21 nov 2016.- Hábil para moverse en tierra firme, pero también en el agua, el yaguareté fue el animal elegido para que su imagen ilustre el billete de mayor denominación que hoy circula en la Argentina. Se necesitarían nada menos que 4727,2 millones de esos papeles, de $ 500 cada uno, para completar la billetera con la cual el Estado nacional deberá cumplir sus funciones en 2017, al menos según la propuesta oficial de ley de gastos que por estos días se discute en el Congreso.
El monto, de $ 2.363.620 millones, es superior en un 22,1% al del presupuesto vigente para este año y, si bien se contemplan algunas modificaciones en la participación que tienen los diferentes destinos del gasto, a muy grandes rasgos no hay cambios tan sustanciales. ¿La razón? No tan ágil como el gran felino que habita las selvas del norte argentino, el gasto público está integrado en gran medida por conceptos que le aportan rigidez.
¿A qué se destina el dinero que llega al Estado por impuestos y aportes sociales? La composición del gasto, según los analistas, da cuenta de al menos dos grandes desafíos: el de su propia eficiencia (sobre todo en lo que a subsidios se refiere) y el de la formalización de la actividad no declarada, para elevar tanto el producto bruto como la base de las contribuciones y el acceso sostenible a los derechos.
Alrededor de cuatro de cada diez pesos del presupuesto de la administración pública nacional se destinan al pago de las jubilaciones y pensiones a cargo de la Anses. En los primeros 9 meses de 2016 la participación de este destino fue de 37%, y para 2017 se prevé que será superior el 40%, con $ 952.345 millones, según los números presentados por el Ministerio de Hacienda y Finanzas Públicas.
Este año, la aprobación de la ley 27.260 sumó en este ítem dos nuevas obligaciones estatales: la derivada del plan de reparación histórica, que busca ajustar los haberes de 2,4 millones de jubilados para ponerlos en línea con lo ordenado en los últimos años por la Justicia (según el proyecto oficial, en 2017 irán $ 59.657 millones a esta finalidad), y el pago de una pensión universal para el adulto mayor -equivalente al 80% del haber mínimo-, destinada a quienes tienen 65 años o más e insuficiencia de aportes para poder jubilarse, para la que se prevé un monto de $ 3046 millones.
“En los gastos corrientes, el principal componente y el que mayor aumento representa (35% respecto de 2016) es el de prestaciones a la seguridad social”, señala un informe de la Asociación Argentina de Presupuesto y Administración Financiera Pública (ASAP), que afirma que si bien no se explicita cuánto mejorarán los haberes previsionales en 2017 por el mecanismo de movilidad semestral, sí se deduce que será menos que este año, a tono con la proyección de una inflación en baja (se proyecta un incremento de precios de 17%).
Hoy las jubilaciones se financian, casi en partes iguales, con aportes y contribuciones de trabajadores y empresas y con una porcentaje predeterminado de la recaudación del IVA, Ganancias y otros impuestos.
Con un gasto en seguridad social que se acerca a los 10 puntos del PBI, el economista José María Fanelli, profesor de la Universidad de San Andrés, dice que la Argentina tiene el gasto “de países ya envejecidos” y la fuerza de trabajo “de un país emergente”, con alta informalidad y con una participación laboral de la mujer que tiene aún un buen espacio para crecer.
En esos rasgos del escenario laboral, Fanelli -que se especializa en estudios poblacionales- dice que están “los secretos ocultos” para hacer sostenible a largo plazo al sistema previsional. Concretamente, la creación de empleos con aportes y la mayor incorporación de mujeres en la actual etapa del “bono demográfico” (período previo a que se considere a la Argentina un país envejecido) llevarían a hacer crecer más el PBI y a elevar la base de las contribuciones.
En el presupuesto se asignan fondos para los pagos de jubilaciones de las ex cajas provinciales transferidas a la Nación y para la asistencia al déficit de cajas jubilatorias para empleados públicos que mantienen varias jurisdicciones. “En los 90 se decidió la política de pasar fuerte lo previsional a la Nación, y de dejarles a las provincias las responsabilidades de salud y educación”, dice Marina Dal Poggetto, economista del Estudio Bein. Eso explica que en estos dos ítems haya baja incidencia del gasto. Con los hospitales y escuelas fuera de la órbita del Estado nacional como regla general, a algunos planes específicos de salud se prevé derivar en 2017 un 3,7% del presupuesto, en tanto que a “educación y cultura” iría un 6,8%.
Esos recursos para salud y educación se consideran dentro de los gastos con “finalidad social”, un rubro en el que la presentación del proyecto oficial sumó, entre otros conceptos, las prestaciones jubilatorias, el salario familiar, la asignación universal por hijo y los planes para vivienda y urbanismo. ¿Resultado? Según el Gobierno, 64 de cada 100 pesos del gasto irán en 2017 a servicios sociales.
