25 NOV 2014 El agujero será enorme y, según calculan los expertos, dejará poco margen de acción a pesar de las optimistas promesas que traerá la próxima campaña presidencial.
Una de las herencias más pesadas que el kichnerismo dejará al próximo gobierno será un déficit fiscal de 5% del producto bruto interno (PBI), equivalente a más del doble de la inversión actual en infraestructura.
Después de un quinquenio (2003-2008) de superávit, el gobierno de Cristina Kirchner legará el año próximo ese enorme déficit fiscal por los niveles de gasto público -como porcentaje del PBI- más elevados de América latina. Así lo revela una investigación del Centro de Implementación de Políticas Públicas para la Equidad y el Crecimiento(Cippec, una reconocida ONG especializada en el estudio de la administración pública).
El informe estima que, aun con condiciones económicas ideales, internas y externas, la Argentina tendría que esperar por lo menos hasta 2017 para volver a ver un superávit en sus cuentas públicas. Con esa perspectiva coincidieron varios analistas consultados por LA NACION, que advirtieron sobre los peligros que se enfrentan en el terreno fiscal.
Los autores del informe, el director del área de Desarrollo Económico del centro de estudios, Lucio Castro, y el ex ministro de Hacienda de Santa Fe e investigador del Cippec Walter Agosto, creen que el nuevo gobierno enfrentará complejas alternativas entre 2016 y 2019 para aumentar el espacio fiscal. Esto implica que, preservando inversiones sociales y económicas esenciales, “las mayores oportunidades” para mejorar los resultados están en una reducción progresiva y segmentada de los subsidios mediante la aplicación de una tarifa social.
“Del lado de los ingresos, la situación deficitaria del Tesoro reduce el margen en el corto plazo de bajar en forma sustancial la elevada presión tributaria”, dice la investigación.
A través de dos decretos de necesidad y urgencia, el Gobierno amplió la semana pasada el presupuesto de este año en alrededor de $ 50.000 millones, lo que sumó, entre muchos otros gastos, más fondos ($ 955 millones) para tapar el enorme déficit de Aerolíneas Argentinas. En los últimos días se conoció además que, pese al aumento de transferencias del Banco Central y la Anses, el saldo de la recaudación de septiembre pasó del superávit de $ 412 millones en 2013 a un déficit en las cuentas públicas de $ 4257 millones este año.
De acuerdo con la investigación del Cippec, el gasto consolidado creció casi 15 puntos porcentuales y pasó de más del 30% del PBI en 2006 a más del 44% en 2013. Esta expansión supera en casi 10 puntos a la registrada en América latina. Es decir que el peso del Estado es actualmente mayor aquí que en la OCDE, la liga de países desarrollados.
La presión tributaria para financiar ese gasto pasó de alrededor del 30% del PBI, casi el promedio de la región, a casi el 40% en diez años y hoy supera en 3 puntos porcentuales a la de los países de la OCDE. Sin embargo, “la calidad de los bienes públicos no experimentó mejoras significativas y la educación está estancada”, afirma el estudio. Pero ese dinero no parece ser suficiente para financiar el actual expendio del Gobierno.
De esta manera, la asistencia del Banco Central al Tesoro Nacional entre 2003 y 2013 promedió casi el 5% del PBI. En la actualidad, alcanza el 5,7 por ciento. La situación promete ser más compleja en 2015, año de elecciones presidenciales y billeteras desatadas.
El actual déficit se financia con emisión monetaria, “lo que impulsa la tasa de inflación”. Por otro lado, describen los especialistas, el uso del tipo de cambio como ancla nominal en un escenario de fuerte suba de precios genera un atraso cambiario, erosiona la balanza externa y presiona a la baja las reservas internacionales del Banco Central.
“Las opciones que tendrá el próximo gobierno, por lo menos en su primer año, son muy limitadas”, afirmó Castro. “Estas restricciones son la causa de una economía en recesión, con inflación muy elevada y cero financiamiento. A esto se suma un déficit fiscal financiado por el Banco Central. Esto no se podrá solucionar fácilmente, sobre todo si no se quiere caer en un ajuste fiscal regresivo que toque salarios y jubilaciones”, agregó.
Otros economistas coinciden con la visión de los expertos del Cippec. “Hay un aumento desmedido del gasto, a pesar de que la Argentina tiene una presión tributaria muy alta, la más elevada de la región”, asegura el economista jefe de FIEL, Daniel Artana. El experto estimó que este año el déficit fiscal total -computando los intereses de la deuda- llegará al 6% del producto bruto interno.
“El 86% del gasto es en gasto corriente. Ahí entra la mayor masa salarial de la Nación y las provincias por el crecimiento del empleo público, el pago de jubilaciones y la gran suba en los subsidios, a pesar de que existe un deterioro importante en la infraestructura”, agrega Artana.
