22 ENE 2016.- Reconocer al sujeto de derecho humano “desde la panza de su madre hasta los 24 años”. Ese fue el objetivo -enmarcado en el sistema de seguridad social- que definió la ex presidenta Cristina Kirchner para el Plan Progresar, pensado para que los jóvenes puedan terminar sus estudios y presentado en enero de 2014. Dos años después y con más de 700.000 beneficiarios, la situación laboral de la población de esa franja etaria no muestra grandes variaciones. Por entonces, el 52% de las personas de 18 a 24 años tenía problemas de inserción social. Al finalizar el primer año del plan, ese índice se ubicó en el 53%, según los últimos datos disponibles, que están consignados en un informe reciente sobre la problemática juvenil y las políticas posibles para mejorar las oportunidades, elaborado por el Ieral. La situación, según los analistas del centro de estudios, no habría variado demasiado.
El plan es una prestación económica de $ 900 al mes para quienes no trabajan o sí lo hacen, pero de manera informal, o formalmente pero con ingresos menores a tres salarios mínimos -ese límite aplica para el grupo familiar-, y presenten la constancia de inscripción a los estudios o de la condición de alumno regular. En la población hay 900.000 jóvenes que no estudian ni trabajan, los “ni-ni”, según las últimas estimaciones del Ieral, de 2014 (sobre la base de la encuesta de hogares del Indec) y representan al 17,7% del colectivo.
“Progresar, hasta aquí, cumplió muy parcialmente sus objetivos -evalúa Daniel Arroyo, ex viceministro de Desarrollo Social de la Nación-. Como elemento positivo se puede marcar el haber instalado el tema central de los jóvenes que no estudian ni trabajan.” En cuanto a las dificultades, señala dos. La primera es que el plan llega a los “que están en universidades o en organizaciones sociales” y que califican para recibir el subsidio, porque ni ellos ni sus padres tienen empleo formal, pero no alcanza a los más pobres, “a los que están en los ‘no lugares'”. La segunda es que “no está vinculando bien con capacitaciones o escuelas de oficios en función de la actividad económica de cada lugar”.
Para Eduardo Donza, especialista en trabajo y desigualdad del Observatorio de la Deuda Social (ODSA) de la Universidad Católica Argentina, antes de pensar en mejorar el programa debe resolverse una cuestión de fondo, que casualmente es el objetivo de este tipo de medidas: la inclusión, que “a veces no depende sólo del joven, sino de atributos del hogar”. El investigador señala que “muchas veces, los planes colaboran para cubrir algunos gastos básicos, pero no para salir de la pobreza”.
A pesar de las intenciones del Estado -además del Progresar existieron iniciativas provinciales y del Ministerio de Trabajo-, los resultados no acompañan. “La razón básica es que el sistema educativo no les da los conocimientos ni las aptitudes necesarias para ingresar al empleo formal -analiza Eduardo Amadeo, ex secretario de Desarrollo Social de la Nación-. Ese 53% coincide con el porcentaje de quienes no terminan la secundaria, y los que la terminan, lo hacen con un pésimo nivel.” En 2012, tras el último Programa de Evaluación Internacional de Estudiantes (PISA, por sus siglas en inglés), que estudia el rendimiento de los alumnos de 15 años en 65 países, la Argentina quedó en el puesto 59.
En consonancia, Marcela Romero, gerente comercial de talento en Manpower, explica que para las empresas “es una obviedad que un joven tenga los estudios secundarios completos”. La consultora de recursos humanos elaboró un reporte de “escasez de talento” en el que subraya que el 37% de los empleadores argentinos reportó en 2015 haber tenido dificultades en el reclutamiento, principalmente porque los candidatos no se adecuan completamente al perfil buscado y por una falta de habilidades técnicas. Los puestos más difíciles de cubrir son los de técnicos, ingenieros y trabajadores calificados para algún oficio (mecánicos y electricistas, entre otros).
Además de los “ni-ni”, otros dos grupos completan el 53% de jóvenes con problemas de inserción social: 500.000 están desocupados y otros 1,3 millones sólo lograron acceder a un empleo precarizado e informal, lo que se traduce en que el 60% de las personas de 18 a 24 años que trabajan no lo hacen en condiciones óptimas.