Esta composición, según señala el economista Maximiliano Castillo, de la consultora ACM, marca la inflexibilidad que tiene gran parte del gasto público y explica por qué, si bien mirada en pesos la masa de recursos es importante, no hay mucho margen para moverse. Y cuando hay necesidad de correcciones, se va por el lado de la obra pública, un ítem que, con frecuencia y tal como se vio días atrás durante el paso del proyecto de ley de gastos por Diputados, es un eje de negociaciones con las provincias.
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Provincias y subsidios
Parte de lo que la Nación les transfiere de su presupuesto a las provincias está dentro de las llamadas “transferencias corrientes”, destino de 2,5 de cada 10 pesos del gasto total. Entre enero y septiembre de este año se derivaron, para gastos corrientes (habituales) de las provincias, $ 35.177 millones, un 2,7% del presupuesto ejecutado (esto, sin considerar los recursos coparticipables que se distribuyen automáticamente sin que formen parte del presupuesto nacional).
En las llamadas “transferencias corrientes” también hay dinero para el sector privado y, más concretamente, para subsidios. Los de mayor peso son los que van a la energía y al transporte, que permitieron la política de tarifas congeladas por años. Para la energía, entre enero y septiembre últimos se derivaron 9 de cada 100 pesos del gasto total, en tanto que para 2017 se estima que la incidencia caería al 6%, según informes de la ASAP basados en las cifras oficiales. Otros 3,6 pesos de cada 100 fueron este año al transporte, rubro en el que en 2017 los subsidios representarían 2,6% del gasto.
El peso de los subsidios (que en muchos casos beneficiaron a sectores socioeconómicos medios y altos) “es consecuencia de la política regulatoria de los últimos años”, afirma el economista Santiago Urbiztondo, de FIEL, quien agrega que la salida de este esquema dependerá de cómo se vayan ajustando las tarifas de los servicios y de factores como los costos del gas que el país debe importar. La expectativa es que vaya disminuyendo la incidencia de los subsidios, dice el analista, sin dejar de tener en cuenta que, por su diseño y por la situación del país, la tarifa social parece haber llegado para quedarse por un largo tiempo.
Según Rafael Flores, presidente de la ASAP, la partida de subsidios energéticos, que es con la que ahora el Gobierno busca contener el gasto, creció 165 veces entre 2005 y 2016. Y cuestiona eso fuertemente: “El 20% más rico se llevaba cuatro veces más subsidios que el 20% más pobre”, afirma.
Salarios, deuda y obras
Con poco más de 739.000 empleos en la administración pública nacional -según los datos de un reciente informe del Ministerio de Trabajo-, las remuneraciones se llevan 11 de cada 100 pesos del gasto. La participación no varía mucho de 2016 a lo previsto para 2017. Cuánto empleo público se necesita para la Argentina es un debate amplio. Según Dal Poggetto, en los últimos años se elevó el número de ocupados junto con la redefinición del rol del Estado en algunas cuestiones como la jubilatoria o la reestatización de empresas. Pero más allá de la definición sobre el rol del Estado, dice la economista, hay factores en particular que deberían ponerse en la discusión, como el ausentismo.
Otra finalidad a la que para 2017 se prevé destinar alrededor de 10% del gasto es el pago de deudas, principalmente por vencimiento de intereses. Aquí se contempla un aumento en los montos de 32,3% respecto de 2016.
Un capítulo final de las erogaciones es el de los llamados “gastos de capital”. Sus principales componentes son la inversión real directa del Estado nacional, y las transferencias a provincias, municipios y empresas públicas para obras. Estas transferencias representarán en 2017, según se prevé, un 6% del gasto total.
En cuanto a la inversión real directa, entre enero y septiembre de este año fue de algo menos de 2 pesos por cada 100 del presupuesto ejecutado, mientras que en 2017 la participación en el gasto total se acercaría al 3%. El aumento del monto de un año al otro es de casi 40%, y en la reactivación de obras de infraestructura (que el Gobierno pretende incentivar con un nuevo esquema de participación público-privada), está puesta buena parte de las expectativas por la reactivación. La meta para 2017 es un crecimiento del PBI de 3,5%, con una mejora de la recaudación de 22,3%. Pero lo que se recaude no alcanzará: con un déficit estimado en el 4,9% del PBI, el equilibrio fiscal seguirá pendiente.
Leyes en danza que tendrían impacto fiscal
Un eje del debate político de estos días pasó por el proyecto de ley que busca ordenarle al Poder Ejecutivo la creación de un millón de empleos. El Gobierno rechaza el proyecto, que no prevé fuentes de financiamiento, y dice que tendría un costo de $ 100.000 millones al año
En cambio, sí fue bien recibida en la Casa Rosada la noticia de la aprobación de la ley que promueve la participación público-privada para financiar y desarrollar obras de infraestructura.
Fuente: /lanacion.com.ar
