17 Jun 2015.-Es una de las paradojas de la Argentina. Las grandes ciudades sufren un grave déficit habitacional y en el interior muchos huyen de pueblos y campos, donde sobran las viviendas, y en busca de una vida mejor se instalan…en las grandes ciudades.
Una investigación de la Fundación de Investigaciones Económicas Latinoamericanas (FIEL) basada en cifras del Indec señala que en 1991 vivían en zonas rurales algo más de 4 millones de personas, cifra que cayó a 3,5 millones en 2010 a pesar de que aumentó la población (más de 7 millones) durante ese período. Lo increíble es que este fenómeno se dio en pleno boom de la soja.
“Las decisiones de migración no se toman todos los días y generalmente responden a la necesidad de búsqueda de mejores horizontes”, dice Ezequiel De Freijo, analista del Instituto de Estudios Económicos de la Sociedad Rural Argentina (SRA).
La falta de infraestructura que lleva al aislamiento, el déficit en servicios y, sobre todo, la escasez de trabajo de buena calidad van despoblando el campo. Según la Fundación Agropecuaria para el Desarrollo de Argentina (FADA), entre 2010 y 2013 se perdieron 300.000 puestos de trabajo en las cadenas agroindustriales de todo el país.
“Ninguno de mis dos hijos se quedó en el campo”, cuenta José López, encargado de un establecimiento de 1200 hectáreas en la provincia de Buenos Aires. Nacido y criado en la llanura pampeana, creció entre grandes extensiones sembradas y el quehacer de actividades ligadas con la cría de animales. Es de los pocos que, junto con su mujer, le escapa a la ciudad. Prefiere un horizonte sin cemento.
Pero, según López, quedan pocos como él. Le cuesta conseguir alguna ayuda porque “los jóvenes ya no quieren trabajar en el campo”. Como sus propios hijos, se van de los caminos de tierra, la falta de luz y gas, y de las tareas propias de las economías regionales.
De los dos varones, uno es cuentapropista y el otro “enganchó un trabajito en la municipalidad”, algo muy común en los pueblos del interior, cuyas administraciones son grandes empleadoras, lo que las deja prácticamente sin recursos para invertir en la mejora de la infraestructura y el desarrollo de las poblaciones más pequeñas.
En el país hay 3,6 millones de personas que trabajan en el sector público, según Juan Luis Bour, economista de FIEL. Desde 2008 el empleo sólo creció en el Estado. Apenas un tercio de la población económicamente activa (PEA) tiene un trabajo en el sector privado formal.
Una de las consecuencias visibles de la falta de empleo privado en el campo es, según Leandro Vesto, director de la ONG Proyecto Pulpería, que en la provincia de Buenos Aires hay 100 pueblos que están en peligro de desaparecer. En todos hay casas abandonadas. La ONG intenta atraer familias a pueblos casi despoblados para que vivan en casas en comodato (sin pagar alquiler, previo arreglo con sus dueños, con una opción a compra más adelante). “Las casas abandonadas traen una atmósfera muy negativa para los pueblos. Por eso los incentivamos para que ejerzan algún oficio: plomería, peluquería… Tienen la casa sin costo y en algunos municipios no pagan impuestos. Para que el pueblo no muera, les pedimos que lo que ganan lo gasten en el lugar.”
Vesto dice que además del esfuerzo personal de los pobladores, es necesario que los municipios hagan su aporte para mejorar la calidad de vida de los habitantes. “Hay pueblos que no tienen luz, casas que se tienen que calefaccionar con leña, que es escasa, caminos de tierra en muy mal estado que aíslan a los pobladores, falta de servicios básicos, poco acceso a la salud y a la educación…La vida en los pueblos es muy dura”, dice. Por ejemplo, los caminos de tierra dificultan la llegada los maestros a las escuelas.
Según un informe de CREA, la red de caminos tiene 622.527 kilómetros, pero sólo el 10,6% está pavimentado. Además, las rutas nacionales y provinciales sufrieron un fuerte deterioro en los últimos años por falta de mantenimiento. “La red pavimentada creció mucho desde 1920 hasta 1980, pero el ritmo de avance cayó drásticamente en las últimas tres décadas”, dice el informe.
Estos caminos de tierra intransitables ahuyentaron fábricas que se mudaron a la ciudad, dejando a la deriva a pueblos enteros. Es el caso de Cadret, en el sudoeste de la provincia de Buenos Aires, que dejó de respirar cuando la fábrica de quesos Santa Rosa se mudó en 2007 porque los 30 kilómetros de tierra hasta llegar al asfalto era una traba muy grande para sacar la mercadería.
