La obligatoriedad del uso de esta forma de pago genera dudas en su implementación
Los costos que se le presentan al contribuyente tanto fijos como móviles.
Todos los sectores: consumidores, comerciantes y del gobierno, coinciden en que la presión tributaria es alta. Desde la Nación se pide a las provincias disminuir la presión en las alícuotas de ingresos brutos, con poco éxito en el caso de la nuestra.
Sin embargo, algunas medidas generan consenso a la hora de marcar que solo sirven, en un momento delicado de la economía y de la inflación, para ir en contra de lo que se pretende a la hora de aliviar al trabajador, al pequeño empresario y al profesional.
La decisión de reglamentar la obligatoriedad del cobro con tarjeta de débito ha generado unanimidad en el rechazo en el sector profesional y a la misma vez incertidumbre en cuanto a los alcances, las multas y el traslado a los precios.
El profesional no es un prestador de consumo masivo
“Cuando salió la norma (ley 27.253) hablé con autoridades de la AFIP y les dije que no era para todos. Luego, sacaron la circular del 28 de abril de 2017 y se aclaró que se trata de la venta de productos y servicios a consumidores finales. El servicio de los profesionales en Ciencias Económicas no es un servicio a un consumidor final. No es un negocio en el que se vende algo y el que lo compra lo consume. No son servicios de carácter masivo, es un servicio personal”, aseguró Armando Lorenzo, Vicepresidente del Consejo Profesional de Ciencias Económicas de CABA.
