El movimiento bancario siempre deja rastros y permite identificar a los contribuyentes y la cuantía de las operaciones que se realizan
04 de Agosto de 2017. A través de distintas medidas la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) ha comenzado un proceso de eliminación del manejo de efectivo en general, en toda la cadena de comercialización y producción, para concluir recientemente con la exigencia del pago de los tributos que, con un cronograma, no se podrán pagar con efectivo en bancos, sino con transferencias bancarias o uso de tarjetas de débito o crédito.
Esta concepción parte del concepto de que los “bolsones de evasión” se sostienen mediante el uso del efectivo. Este razonamiento es válido y, desde este punto de vista, hacer un esfuerzo para eliminar el manejo de efectivo seguramente redundadará positivamente en los esquemas de recaudación, porque dificultará y aún minimizará los procesos de evasión fiscal.
Por otro lado, también como una consecuencia altamente positiva, cualquier proceso ajeno a la ley (evasión fiscal, corrupción, etc.), tiene como un elemento sustancial en la búsqueda y lucha, seguir la “ruta del dinero”. El movimiento bancario siempre deja rastros y de alguna manera permite identificar a los participantes y la cuantía de las operaciones.
Es decir que ninguna persona racionalmente podría estar en desacuerdo con los esquemas que tiendan a “bancarizar” la economía, si se parte de las ventajas enunciadas.
Los problemas comienzan a presentarse cuando ubicamos esas ideas en el contexto del país y observamos un aspecto que ha sido dejado de lado por las autoridades fiscales al efectuar su análisis. Y es el “costo de la bancarización”.
Desde este punto de vista un proceso de bancarización tiene, en general, importantes costos bancarios. Si bien esto depende mucho de cada entidad financiera, “comienzan a aparecer” en los resúmenes de cuenta gastos como comisiones, seguros u otros movimientos que hacen que las cuentas bancarias sean una fuente permanente de erogaciones.
Pero la historia no termina ahí. Porque también a nivel nacional existen impuestos que afectan los movimientos de fondos, que fueron creados de manera transitoria (¡¡) en nuestro país en el siglo pasado y, como nos muestra siempre la historia, se han transformado en fuente permanente de generación de recursos fiscales. El impuesto a los débitos y créditos bancarios resulta un gravamen que se ha transformado en altamente significativo en los balances de las empresas, e incluso en las economías de las personas. Es un impuesto absolutamente distorsivo y debe ser eliminado. El proceso positivo que comenzó el gobierno nacional fue permitir que ciertas pequeñas y medianas empresas (PyME) usen el mismo como pago a cuenta del impuesto a las ganancias. Esta es una medida correcta que debería ir ampliándose a todas las PyME.
Pero la historia sigue. Porque también las provincias han encontrado una fuente de recaudación en estas cuentas bancarias y han logrado desvirtuar plenamente el proceso económico y las posibilidades de bancarización. Las provincias han distorsionado el sistema y creado verdaderos costos de movimientos que en muchos casos son irrazonables. El argumento de que se trata de percepciones a cuenta de ingresos brutos es una respuesta no sustentable, porque un impuesto de naturaleza mensual no puede asentarse en sistemas de retenciones, percepciones y recaudaciones bancarias. Si el pago es mensual, la exigencia de “pagos a cuenta” debe ser excepcional. Y deben generarse los mecanismos que permitan un recupero inmediato de cualquier saldo a favor que pueda generarse (nada más alejado de la realidad en nuestra economía provincial)
Es imprescindible que la Nación coordine con las provincias y soluciones estos problemas, lo que permitirá tender a una plena bancarización que redundará en beneficios para el gobierno y por ende para la comunidad toda. Mientras tanto, todo seguirá siendo una imposición del Estado, no asentada en la razonabilidad.
Fuente: /lagaceta.com
