ley de Ética, aquella que permitirá que conozcamos la evaluación patrimonial de los funcionarios, se trate en la Legislatura y pasen a formar parte de nuestras leyes fundamentales, las que nos permitan aproximarnos a la verdad.
Comparando gastos
El decreto 2.791/3 del Poder Ejecutivo Provincial, mediante el programa de “Apoyo a Gobiernos Municipales y Comunales”, destinó recientemente 30 millones de pesos no reintegrables al Municipio de Trancas para la presente edición de la Fiesta del Caballo. Una suma que parece muy alta para una Fiesta de tres días, diez millones por día, pero que quizás tiene su razón de ser. Quizás cada gasto es necesario, pero no podemos conocerlo, porque no está a nuestro alcance.
Comparativamente parece un gasto exagerado, teniendo en cuenta que en abril de este año la Secretaría de Estado de Comunicación Pública anunciaba con bombos y platillos la inversión de seis millones de pesos para la remodelación y equipamiento del Hospital de Trancas. Parece una cifra muy pequeño ante los 30 millones, cinco veces menos. En otras palabras es cinco veces más lo destinado a una fiesta de tres días que a la remodelación de un hospital que brindará beneficios por años. Quizás hay una explicación lógica, pero acceder a cierta información, hoy por hoy, es imposible.
