26 NOV 2014 El gobernador de Córdoba, José Manuel De la Sota, pidió a la Corte Suprema de Justicia que decrete la inconstitucionalidad del mecanismo mediante el cual la Casa Rosada “exige el desistimiento de los juicios iniciados contra el Estado Nacional en el marco del Programa de desendeudamiento de las Provincias Argentinas”.
El gobernador justicialista, cuya provincia tiene pendiente un reclamo por devolución de impuestos, se presentó personalmente este mediodía ante la Corte, donde denunció un “trato discriminatorio” en el sistema de renegociación de deudas para con la Nación.
De la Sota, precandidato presidencial enfrentado a la Casa Rosada, reclamó que se anule una cláusula”mediante la cual se exige acordar el desistimiento de los juicios iniciados en contra del Estado Nacional” como llave para abrir el acceso a las políticas de desendeudamiento de las comprometidas economías provinciales.
El Gobierno cordobés denunció que “se violan en forma arbitraria e ilegal los preceptos constitucionales y que se la trata discriminatoriamente respecto de las otras provincias al obligarla a desistir de acciones judiciales contra el Estado Nacional”.
Córdoba “no sólo no formó parte de la distribución de Aportes del Tesoro Nacional (ATN) realizada al 31 de diciembre de 2013, sino que automáticamente se afectó la Coparticipación Federal de Impuestos que le corresponde al pago de la deuda que mantiene con la Nación”, sostuvo la presentación.
Es por eso que reclamó el dictado de una “medida cautelar” que ordene la suspensión de las retenciones que se le vienen efectuando a Córdoba en materia de coparticipación durante el lapso de un año.
Según explicó el gobernador, el Estado Nacional “tiene una deuda de 9.935.000.000 de pesos” con la provincia de Córdoba: “Pedimos que nos paguen lo que nos deben, confiamos en la Justicia”, apuntó.
Córdoba tiene una resolución aún pendiente en la Corte Suprema por reclamos en concepto de devolución de impuesto desde 2011, por el que reclama unos mil millones de pesos y que el Gobierno nacional desconoce por no haberse respetado puntos clave del convenio Provincia-Nación referidos a la Caja de Jubilaciones.
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