El economista de FIEL estima que siempre existe creatividad oficial para subir más los impuestos, pero advierte que ya son una carga pesada para las familias y las empresas y que golpean el trabajo formal, en un país que crea poco empleo privado. “Hay una situación fiscal preocupante. Hay margen para endeudarse, pero no se puede vivir de la deuda; hay que hacer algo con las cuentas públicas”, advierte.
“El déficit fiscal es un tema clave no sólo a corto sino también a mediano plazo”, señala el director de ACM, Maximiliano Castillo. “Hay una presión tributaria récord, un gasto y un déficit récord. Para encontrar estos números hay que ir a 1989”, indica el experto, que agrega que el año próximo habrá un saldo negativo de 6% en relación con el PBI.
“Si se suman jubilaciones, salarios y subsidios, eso da un 75% del gasto, y más allá de las cuestiones distributivas, que comparto, la mirada macroeconómica indica que son gastos inflexibles a la baja. Encima, los subsidios están virtualmente indexados a la evolución del tipo de cambio”, esgrime el analista.
La economista de la Gran Makro Fernanda Vallejos destacó la ampliación presupuestaria que hizo el Gobierno, ya que “ratifica su rol contracíclico” cuando el PBI “está estancado”. Para la economista cercana al oficialismo, “el próximo gobierno debe seguir centrado en mejorar el desempeño de la actividad”, ya que está “probado” que no hay correlación entre el ajuste del gasto y la inflación. Sin embargo, estima necesaria una “readecuación de los subsidios” y una reforma tributaria que “dote de mayor progresividad al sistema”.
El trabajo de Cippec afirma que la Asignación Universal por Hijo y las moratorias jubilatorias, dos medidas de redistribución del ingreso impulsadas por el actual gobierno, contribuyeron con la reducción en “forma significativa” de los niveles de pobreza e inequidad. “No obstante, no lograron quebrar el círculo de pobreza estructural”, que, según el trabajo, es del 20%. “Hay que evitar dar un paso atrás con estas políticas”, aclara Castro. El gasto social explica el 60% del gasto público nacional en promedio entre 2003 y 2013.
Los especialistas de Cippec estiman que el kichnerismo mejoró el perfil de la deuda externa. Mientras en 2003 representaba el 136% del PBI, diez años después llegaba al 45 por ciento. Pero por otro lado, aunque bajó el endeudamiento externo subió el intrasector público, que pasó del 2% en total en 2003 a más del 60% en 2013. La deuda bruta del sector público es casi 8 puntos inferior al promedio de la región.
“Hay una tentación grande para el próximo gobierno: endeudarse más. Ésta no es la solución, se debe recordar que terminó en crisis a fines de los 90. Hay que encaminar la situación fiscal”, expresa Castro, aunque aclaró que sí hay margen para conseguir endeudamiento para grandes proyectos de infraestructura.
Lo que desbarrancó el gasto oficial -calculan los expertos- fueron los subsidios económicos. Mientras absorbían el 9% del gasto total en 2003, diez años después superaban el 20 por ciento. Los subsidios aumentaron más de cinco veces como porcentaje del PBI en la última década y pasaron del 1% en 2006 a más del 5% durante el año pasado. Es más: uno de cada cinco pesos recaudados por el Tesoro se destina a financiar subsidios. Más del 60% de estos fondos van al sector energético, actualmente en crisis y con enormes importaciones; un 26%, al transporte, y 10%, a empresas públicas como Aerolíneas, entre otras.
“Los sectores de mayores ingresos reciben alrededor de un tercio de los subsidios, mientras que los de menores ingresos relativos captan menos del 20 por ciento”, afirman los investigadores del Cippec. Además, mientras el habitante del área metropolitana de Buenos Aires recibe anualmente $ 1000 en subsidios al transporte, los del resto del país son subsidiados con menos de $ 180.
“La situación de las provincias podría elevar en un punto el déficit total”, indica Agosto, que recuerda el “desafío” de la provincia de Buenos Aires y sus fuertes vencimientos de deuda durante el año próximo. El experto critica además la desigualdad federal por la baja coparticipación de las retenciones y el impuesto al cheque, y la discrecionalidad del gobierno central.
Vaca Muerta no será la solución. Según los cálculos de Cippec, sólo generará US$ 257 millones por recaudación en Ganancias en los próximos 35 años. Los desafíos, en cambio, vendrán por reducir progresiva y segmentadamente los subsidios con tarifas sociales, mejorar la eficiencia del gasto y los ingresos, y lograr financiamiento externo
/ lanacion.com.ar
