La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) oficializó hoy la derogación del Registro de Abogados y Gestores Administrativos establecido en 2014, mediante la Resolución N° 982/2024, publicada en el Boletín Oficial. Esta medida se enmarca en las políticas de simplificación administrativa impulsadas por la Ley N° 27.742, también conocida como la Ley de Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos, cuyo objetivo es reducir las barreras burocráticas y agilizar los trámites ante los organismos.
El Registro, creado a través de la Resolución N° 479/2014, habilitaba a abogados y procuradores para representar a los beneficiarios actuales y futuros del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA) en sus gestiones ante ANSES. Con la derogación, se busca fomentar una mayor libertad para que los beneficiarios elijan libremente a sus representantes sin estar sujetos a un listado oficial, mejorando así la transparencia y eficiencia del sistema.
Es importante subrayar que esta derogación no afecta de ningún modo la labor de los profesionales en Ciencias Económicas. Los contadores y licenciados en esta área no ejercen la representación previsional de los beneficiarios ante ANSES, según lo establece la Ley N° 17.040, que limita esta tarea a abogados, procuradores y familiares de los jubilables. Por lo tanto, los profesionales en Ciencias Económicas nunca formaron parte del registro que ahora se deroga.
El trabajo de los Contadores Públicos sigue siendo esencial en el ámbito previsional porque desempeñan un papel clave en la provisión de información técnica y en la correcta interpretación de la normativa previsional. Su intervención resulta crucial para realizar cálculos de haberes, auditorías y análisis de la situación previsional, tareas que permiten a los abogados y gestores tomar decisiones informadas para representar a los beneficiarios de manera adecuada. A pesar de no ejercer la representación directa, los Contadores Públicos son un pilar fundamental en el correcto funcionamiento del sistema de seguridad social.
Con la entrada en vigor de esta medida, se espera que los beneficiarios cuenten con mayor flexibilidad para elegir a sus representantes y que se reduzca la carga administrativa, facilitando el acceso a los derechos previsionales en un entorno más ágil y eficiente.
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