30 ene 2017.- Apenas se reanude la actividad judicial esta semana, el decreto presidencial que reformó La Ley de Riesgos de Trabajo (y el régimen de ART) será puesto en jaque en la Justicia, con altas probabilidades de ser bloqueado por una medida cautelar. El Poder Judicial -en estado de ebullición por el traspaso de competencias del fuero nacional- se alista para una batalla con la Casa Rosada que amenaza con ser el choque de mayor importancia de la agenda 2017. Los planteos de inconstitucionalidad del Decreto N°57/2017 que lleva la firma de Mauricio Macri y de todo su gabinete serán interpuestos ante la Justicia nacional del Trabajo, en pie de guerra con el Ejecutivo por lo que entienden que busca desarticularla. Asociaciones de abogados estarán a la cabeza de los reclamos, cuya última escala será la Corte Suprema de Justicia.
El Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) del Poder Ejecutivo, que dispone específicamente “la actuación de las Comisiones Médicas Jurisdiccionales” como “la instancia administrativa previa, de carácter obligatorio y excluyente” que determinará si un trabajador puede o no iniciar una acción judicial para conseguir una indemnización por enfermedad o incapacidad será tildado de inconstitucional en los tribunales.
El 1 de febrero, apenas finalice la feria de enero se plantearán medidas de no innovar para restarle validez a la decisión de Macri de no esperar a que el proyecto de ley, que cuenta con media sanción en el Senado, pase por Diputados. El régimen que estaba vigente delegaba en la Justicia las decisiones cuando ya estaba consolidada la incapacidad del trabajador, tanto en establecer el monto indemnizatorio como el grado de invalidez del trabajador. El corazón de la objeción será que en el mismo DNU se propician reformas de fondo en la Ley de Riesgos del Trabajo, ya modificada por la Ley 26.773, la Ley de Procedimiento Laboral Nacional y la Ley de Contratos de Trabajo. La polémica está centrada en que se dota a las Comisiones Médicas Jurisdiccionales de atribuciones asimilables a las de un juez, algo que también los magistrados rechazan.
Las demandas serán sembradas en el fuero del Trabajo que (por ahora) integra el sector de la Justicia nacional no traspasado a la órbita de la Ciudad de Buenos Aires, pero que la Casa Rosada busca encorsetar por considerar que sus fallos se inclinan siempre a darle la razón a los demandantes por sobre las empresas, condición que pretenden cambiar para disminuir los costos laborales y fomentar inversiones, acotando la denominada “industria del juicio”. El Gobierno, advertido de la jugada intentará que los reclamos se canalicen a través del fuero Contencioso Administrativo Federal, atento a que se trata de un DNU lo que está en cuestión. En esos tribunales, esperan tener una mayor consideración dado que sus fallos no han sido hasta ahora hostiles a las medidas de gobierno durante el año pasado. Pero esa sintonía también está en crisis entre esos magistrados, que tienen la llave para validar o no disposiciones que emanen del Ejecutivo y el Legislativo. Sin embargo, allí se abrirá otra batalla legal de interpretaciones: el Contencioso admite planteos sobre la actividad administrativa del Estado (el DNU sería una de esas herramientas), pero no intervendría cuando esos actos estén regidos por el derecho laboral, como es el caso de las ART, donde la competencia sería de la Justicia del Trabajo.
Desde la CGT consideraron “inconstitucional” el decreto, pero basados en la ausencia de una Necesidad y Urgencia. El Gobierno pretendió bloquear un incremento de la litigiosidad apenas termine la feria, anticipándose a poner en vigencia la reforma de las ART durante el receso.
Los primeros en alzar la voz fueron los abogados que litigan ante el fuero laboral. El presidente del Colegio Público de Abogados de la Capital Federal, Jorge Rizzo anticipó un planteo de inconstitucionalidad a través de un amparo para voltear el decreto por “discriminatorio”. La agrupación Encuentro de Abogados Independientes (EAI), que lidera Juan Pablo Godoy Vélez seguirá el mismo camino con su propia demanda. Circulan varios “papers” entre abogados donde detallan como perjuicio que no exista control judicial en el procedimiento como exigió la Corte en el precedente “Angel Estrada”; sumado a que vulneraría la imparcialidad dado que las comisiones médicas están solventadas con fondos que provienen del aporte de las propias ART. Desde la óptica empresaria, la reforma tiene también claroscuros: los litigios pueden multiplicarse a nivel territorial en tribunales sin competencias. Por ejemplo, un juez de paz podría entender en un juicio laboral si no hay otro magistrado en la zona del domicilio del trabajador que demande. En tribunales esperan al menos dos amparos colectivos y después la denominada guerra de guerrillas con planteos individuales que multiplicarán los juicios contra el DNU.
Luces de alarma comenzarán a encenderse en el Gobierno dado que todavía no está en agenda la validación administrativa por parte del Congreso del DNU y hasta ahora, no habían percibido la receptividad de los jueces a discutir la validez del decreto presidencial. Ese conflicto junto al del traspaso de la Justicia penal a la órbita porteña- inaugurará la cargada agenda posferia.
Fuente: ámbito.com.ar
