17 SEP 2014 Pese al rechazo de la oposición y de sectores empresarios, el proyecto obtuvo dictamen de comisión; la sesión en la que se convertirá en ley concluiría mañana.
Pese al rechazo de toda la oposición, el oficialismo le dio ayer dictamen favorable a la nueva la ley de abastecimiento, en una reunión de comisión caliente y tumultuosa, que contó con la presencia sorpresiva del ministro de Economía, Axel Kicillof.
Parte de un paquete de tres proyectos, que incluye la creación de un observatorio de precios y de un fuero especial de defensa del consumidor, la iniciativa será tratada hoy, a partir de las 12, en una sesión que podría extenderse hasta mañana al mediodía.
“Hemos venido a honrar el artículo 42 de la Constitución Nacional, porque la legislación actual es ineficaz para defender el derecho de los consumidores”, arrancó Kicillof, en una encendida defensa del paquete de proyectos, que, insistió, debían ser analizados de manera integral.
“No creemos un fantasma: acá no hay ningún Estado que venga a intervenir, a avasallar y a fijar precios. La economía anduvo bien en base a la libre empresa, pero queremos evitar los abusos”, agregó el ministro, acompañado por los secretarios de Comercio, Augusto Costa, y de Justicia, Julián Álvarez.
Pese al pedido de los funcionarios, el debate se centró en la discusión de la reforma a la ley de abastecimiento. Es una norma sancionada en 1974 que habilita al Estado a intervenir en la formación de precios y en las cadenas de valor para evitar abusos de parte de empresas con posición dominante en el mercado. Los cambios impulsados por el Poder Ejecutivo acotan las facultades de intervención del Estado y eliminan las penas de prisión, previstas en la redacción actual de la ley, escasamente aplicada. Pero pusieron en pie de guerra a las grandes empresas, porque evidencian que el Gobierno planea usarla más seguido, como herramienta para fortalecer el programa Precios Cuidados y combatir la inflación.
En el inicio del debate, de más de casi siete horas, ratificaron su rechazo al proyecto las cámaras que reúnen a las empresas más grandes del país, como la Asociación Empresaria Argentina (AEA), la Sociedad Rural Argentina (SRA) y la Cámara Argentina del Comercio (CAC). En cambio, las entidades que agrupan a las Pymes, como la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) y la Confederación General Empresaria (CGE), se mostraron a favor de la iniciativa, al igual que la mayoría de asociaciones de consumidores. Los representantes de la Unión Industrial Argentina (UIA), de IDEA y de la Asociación de Bancos de la Argentina (ABA), entre otros, quedaron excluidos de la lista de expositores.
“El campo no necesita que se sancione este proyecto para saber que va a tener efectos negativos, porque ya los estamos sufriendo con el cierre de exportaciones en el mercado de la carne, donde se perdieron 10 millones de cabezas de ganado”, sostuvo Luis Etchevehere, presidente de la SRA, en una exposición que levantó polémica. Apenas empezó a criticar la política agropecuaria del Gobierno, la kirchnerista Diana Conti, presidenta de la Comisión de Asuntos Constitucionales y conductora del debate de comisión, le exigió que se limitara a hablar de los proyectos bajo tratamiento. En medio del griterío de los oficialistas, Etchevehere les espetó: “Por qué no intentan ser democráticos y escuchan a los demás, si quieren aprender algo”.
La cosa no quedó ahí. En medio de una discusión a los gritos con Felipe Solá, el kirchnerista Roberto Feletti retomó el contrapunto con Etchevehere. “La democracia de este Parlamento es tan grande que se expresa la Sociedad Rural”, dijo. El episodio tuvo un último capítulo minutos más tarde. Mientras conversaba de manera informal con un grupo de diputados de la oposición, el empresario se sentó un momento a la mesa destinada a los legisladores. “¿El señor Etchevehere es diputado? -lo denunció con tono firme el kirchnerista Juan Carlos Junio-. Entonces que no se siente en las sillas para los diputados. Sea respetuoso de los que fueron votados por la voluntad popular.” El presidente de la SRA se paró y pidió disculpas.
En línea con los referentes del Grupo de los Seis, diputados de la oposición reivindicaron la facultad de regulación del Estado, pero pusieron en duda la constitucionalidad de la ley, afirmaron que establece una intervención estatal “excesiva” y que otorga facultades discrecionales a la Secretaría de Comercio, lo que podría ahuyentar inversiones. “La diferencia entre el remedio y el veneno es la dosis. Muchos de los artículos de la ley quieren ser remedio y van a terminar siendo veneno”, manifestó el radical Ricardo Buryaile.
Los diputados de Pro Pablo Tonelli y Federico Sturzenegger (Pro) apuntaron al artículo 4, que establece las conductas sancionables, entre ellas, la elevación “artificial” o “injustificada” de los precios y la obtención de “ganancias abusivas”. Los dos preguntaron cómo iba el Gobierno a determinar qué era un “aumento injustificado” o una “ganancia abusiva”. Costa les respondió que eso iba a figurar en la reglamentación de la ley, e insistió en que para el esquema de política económica del Gobierno es importante contar con la nueva ley.
/fuente: lanacion.com.ar