También los constantes cortes de luz y la falta de señal en la telefonía celular funcionan como grandes desmotivadores para vivir en el campo. El resultado: en las ciudades, hacinamiento; en pueblos y campos, casas deshabitadas. En la Argentina, más del 90% vive en centros urbanos.
Para que mejore esta situación, es clave distribuir de manera diferente el presupuesto. “Tiene que aumentar el empleo formal privado. De esa forma los municipios se liberarán de la carga de emplear a tanta gente.
LA VIDA URBANA, NO TANTO MEJOR
La vida en el campo puede ser dura, pero la ciudad puede ser cruel. Un cuarto de la población del país, alrededor de 10 millones de personas, vive en los partidos que rodean a la ciudad de Buenos Aires, según estimaciones de Jorge Vasconcelos, economista de Ieral. La Capital Federal está estancada en 3 millones de habitantes. “Es el conurbano bonaerense el que no deja de crecer”, dice Vasconcelos. “Esta situación provoca problemas muy serios en materia social y de calidad de vida, y es un caldo de cultivo para la delincuencia y las drogas.”
La directora de la maestría en Estudios Urbanos de la Universidad Nacional de General Sarmiento, la antropóloga María Cristina Cravino, sostiene que durante la década que mide el último censo (2001-2010) el promedio nacional de la población creció 10,6%, mientras que en la región metropolitana llegó a 12,5%. “Aumentó más que en el resto del país, y sobre todo en los municipios del segundo cordón”, dice.
No siempre fue así. Entre 1991 y 2001, el área metropolitana había aumentado sólo 6,2%, según datos de la investigadora.
El Gran Buenos Aires, con un crecimiento de un millón y medio de habitantes cada diez años, tiene un déficit de por lo menos 300.000 viviendas, de las cuales se necesitan aproximadamente 100.000 nuevas, estima el arquitecto Alfredo Garay, profesor de Planificación Urbana en la UBA y subsecretario de Urbanismo y Vivienda de la provincia de Buenos Aires entre 2005 y 2008.
“En la ciudad de Buenos Aires se calcula que debe haber otras 300.000 personas en situación de vivienda precaria, la mitad aproximadamente viviendo en villas y la otra, en inquilinatos, conventillos y casas tomadas”, agrega.
A nivel nacional, el Indec refleja que hay 8,1 millones de personas en viviendas precarias y 2,8 millones en estado de hacinamiento crítico (más de tres personas por cuarto).
El economista Víctor Beker, ex director de Estadísticas Económicas del Indec y director del Centro de Estudios de la Nueva Economía de la Universidad de Belgrano, sostiene que la cifra es mucho mayor. Habla de 11 millones con déficit habitacional, porque normalmente los hogares más precarios suelen albergar a un más personas que el promedio.
En “el otro” país, pueblos con viviendas cerradas, tapiadas; campos con casas abandonadas que aún conservan sus alambrados donde alguna vez hubo una huerta, un gallinero, un horno para pan.
MÁS TRABAJO EN EL INTERIOR
Los datos oficiales indican que hay 350.000 puestos de trabajo directos en el sector agropecuario, más 700.000 en la agroindustria y 320.000 en la informalidad. Suman un millón de trabajadores. Sin embargo, según FADA las cadenas agroalimentarias generan realmente mucho más: 2,7 millones de puestos de trabajo directos e indirectos en 2013.
“La diferencia entre los dos valores se explica por el empleo directo e indirecto que hay en comercialización, transporte y exportación, además del empleo golondrina”, afirma la entidad.
La Agenda del Campo, un informe reciente elaborado por la SRA, tiene un diagnóstico por cada uno de los sectores productivos. Detalla el potencial para generar más empleo que tiene el sector agropecuario de acá a 2020: 700.000 puestos de trabajo directos y 400.000 indirectos.
En materia de sectores, están los granos y oleaginosas, las cadenas cárnicas, la producción de bioetanol y biodiésel, las economías regionales y la producción de maquinaria.
Por otro lado, la cría de animales es lo que mantiene a la gente trabajando in situ. Sólo con la cría bovina, si hoy existen 206.000 puestos de trabajo, según Ieral, con políticas de incentivo podría llegar a 40.000 más en 2020.