Esos trabajadores saben que podrían llegar a engrosar la tasa de desempleo juvenil que, según el Ieral y sobre la base de los datos del Indec, se ubica en 19,1%. “La tasa triplica a la de la población general, porque cuando se desacelera la creación de empleo tiende a aumentar la desocupación juvenil por la precarización de su mercado -dice Donza-. Los costos de salida son menores por la falta de antigüedad, por lo que hay una disociación más rápida.”
Donza explica que la precarización se traduce en distintas experiencias, según el nivel socioeconómico de las personas. En el caso de ingresos bajos, “los trabajos que consiguen no están registrados y no tienen beneficios”, y muchos se vuelcan hacia el cuentapropismo. En los sectores medios, “muchas veces se insertan en actividades como telemarketers o encuestadores, que son de un desgaste mental muy grande”, por lo que los lugares donde se ejercen tienen una rotación muy alta. Por último, en el caso de un nivel socioeconómico más alto, menciona la mala utilización de las pasantías, “que en algunos casos son muy injustas, porque las empresas se aprovechan y utilizan el sistema como un tipo de relación laboral y no como un medio de conocer a una persona, formarla y contratarla”.
La coyuntura no colabora con la situación: entre los factores que complican, Javier Lindenboim, director del Centro de Estudios sobre Población, Empleo y Desarrollo (Ceped), de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires, destaca la falta de creación de empleo privado (desde 2011, según números oficiales) y la situación de estancamiento de la economía en los últimos cuatro años.
“El Plan Progresar tiene dos años, que justamente fueron de mucha dificultad en el mercado del trabajo: en 2014 hubo una declinación significativa en el volumen absoluto de la fuerza laboral, que según cálculos del Indec llegó a alrededor de 400.000 puestos, lo que significaría aproximadamente un 10% de todos los creados en la década”, afirma Lindenboim. Y concluye que “si bien los programas sociales fueron pensados para de compensar esto, el efecto neto fue claramente desventajoso por la situación contrafáctica”.
Frente a problemas estructurales de base como las deficiencias en la educación y la precarización del mercado laboral, los expertos coinciden en que, para atacar la problemática juvenil no basta sólo con subsidios. Todos resaltan la importancia de reestructurar el sistema educativo con la ayuda de capacitaciones laborales en los últimos años de escolaridad. Arroyo remarca la importancia de la instalación de una red de tutorías que “busque a los jóvenes donde están”, y de elaborar un “sistema dual en la secundaria” que permita una convivencia entre cursada y pasantía de capacitación durante los dos últimos años de escolaridad. También propone la posibilidad de masificar el crédito a tasas bajas para emprendedores.
Por último, sugiere crear el “derecho al primer empleo”, una medida que haría que toda empresa que le dé a un joven su primer trabajo reciba ayuda estatal: “Aquellos que contraten a un miembro de esta franja etaria podrían tener el 75% del salario mínimo que le pagan a su empleado cubierto por dos años”, aclara.
Amadeo confía en que debe haber “una economía más previsible que premie el riesgo” y un descenso “del costo impositivo laboral”. En cuanto a las empresas, cree que podrían aportar con “programas masivos de entrenamiento” y con ayuda a las escuelas de sus zonas para mejorar la calidad educativa.
Algunos analistas aguardan cautelosos los pasos del nuevo equipo económico. “La clave del momento actual es si la Argentina va a estar o no en condiciones de recuperar el dinamismo económico, en cuyo caso, aunque no en lo inmediato, se recuperará la demanda de fuerza laboral, abriendo oportunidades para los jóvenes”, concluye Lindenboim.
En condición de pobreza
Los problemas de inserción social de los jóvenes muchas veces determinan la condición de pobreza en sus hogares. Según el informe de Ieral, entre los hogares que habitan personas de 18 a 24 años, un 37,6% son pobres. Los autores agregan que “por tratarse de personas en edad de haber culminado sus estudios de nivel medio”, deben asumir el desafío de “cómo ayudar a su familia”.
Eduardo Donza, investigador del Observatorio de la Deuda Social Argentina, señala que es un factor determinante para que los jóvenes abandonen sus estudios y busquen trabajo, especialmente entre los varones./lanacion.com.ar
