desaceleración del consumo y el estancamiento en el nivel de actividadhicieron que se incremente el temor entre los argentinos ante el empeoramientode las perspectivas laborales.
Sectores que fueron puntales del crecimiento, como el de la electrónica y el automotor, desde hace tiempo que vienen en retroceso, lo que se reflejó en suspensiones y despidos.
Pocas empresas están tomando personal. De hecho, según se desprende de los propios datos del INDEC, más del 93% de los empresarios no prevé contratar empleados en 2015. Así, muchas de las compañías optarán por el “goteo”. Es decir que si un dependiente se jubila o renuncia, tomarán uno nuevo sino que se pedirá a otros que se hagan cargo de esas tareas.
En la lista de preocupaciones de gerentes y directores figuran también los reclamos salariales y los futuros aumentos, que deberán otorgar tras las paritarias, aun cuando las ventas, en términos reales, desciendan.
A este compendio de problemáticas que enfrentan las firmas se suma un punto crítico: los crecientes conflictos gremiales y litigios judiciales derivados de regímenes como el detercerización y los posibles cambios normativos pendientes de resolver en el Congreso, entre otras cuestiones.
Más juicios a empresas y más caros
Hace pocos días, obtuvo media sanción un proyecto de ley para que los juicios derivados de ex-empleados se actualicen a una tasa de interés nada menos que del 36% anual.
Este dato no es menor y ha encendido la luz de alerta entre los ejecutivos, dado que representará un fuerte incremento en los costos y en los pasivos contingentes de lascompañías.
El impacto de la normativa cobra más relevancia en un escenario en el que la cantidad de litigios viene creciendo exponencialmente, de acuerdo con un relevamiento de la Cámara del Trabajo.
Las estadísticas justifican ese temor:
• En junio de 2007 había 35.600 juicios esperando sentencia.
• En junio de 2014 esa cifra ya se había elevado hasta los 120.000.
• Según la Unión de Aseguradoras de Riesgos del Trabajo (UART), 2014 concluyó con casi83.000 nuevos juicios.
El presidente de la Central de Entidades Empresarias Nacionales (CEEN), Francisco Dos Reis, fue contundente al afirmar: “En los últimos cinco años hemos visto el avance de una verdadera crisis de juicios injustificables y abusivos contra las pequeñas y medianas empresas, que en muchos casos las llevaron al cierre definitivo”.
“Este problema es tan grave que ha incrementado el temor a contratar personal. Por eso se debe avanzar en una solución de fondo, para evitar que muchos sigan sacando ventajasde la industria del juicio”, destacó.
Empleo en negro
La reducción del empleo no registrado figura entre los desafíos más urgentes del Gobierno.
Desde hace años, la estadística sobre el trabajo en negro navega por encima del 30 por ciento. El INDEC informó que este indicador se ubicó en 33,6% en el tercer trimestre del 2014.
Es decir, más de 4 millones de empleados -sobre un total de 12 millones- carecen de cobertura social y de previsiones jubilatorias.
Si bien hace poco se sancionó una ley para darle a las empresas la oportunidad de blanquearlos, el problema está en la reincidencia. Según el ministro de Trabajo, Carlos Tomada, casi un 60% de las firmas inspeccionadas luego “reinciden en el trabajo no registrado”.
Pablo Mastromarino, socio del estudio Tanoira Cassagne, destacó que uno de los inconvenientes que hace que no los blanqueen es que “no existe un régimen de aportes y contribuciones que se ajuste a la realidad de cada empleador“.
“Ello implica que la presión en materia de cargas sociales hoy sea prácticamente igual para una gran compañía que para un pequeño empleador, ya que las normas que apuntaron a proteger a las pequeñas y medianas empresas no resultaron eficaces”, explicó.
Solapamiento, problema recurrente
Otra de las preocupaciones de los hombres de negocios, de cara a este 2015 tiene que ver con el llamado “solapamiento salarial”.
Las compañías se ven obligadas a reforzar sus políticas de beneficios dirigidas a todos aquellos empleados que no están bajo convenio.
El objetivo es el de evitar una situación de mayor descontento respecto de los dependientes que recibieron fuertes incrementos de sueldos como resultado de las paritarias.
Hoy en día, es frecuente que las empresas se enfrenten a salarios rezagados respecto a la inflación real y al solapamiento salarial entre jefes y subordinados, en la medida en que no les otorguen una compensación adicional a los primeros.
De hecho, según un estudio de HuCap, con datos actualizados a diciembre, casi 8 de cada 10 empresas reconoció el impacto directo de esta problemática.
No obstante, los expertos consultados por iProfesional advirtieron que el otorgamiento de beneficios podría transformarse en un arma de doble filo para las compañías.
Esto es así porque, cada vez con mayor frecuencia, la Justicia considera que los mismos forman parte de la remuneración normal y habitual y, en consecuencia, deben sercontemplados en la liquidación final en casos de despido.
Para evitar disconformidades de los no convencionados, la comisión de Legislación del Trabajo de la Cámara baja -presidida por el legislador Héctor Recalde– emitió dictamen favorable a un proyecto de ley que también genera alarma entre los ejecutivos de negocios.
Estipula que la remuneración mensual de cualquier empleado fuera de convenio deberá sersuperior al menos en un 20% respecto del salario del mejor remunerado de todos losdependientes encuadrados (es decir, en convenio colectivo de la actividad cuyo ingreso se actualiza por paritarias).
¿Se viene un Código laboral?
Por otro lado, Recalde impulsa la redacción de “un anteproyecto de Código del Trabajo” a través de un “debate abierto y federal”, aunque aclaró que esa iniciativa “no tiene inmediatez”.
Dicha comisión, en caso de avalarse su propuesta, funcionará en el seno de la Comisión de Legislación del Trabajo de la Cámara de Diputados de la Nación, y estará integrada por once de sus miembros.
“No presenté un código sino un proyecto para que se cree una subcomisión que analice y debata en todo el país junto con especialistas. La idea es llegar a un anteproyecto que puedaconvertirse en un Código de Trabajo”, explicó.
El presidente de la Cámara Argentina de Comercio (CAC), Carlos de la Vega, coincidió en que esto “agrega un elemento de incertidumbre que en nada beneficia a la creación de empleo” y que “tratar esto en un año electoral va a significar una disputa por ver quién es el legislador más generoso”.
También pidió que no se agreguen nuevos motivos para que continúe prosperando la industria del juicio y del autodespido.
Fuente: IProfesional