Durante los últimos años se transitó el camino inverso. Con una reducción de 10 millones de cabezas de ganado desde 2009, hubo una destrucción de empleo de alrededor de 22.000 puestos de trabajo para una actividad que suele transmitirse de generación en generación y que todavía no presenta las condiciones como para atraer a nuevos trabajadores.
En el agro sucede lo mismo. “La Argentina debería estar cosechando más de 150 millones de toneladas de granos en vez de las 100 millones actuales. Brasil logró incrementar su producción; la Argentina, no”, dice Vasconcelos. “Si hubiéramos replicado las políticas de Brasil para incrementar su producción agroindustrial, tendríamos 50 millones de toneladas más, lo que significa 450.000 empleos genuinos”, agrega el economista.
Una investigación de Ieral revela que por cada 10 millones de toneladas adicionales cosechadas se podrían crear 40.000 de puestos de trabajo directos y 90.000 si se incluyen también los indirectos.
“Si consideramos a la familia asociada a cada puesto de trabajo, se llega a la cifra de 225.000 personas que se benefician cada 10 millones más de toneladas cosechadas”, dice Vasconcelos. Las economías regionales, hoy en emergencia, deberían resurgir con las políticas adecuadas.
Entre las razones del éxodo de empleadores, según Vasconcelos hay un “aumento desmedido de la presión tributaria a las actividades del agro, que se volcaron a subsidios el transporte y la energía y que beneficiaron, sobre todo, a los habitantes de la Capital y el Gran Buenos Aires”.
La migración se produce desde las provincias del Norte hacia el Sur, es decir, hacia Buenos Aires y las provincias con alto nivel de subsidios. “Las políticas económicas hacen que en el norte del país haya menos posibilidades de trabajar porque es muy costoso producir, hay muy pocos empresas nuevas y poco empleo. No se puede poblar el país sin perspectivas de crecimiento. Hay que ordenar la economía y favorecer las condiciones para que la actividad pueda funcionar de manera genuina, sin subsidios”, explica Bour.
Algunas propuestas de FADA son: una política monetaria controlada con un Banco Central independiente, un plan antiinflacionario, tipo de cambio único y competitivo, equilibrio fiscal, promoción del federalismo, recuperar la reputación internacional y tener como objetivo la creación de empleo privado formal. También, eliminar políticas intervencionistas distorsivas. Es decir, “sacarle el pie de encima al campo”, una frase repetida por economistas y productores agropecuarios.
“Se necesitan leyes que permitan beneficios especiales para activar regiones complejas a nivel laboral por la escasa oferta de trabajo”, propone Ricardo Foglia, director del Departamento de Derecho del Trabajo de la Universidad Austral.
“Hay una concentración de trabajadores en las grandes ciudades, en particular la Capital y el conurbano. Mientras, las economías regionales tienen enormes diferencias de rendimientos entre sí y respecto de los centros industriales. Esta situación hace inconveniente la existencia de una legislación laboral uniforme para todo el país, ya que no se compadece con las asimetrías y diversidades existentes y genera mayores desigualdades al tratar en igual forma a situaciones, clara y decididamente, diferentes.”
“La generación de empleo en el interior del país está muy ligada a las condiciones de seguridad jurídica que cada provincia otorgue para la inversión, al mismo tiempo que pesa mucho el manejo económico de esas inversiones”, dice De Freijo.
Para impulsar el desarrollo del interior y evitar el éxodo, el analista de la SRA aconseja que los presupuestos públicos nacional y provinciales apunten verdaderamente a acortar la brecha que existe en materia de infraestructura, educación, salud.
Y también que los ajustes de salarios en los convenios colectivos de trabajo a nivel nacional se hagan sobre la base de la productividad de cada actividad. “A partir de la utilización generalizada de los convenios colectivos de trabajo nacionales, se han alejado de los parámetros de productividad que cada sector o actividad económica puede retribuir”, dice Feijo.
Estimular las economías regionales es la recomendación de los especialistas a nivel estructural. “Sólo para dar un ejemplo, si se favorece la actividad agrícola va a haber un proceso natural de vuelta al campo”, opina Bour.
“Si el campo no ofrece trabajo como para subsanar el crecimiento demográfico de la población, debería haber una industria que genere actividad o servicios. Pero eso hoy está en las ciudades. Éste es el desafío estructural que históricamente tiene el Estado argentino”, sostiene Garay/ lanacion.com.ar
El campo se vacía y huye a ciudades hacinadas
