22 AFIP 2014 El titular de la AFIP, Ricardo Echegaray, quedó desde ayer bajo la lupa judicial por la presunta actuación irregular de su organismo para proteger al empresario patagónico Lázaro Báez ante las facturas truchas que acumuló Austral Construcciones en Bahía Blanca por decenas de millones de pesos. Y quedó bajo esa lupa por partida doble.
La Fiscalía Federal con asiento en Bahía Blanca inició, por su lado, una “investigación preliminar” sobre el proceder de la AFIP ante los tres grupos de empresas de esa ciudad que emitieron esas facturas irregulares para beneficiar a Báez.
En esa línea, la fiscalía que lidera Alejandro Cantaro le requirió a la Regional Bahía Blanca de la AFIP que le entregara en el plazo de 48 horas sus expedientes internos y toda la documentación con la que cuenta sobre esos tres grupos de empresas.
Entre otros documentos, los investigadores judiciales quieren analizar las “órdenes de intervención” y las actuaciones administrativas que la AFIP debió desarrollar sobre las sociedades anónimas Calvento, Grupo Penta, Terrafaris, Constructora Patagónica Argentina e Iberoamericana de Servicios.
En su conferencia de prensa de anteayer, Echegaray sólo identificó a Calvento como una usina de facturas apócrifas, en tanto que en la página web de la AFIP se incluyó ayer a Iberoamericana como usuaria de facturas irregulares. Pero nada dijo sobre las otras tres firmas, cuyas facturas terminaron en los libros de Austral Construcciones, según verificó LA NACION.
Sin embargo, a esta primera investigación preliminar por la Fiscalía Federal de Bahía Blanca se suma la denuncia por presunto encubrimiento contra Echegaray de los diputados de Pro Patricia Bullrich, Federico Pinedo y Laura Alonso, quienes también reclaman que el titular de la AFIP se presente “urgente” ante el Congreso a dar explicaciones.
Según estimaron los legisladores, “Echegaray realizó movimientos en torno a la Regional [de la AFIP] de Bahía Blanca que generaron el entorpecimiento o la paralización de las investigaciones que sus dependientes llevaban a cabo contra el empresario Lázaro Báez, logrando de esta manera proteger al mismo de los delitos que estuviera cometiendo”.
Bullrich, Pinedo y Alonso también consideraron que el titular de la AFIP “estaría violando la ley de ética pública, ya que habría hecho abuso del cargo que ostenta para proteger a un empresario de estrecha vinculación con el Poder Ejecutivo Nacional y sobre todo con la presidenta de la Nación”.
Los legisladores también repudiaron las declaraciones de Echegaray, quien negó que la Presidenta sea socia de Báez, aunque admitió sus “vinculaciones comerciales”.
“Atento a los conocimientos técnicos y el cargo que ocupa Echegaray, tiene pleno conocimiento de que no puede admitir ni configurarse técnicamente una sociedad entre la Presidenta y el mencionado empresario”, argumentaron los legisladores, “toda vez que el grupo de empresas liderado por Lázaro Báez resulta ser el mayor ejecutor de las obras públicas encomendadas por el Gobierno”.
/fuente: lanacion.com.ar
