11 agos 2016.- La actualización de las normas sobre prevención de lavado de activos y financiamiento del terrorismo “sigue una tendencia global” y en el caso argentino prevé controles segmentados por sectores, que “no entorpezcan el normal desarrollo de la economía”, anticiparon hoy funcionarios de la Unidad de Información Financiera (UIF, del Ministerio de Hacienda y Finanzas).
“Queremos un buen blindaje en el sector financiero, para que no se vuelquen activos provenientes de delitos y se transformen en dinero sano”, dijo el director del Régimen Administrativo Sancionador del organismo, Agustín Pesce, durante una jornada en la Bolsa de Cereales.
María Celeste Plee, directora de Supervisión de la UIF, adelantó a su vez que “las nuevas inspecciones buscarán entender el negocio, cómo opera, para que el sujeto obligado de informar conozca a su cliente y sepa cuál es el origen de los fondos que maneja”.
Durante la actividad, organizada por el Centro de Corredores y Agentes de la Bolsa de Cereales, Pesce resaltó que el sistema de prevención apunta a “un sistema económico y financiero íntegro, sin capitales sucios derivados del narcotráfico, la evasión fiscal, la trata o la corrupción”.
El funcionario defendió el reciente traspaso de la UIF desde la órbita del Ministerio de Justicia a Hacienda y Finanzas, “como ocurre en Estados Unidos -donde el organismo afín actúa en el ámbito del Departamento del Tesoro- y en otros países desarrollados, para lograr un sistema sólido y genuino de capitales”.
Pesce destacó además que la unidad antilavado procura obtener “información de calidad de parte de los sujetos obligados, no reportes defensivos, para garantizar el correcto flujo de información en tiempo y forma, hacer el análisis y generar el caso judicial, si corresponde”.
Plee, por su parte, justificó la diferenciación normativa por sectores, porque “hasta ahora se utilizaba la misma lógica y metodología para el conjunto, lo cual configura un error técnico”.
Prometió luego una “simplificación normativa”, ya que “se piden manuales, procedimientos, auditorías internas y sistemas de monitoreo que para muchas empresas son de imposible cumplimiento”.
Según Plee, a partir de 2011, cuando el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) puso al país en la “lista gris”, por no cumplir 44 de 45 puntos requeridos, se dictaron múltiples normas y se vigiló su estricto cumplimiento.
No obstante, aclaró la funcionaria, “no vamos a aplicar multas si el marco normativo no es correcto”; en cambio, la UIF se focalizará en “incumplimientos graves”.
Pesce acotó que la lógica actual del organismo es el de las multas, sin contemplar apercibimientos, sanciones que contemplen reincidencias u operaciones de distinto volumen.
Los funcionarios de la UIF prometieron además una modernización de procesos, para superar el “sesgo antifederal” del sistema de prevención, mediante notificaciones on line y videoconferencias.
Del mismo modo, dijeron, “se buscará evitar la duplicación de documentos y agilizarán procedimientos administrativos, para que no sean un calvario en el cual un sumario queda abierto durante 3 o 4 años y causa un daño reputacional a la empresa sospechada”.
Pesce y Plee destacaron por último que la unidad antilavado implementará el “enfoque basado en riesgos”, mediante procesos de “autoevaluación que cumplan cuatro parámetros: riesgos por producto o servicio; canales de distribución; región geográfica (fronteras); y clientes.
Se demandará asimismo a los operadores la asignación de recursos para gestionar los riesgos y la definición de políticas para prevenir el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo.
Fuente: / ambito.com.ar
