En octubre de 2018, en una de las notas publicadas por nuestro Colegio en el diario La Gaceta, hacíamos referencia al nepotismo presente en la actividad pública en nuestra provincia y en cómo se atentaba contra los méritos. Hoy, casi dos años después, nuevamente el tema cobra fuerza en Tucumán ante las críticas por la designación de familiares en altos cargos de la Justicia tucumana.
A las presentaciones iniciales, del Colegio de Abogados y del Gremio Judicial, se sumaron en las últimas horas las declaraciones provenientes desde la Sociedad Rural de Tucumán. No podemos estar más de acuerdo en la necesidad de que las designaciones y ascensos, en un lugar tan importante y delicado como lo es la Justicia, lleguen por concurso para brindar transparencia e idoneidad en nuestro sistema judicial.
De acuerdo a una publicación del diario La Gaceta de este 22 de agosto: “La mayoría de los integrantes de la Corte tienen hijos que trabajan en esa esfera en virtud de decisiones discrecionales”. Solo una sociedad preocupada por la situación sanitaria o por los casos de inseguridad puede pasar por alto esta afirmación y no generarle la preocupación que realmente merece, porque se trataría de una “injusticia” justamente donde se la debe impartir. Pero no es de extrañar, ya que en nuestra provincia tiene malos antecedentes en cuanto a reclamar acerca de nombramientos en la Justicia, como lo refleja la publicación de nuestro Colegio en La Gaceta en Septiembre de 2019, cuando se oficializaba el nombramiento de una vocal de la Corte Suprema de Justicia emparentada con un funcionario de peso en el Ejecutivo. Sin embargo, además de la trascendencia que tuvo esta determinación, otra polémica se generó con los nombramientos que atentan contra la calidad profesional, que tiene que ver con los procedimientos administrativos en lo referente a la figura del “Auxiliar Fiscal” y “Auxiliar defensor”. La figura creada a instancias del oficialismo mediante la sanción de la Ley 9.172, permite al ministro público fiscal designar en forma discrecional y sin publicidad a funcionarios que pueden cumplir todos los actos de los fiscales mediante la respectiva delegación de funciones.
Nuestro Colegio viene reclamando ya desde hace mucho tiempo la necesidad de contar con una Ley de Acceso a la Información Pública, para conocer los nombramientos y gastos que se presentan en la provincia. Así podríamos conocer la cantidad y costos de asesores legislativos o las contrataciones del Estado. Porque no acaba en nombramientos, sino también se traslada a los beneficios. “Hoy, empresas ligadas a familiares de funcionarios prestan servicios a oficinas públicas o son beneficiadas con pautas publicitarias“, como lo mencionábamos en la nota de octubre de 2018.
Los casos de nepotismo pueden ser solo la punta del iceberg de decisiones que representan situaciones poco transparentes, pero sería un buen comienzo poder cambiar esto para garantizar a los ciudadanos una mejor Justicia y un Estado más eficiente. Porque, cómo cerrábamos aquella nota, hablando de los nombramientos y el nepotismo: “Podemos irnos a la semana pasada, al año anterior o a comienzos de siglo y siempre estará allí presente, atacando los méritos y llenándonos de dudas”.
Notas publicadas en los últimos años por el CGCET acerca de este tema:
Ley de Acceso a la Información Pública: El cuento de la buena pipa
