08 SEP 2014 El Estado nacional fue condenado a pagar unos 43 millones de dólares en concepto de indeminización a inversores nacionales y extranjeros por la estatización de la empresa Obras Sanitarias Mendoza (OSM) en 2010. La condena fue decidida por Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones (CIADI), el tribunal de justicia del Banco Mundial, tras un extenso litigio entre los inversores que controlaban la concesión y la provincia.
El Tribunal arbitral resolvió “condenar a la República Argentina por un monto de u$s 39.990.111 a favor de Saur International”, además de las costas (unos u$s 686.500) y gastos de defensa de la demandante (casi 1,5 millón de euros).
La condena es en carácter de compensación por daños generados a través de la “violación de dos estándares del Acuerdo para la Promoción y Protección Recíproca de las Inversiones entre Argentina y Francia (APPRI)”, dice el fallo.
Además, agrega que la expropiación de la inversión estuvo marcada por un “trato injusto e inequitativo hacia las inversiones de Saur”, aunque descartó el tercer argumento de los litigantes, que consistía en la violación de la “protección y seguridad”.
Ante la perspectiva de sentencia desfavorable, la Procuraduría del Tesoro de la Nación apeló el monto a pagar, que equivale a desembolsar casi un tercio de la demanda inicial presentada en septiembre de 2004, igual a unos u$s 144 millones. Pero el Tribunal consideró una “expropiación directa” de una inversión equivalente al 32,08% del capital social de la empresa, más dividendos y derechos como operador, además de la participación accionaria de Saur en la empresa, equivalente a unos u$s 20,6 millones.
En el resumen de la sentencia, los jueces consideran que conceder u$s 39,99 millones “es una cifra a todas luces razonable, teniendo en cuenta que es algo más de la mitad de lo que invirtió 15 años atrás”.
Por ello, el tribunal del Banco Mundial condenó a la República Argentina a pagar en total u$s 40.676.611 y 1.486.975,13 euros entre capital, intereses y costas, ajustable al 6% anual informó el diario Los Andes.
El 27 de septiembre de 2010, el entonces gobernador Celso Jaque rescindió el contrato a la empresa y la Legislatura aprobó la creación de Aysam Sapem (Sociedad Anónima con Participación Estatal Mayoritaria), lo que avivó un juicio en el CIADI que ambas partes arrastraban desde 2003.
La sentencia recae sobre el Estado nacional porque es el país el asociado al Banco Mundial y por ende oficia de agente jurídico que debe responder ante un litigio que afecte a alguna de las provincias argentinas.
/fuente: ámbito.com
