Las elecciones pasaron y los resultados generaron en Cambiemos el envión suficiente como para que la gobernadora bonaerense María Eugenia Vidal definiera una andanada de proyectos de ley que apuntan a modificar la estructura de gastos y recursos de la provincia.
El Jefe de Gabinete Federico Salvai y el ministro de Hacienda provincial, Hernán Lacunza, enviaron ayer tres leyes a la Legislatura bonaerense que marcará el ritmo legislativo
“Vamos a mandar una cantidad de leyes, que hoy empieza con el envío de la ley de Presupuesto, otra de Reforma Impositiva y otra de Responsabilidad Fiscal”, explicó ayer Salvai en un encuentro con periodistas en las oficinas del Banco Provincia en la Ciudad de Buenos Aires.
Aunque la primera en entrar es la “ley de leyes”, la reforma impositiva es la que más interés despierta.
“La intensión es bajar la presión impositiva y los impuestos distorsivos, por eso modificamos Ingresos Brutos y Sellos. La idea es tener un sendero decreciente en el tiempo, con un plazo de cinco años”, explicó Lacunza, aunque reconoció que el proyecto “sólo contempla el 2018”.
Como lo había adelantado El Cronista, el ministro de Vidal presentó un proyecto en donde se elimina la sobrealicuota a las producciones extraterritoriales y se reduce la presión sobre el sector de Industria, Pymes, Agro, Construcción, Comercio y Venta de carne (carnicerías). Asimismo, se rebajará el Impuesto de Sellos para la registración de los inmuebles, que pasará del actual 3,6% al 2%.
La baja significará un esfuerzo fiscal de $ 14.000 millones, que recuperará parcialmente con un readecuamiento del impuesto inmobiliario.
El revalúo tanto para el inmobiliario rural como para el urbano implicará aumentos de entre 40% y el 75%. “El promedio para el urbano es de 56% mientras que para el rural es de 50%”, explicaron.
“Esta modificación significará una recaudación de alrededor de $ 4000 millones, por lo que el costo fiscal para la provincia de reducir la presión tributaria significará dejar de percibir $ 10.000 millones”.
También fue enviada ayer una ley de Responsabilidad Fiscal, espejo de la que puso en marcha la Nación. La provincia propondrá a los 135 municipios que se comprometan a no incrementar los gastos, mucho menos en los últimos meses de gestión y, entre otros puntos, generar una heterogeneidad territorial impositiva.
“Los que no lo firmen, no serán autorizados a emitir deuda y no van a poder recibir ayuda financiera de la provincia”, señaló el ministro bonaerense.
Además, también ingresó a la Legislatura el Presupuesto para el 2018 en donde, según dijo Lacunza, “el principal mensaje es que por primera vez bajará el déficit y la presión impositiva, a la vez que sube la inversión en obra pública”.
El desagregado señala un alza del gasto de 21,5%, de los $ 520.000 millones de 2017 a los $ 630.000 millones para 2018.
Asimismo, estiman un déficit de $ 30.900 millones y pedir autorización a los legisladores para endeudarse un 11,5% más que la deuda tomada para esta año, pasando de los $ 52.000 millones de 2017 a $ 58.890 millones.
“La deuda este año será del 7% del PB, y para el año que viene será de 7,5%. Las alertas sobre un posible sobre endeudamiento son bienvenidas, pero estamos en un nivel aceptable”, explicó Lacunza.
En los ítems de desarrollo social, infraestructura y salud, incrementará los fondos 33%, 22% y 19% respectivamente.
