24 OCT 2014 Nosotros queremos pagarle a los proveedores, pero como el Gobierno no tiene dólares, no nos deja hacerlo”, se lamentaba por estos días el dueño de una empresa de productos electrónicos radicada en Tierra del Fuego, que mantiene una deuda millonaria con sus abastecedores chinos. Y remataba con sorna, parafraseando a la presidenta, Cristina Fernández de Kirchner: “Pero impedir que alguien pague no es default”.
Entre risas que dejan entrever preocupación, la idea de un default entre privados ya comienza a cobrar fuerza entre los empresarios locales. Es que el Estado nacional no es el único que enfrenta una cesación de pagos desde que, en julio pasado, el juez neoyorquino Thomas Griesa fallara a favor de los fondos buitre.
Ante la acuciante escasez de divisas estadounidenses en la economía doméstica, cada vez son más las compañías que se ven imposibilitadas de pagar sus deudas en dólares en el exterior debido a las restricciónes cambiarias que impone el Banco Central de la República Argentina (BCRA).
Lo cierto es que, tanto en la disputa del Gobierno con los holdouts, como en los compromisos de los empresarios con sus proveedores extranjeros, aparece un tercero que interfiere en la capacidad de pago de los deudores. “Paradójicamente, el panorama para los empresarios es bastante parecido al escenario del cual se queja el oficialismo en relación con los fondos buitres”, sostiene Marcelo Elizondo, director de la consultora DNI y ex titular de la Fundación ExportAr. Y agrega: “El Gobierno dice que quiere pagar y Griesa no lo deja y acá es similar: los importadores dicen que quieren pagar y el Gobierno no los deja”.
En la Argentina el comercio exterior implica necesariamente operaciones cambiarias, ya que las regulaciones vigentes establecen que las empresas no pueden girar dólares al exterior sin pasar por el filtro del Central. Es decir que el pago de un insumo extranjero se hace con pesos del importador.
Con este marco, y ante un escenario de reservas menguantes y falta de acceso al financiamiento internacional como el que enfrenta el Gobierno, la entidad que hoy preside Alejandro Vanoli decidió estrechar el torniquete para acceder al dólar. Y los principales perjudicados parecen ser los importadores, coinciden los expertos consultados por El Cronista 3Días.
Por estos días, distintas estimaciones privadas en base a cifras de las cámaras importadoras reflejaron que la deuda del Gobierno con los importadores ronda los u$s 5.000 millones. Sin embargo, no son pocos los operadores del mercado que aseguran que la cifra es aún mayor, pero que algunos empresarios no lo hacen público para evitarse posibles represalias.
Al respecto, desde la Cámara de Importadores de la República Argentina (CIRA), argumentan que las consecuencias de la multimillonaria deuda ya se reflejan en las góndolas, donde son cada vez más frecuentes los faltantes debido a la imposibilidad de importar insumos para elaborar los productos.
“De 100 modelos de celulares, hoy se consiguen sólo 60. De 18 modelos de computadoras, hoy se venden sólo 12. Y asi sucesivamente con otros productos electrónicos”, ejemplifica Miguel Ponce, gerente general de la cámara que nuclea a los empresarios importadores. Y agrega: “Hay una contradicción enorme en el relato: por un lado, el Gobierno lanza planes de cuotas y pide que la gente compre motos, bicicletas y productos de línea blanca, pero, por otro lado, demora la importación de los insumos para la fabricación de esos mismos productos”.
El rango de empresas con problemas para importar abarca prácticamente todo el sector industrial, aunque las automotrices y los fabricantes de electrodomésticos son los más perjudicados por el nuevo cepo, señala Fausto Spotorno, director de Research en Orlando Ferreres y Asociados.
“La mitad de la deuda del Gobierno con los importadores corresponde a la industria automotriz, un 25% a las armadurías de productos electrónicos en Tierra del Fuego y el resto está diluido en distintos rubros”, precisa Ponce. Y agrega: “Arriba del 90% de lo que entra en importaciones va a parar a la industria. La falta de insumos está castigando a la producción, el nivel de actividad y al empleo. Lo que está ocurriendo ya es muy delicado en términos de mano de obra, en especial para las Pymes”.
Al respecto, esta semana el titular de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME), Osvaldo Cornide, mantuvo una reunión con Vanoli y entre los reclamos de la cámara, resaltó la necesidad de “establecer prioridad central para autorizar el acceso a divisas para importaciones a las Pymes que tengan bajos niveles de importaciones en su proceso productivo”.
