17-SEP-2013 Los últimos datos oficiales difundidos ayer por el Indec, que marcaron un nuevo repunte en los niveles de informalidad laboral, terminaron justificando el apuro del Gobierno por imponer el tema en la agenda del diálogo tripartito con empresarios y gremios, para avanzar con medidas más profundas en el combate contra el trabajo no registrado.
El informe oficial indicó que al culminar el segundo trimestre del año los trabajadores sin descuento jubilatorio ni cobertura de seguridad social representaban el 34,5% de los asalariados, exactamente el mismo nivel registrado en igual trimestre de 2012 y a pesar de que durante ese período la economía experimentó un crecimiento cercano al 5%, de acuerdo con el Indec. Sin embargo, si se lo compara con el primer trimestre del año, el empleo informal registró un aumento importante al pasar del 32% (período enero-marzo) al 34,5% del trimestre abril-junio.
Los datos oficiales, además, evidenciaron un significativo estancamiento en los niveles de informalidad desde 2011 en adelante, que en ningún momento lograron perforar la barrera del 32% del total de asalariados y promediaron el 34%. Según la última medición, cerca de 4,4 millones de trabajadores realiza sus labores sin inscripción formal por parte de su empleador, situación que representa un tercio del total de asalariados.
“En esta fase del empleo no hay ninguna tendencia positiva para resolver el tema. Si sumamos desempleo, trabajo en negro y cuentapropismo informal, estamos en el 49% de la población laboral total”, indicó a El Cronista el economista y diputado de Unidad Popular, Claudio Lozano. El especialista sostuvo que a partir de 2011 se produjo un estancamiento en la generación de puestos de trabajo y en el proceso de formalización de trabajadores, situación que -en su opinión- provocó cambios en la composición del mercado laboral con “un aumento del empleo informal y la no registración”.
En el análisis regional, el informe del Indec mostró que la peor calidad del empleo se registra en el norte del país, donde la informalidad alcanza al 43,3% (NOA) y 43% (NEA) de los asalariados, con picos del 46,8% y el 45,9% en las provincias de Corrientes y Tucumán.
Frente a ese panorama y en la apuesta de profundizar el combate contra la informalidad, el ministro de Trabajo, Carlos Tomada, se reunió el jueves pasado con representantes empresarios y sindicales en el marco de la comisión de empleo no registrado creada como parte de diálogo tripartito motorizado por la presidenta Cristina Fernández tras la derrota electoral del kirchnerismo en las PASO. Allí el funcionario propuso ampliar las políticas de fiscalización aumentando la cantidad de inspectores y crear una suerte de “veraz laboral” destinado a registrar a los empleadores que incumplan en la obligación de registrar a su personal.
En tanto, la CGT oficial, que lidera Antonio Caló, reunirá esta semana a sus equipos técnicos para diseñar su propia propuesta para contener la informalidad, un esquema en el que también avanzarán las principales cámaras empresarias. Fuente: El Cronista.
