La Justicia en Tucumán estuvo en los últimos días en tela de juicio por nombramientos, decisiones cuestionables y por estar lejos de la celeridad y transparencia que la sociedad demanda. Más allá de los pedidos de luchar contra la inseguridad, institucionalmente existen muchos cuestionamientos acerca de si las decisiones que se están tomando no atentan contra los procedimientos necesarios para que la calidad que nos merecemos sea la óptima.
El nombramiento de la nueva integrante de la Corte Suprema de Justicia de Tucumán, Eleonora Rodríguez Campos, mereció cuestionamientos desde la oposición al argumentar que existen compromisos políticos con el Poder Ejecutivo actual.
Sin embargo, además de la trascendencia que tuvo esta determinación, existe actualmente otro problema planteado con los nombramientos que atenta contra la calidad profesional, que tiene que ver con los procedimientos administrativos en lo referente a la figura del “Auxiliar Fiscal” y “Auxiliar defensor” y de la gran importancia del acceso a los cargos judiciales a partir de la igualdad de oportunidades y de la idoneidad. La figura creada a instancias del oficialismo mediante la sanción de la Ley 9.172, permite al ministro público fiscal Edmundo Jiménez designar en forma discrecional y sin publicidad a funcionarios que pueden cumplir todos los actos de los fiscales mediante la respectiva delegación de funciones.
Desde la Federación de Entidades Profesionales Universitarias de Tucumán (FEPUT) se proclamaron al respecto, en concordancia con el Colegio de Abogados de Tucumán, al entender que “resulta imperativo el respeto de las normas y de los principios constitucionales, algo que está avasallado en los nombramientos discrecionales que se presentan en estos casos”.
La jurisprudencia refleja sin dudas que los antecedentes avalan la postura de contar con una justicia imparcial y sin dependencias, algo contradictorio al realizarse el nombramiento de “sustitutos” de fiscales sin concurso, dejando incluso de lado el cotejo público de antecedentes y de oposición.
Como entidad que nuclea a profesionales no podemos dejar pasar por alto estas determinaciones, que abren la puerta a que suceda lo mismo dentro de cualquier profesión, teniendo en cuenta que desde nuestro Colegio aportamos a la Justicia de la provincia con el sorteo de Peritos y Síndicos y que siempre se han generado con la mayor transparencia. Las oportunidades deben estar enfocadas en lograr que quienes accedan a cargos públicos lo hagan cumpliendo los procedimientos, que deben ser publicitados y con concurso de antecedentes.