No tan distintos
En los tiempos de Guillermo Moreno al frente de la Secretaría de Comercio, las empresas tenían que pedirle permiso al Gobierno para importar por medio de las Declaraciones Juradas Anticipadas de Importación, las célebres DJAI, que el actual agregado económico de la Embajada argentina en Italia solía manejar a piacere.
Según se lamentan los empresarios, justo ahora que el kafkiano trámite de la Secretaría de Comercio se estaba comenzando a completar con relativa fluidez, nuevos obstáculos surgen desde el despacho del flamante presidente del Banco Central.
Así las cosas, el poder que antes ostentaba Moreno hoy recae en manos de Vanoli. Los importadores denuncian que, desde hace algo más de un mes -incluso durante la gestión de Fávrega-, se rompió lo que parecía ser un acuerdo y el BCRA empezó a jugar un rol protagónico en el comercio exterior. “Ahora el Gobierno actúa con un criterio de caja. Si por alguna razón no alcanzan los dólares ese día, no liberan divisas para importar”, critican desde el sector automotriz.
Para el ex titular de la Fundación ExportAr, en la recta final de su Gobierno, el kirchnerismo tiene un problema de stock y un problema de flujo. Así lo explica: “Por un lado, el nivel de reservas es muy bajo, ya que en términos prácticos son mucho menos que u$s 27.000 millones. Y por otro, es una realidad que casi no están entrando dólares: las exportaciones están cayendo un 10% con respecto al año pasado, no hay inversión extranjera y no hay acceso al financiamiento externo”.
Ante este panorama, conciden los especialistas, el Gobierno se enfrenta a dos alternativas: conceder los dólares a los importadores para no afectar el nivel de actividad pero poner en peligro el delicado equilibrio cambiario. O bien, sentarse sobre las arcas del BCRA, calmar el nerviosismo por el dólar y profundizar la caía de los indicadores industriales.
La elección del Gobierno es evidente: pese a las recientes declaraciones de Vanoli -“las reservas están para usarse”, dijo en una entrevista a Página 12-, lo cierto es que, prácticamente agotadas las fuentes de ingresos genuinos de divisas, la orden de la Casa Rosada es mantener el nivel de reservas al menos hasta principios del año próximo, cuando se espera que se retomen las negociaciones con los fondos buitres.
Contrarreloj
La renovada restricción cambiaria no es el único obstáculo que deben superar los ejecutivos para evitar caer en un default entre privados. La semana pasada, el Central emitió una resolución que limita aún más la salida de divisas a través del mercado formal. En línea con el perfil regulatorio de Vanoli, se redujo de 365 a 120 días el plazo para acreditar el ingreso aduanero de una importación, luego de haber adelantado su pago.
“Con esto, la situación se degradó aún más. Ahora se obliga a los importadores a ingresar el producto por el cual ya pagaron en un plazo menor”, opina el director de la consultora DNI. Y refuerza: “Pero como la Argentina es un país en default, las empresas tienen dificultades para financiar operaciones en comercio exterior y en su gran mayoría se ven obligadas a pagar por adelantado. Con estos plazos, es imposible operar”.
Al respecto, hay una sospecha por parte del Gobierno: sostienen que los importadores “dibujaron” sus importaciones para hacerse de más dólares este año. Desde la óptica de Spotorno, “la lógica de las empresas pasa por adelantar las compras, por la incertidumbre económica y para no tener que frenar su línea de producción, lo cual es su principal temor”.
Constulado por este diario, un ejecutivo de una compañía de agroquímicos, reconoce: “Cuanto más pagos pueda hacer ahora, mejor. Porque hoy compro dólares a $ 8,50 y lo más probable es que, con este tipo de cambio atrasado, dentro de un año el dólar valga más”.
Mientras tanto, hay grandes importadores con dificultades para afrontar sus compromisos en el exterior. Fuera de micrófono, se muestran desconcertados ante las distintas respuestas que reciben de los funcionarios nacionales para conseguir los dólares. Acudir al contado con liquidación, conseguir los dólares desde el exterior a través de los proveedores, dividir sus pedidos de importación en pequeños montos, o volver a la vieja operatoria de buscar exportadores que liquiden dólares en su nombre, son algunas de las opciones que les presentaron desde el Gobierno.
Sin embargo, otros empresas, en especial las Pymes, no pueden siquiera darse ese lujo: para evitar una suspensión de pagos con sus proveedores, acuden en silencio al dólar blue.
/fuente: cronista.com.ar
