26 set 2016.- El Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) no presentó objeciones a la ley de blanqueo que está vigente en la Argentina desde agosto pasado. El cuerpo intergubernamental que diseña y recomienda las prácticas contra el lavado de dinero en todo el mundo respaldó así a la iniciativa con la que el Gobierno se juega la recomposición del mercado de capitales local y el financiamiento para lo que queda del año. Las normas antilavado generan algunas preocupaciones en bancos que el Banco Central (BCRA) y el organismo antilavado local tratan de reducir.
“El programa presentado por la Argentina no viola ninguno de los cuatro principios básicos de las mejores prácticas internacionales para la prevención del lavado de activos y el financiamiento del terrorismo ni afecta la lucha contra esos delitos en el país. Sobre la base del análisis preliminar realizado por la Secretaría General, recomendamos al plenario que decida no iniciar ninguna acción adicional relativa a esta cuestión y solicita a Argentina informe en caso de realizar cambios o agregar nuevos elementos al programa vigente”, dice la recomendación de la Secretaría Ejecutiva del GAFI, en una comunicación al Gobierno difundida por la Unidad de Información Financiera (UIF), que se dedica a combatir el lavado en el país.
La entidad conducida por Mariano Federici celebró la comunicación del GAFI. “Es la primera vez en la historia argentina que el organismo internacional antilavado apoya un plan similar sin requerir cambios en su estructura”, remarcó y agregó: “La Secretaria Ejecutiva del GAFI dio visto bueno a la ley de Sinceramiento Fiscal. Cumple con los 4 principios básicos de las mejores practicas internacionales para la prevención del lavado y el financiamiento del terrorismo en este tipo de programas.”
El aval del GAFI a la ley confirma las buenas relaciones entre la agencia antilavado argentina y el ente intergubernamental creado en 1989, que llegó a tener al país en la “lista gris” de países poco colaborativos hasta el año pasado, cuando durante la última presidencia de Cristina Fernández de Kirchner fue eliminado de ese sitió de revisión.
Las normas antilavado componen uno de los ejes más espinosos para el Sinceramiento Fiscal. Y no tanto por el riesgo de lavado de activos como por las preocupaciones de los contribuyentes y bancos que temen a problemas legales al blanquear.
Por eso, hace 10 días el BCRA publicó la comunicación A 6060 que elimina el riesgo de que una cuenta bancaria sea cerrada por un proceso de verificación antilavado.
Los bancos y otros sujetos obligados deben extender “reportes de operaciones sospechosas (ROS)” a la UIF cada vez que uno de sus clientes hace una operación que no se corresponde con sus ingresos. Esto es un problema en el contexto de un blanqueo, porque todas las declaraciones de bienes en negro entrarían en esta categoría. Para evitar que haya un ROS por cada blanqueador, la UIF creó unos reportes especiales llamados ROS-SF (por sinceramiento fiscal). Esos reportes especiales son una forma de ablandar los controles para que sólo lleguen a la UIF reportes de posibles delitos, no causados por tenencias sin declarar.
Hasta hace poco, un ROS obligaba a los bancos a cerrar la cuenta reportada en 30 días. El BCRA, ahora, deja la decisión a los bancos respecto a si cerrar una cuenta en caso de que haya disparado un ROS.
Con todo, algunas dudas quedan en las entidades. La normativa antilavado hace a los oficiales de cumplimiento de las sucursales responsables por las operaciones sospechosas, con lo cual muchos pueden temer consecuencias en caso de no elevar un ROS. Por eso los bancos sólo quieren tratar con clientes ya conocidos.
Fuente: / cronista.com.ar
