Estancada, así se encuentra la provincia en lo que se refiere a Acceso a la Información y a los proyectos de Ética Pública. Pronto asumirán nuevas autoridades, tras las elecciones provinciales, pero no se avizoran avances en los proyectos sobre el tema, aunque en los últimos 20 años existieron muchos en Tucumán. ¿Quién puede estar en contra de que un candidato o funcionario deba presentar su declaración jurada? ¿Quién puede considerar como positivo el poner trabas a que se conozca en qué se gastan los fondos del Estado? Mientras otras provincias lograron una buena calificación en relación a este tema, Chubut, San Luis, Santiago del Estero y Tucumán se encuentran “estancadas” y, como el agua en ese punto, descompone y huele mal.
20 años no es nada
En 1.999 y condicionado por la sanción de la Ley Nacional 25.188, Julio Miranda prometió crear una Secretaría de Ética Pública si ganaba las elecciones. Ya en el Poder Ejecutivo, se inclinó por armar una Fiscalía Anticorrupción, como pedía José Ricardo Falú, entonces ministro fiscal de la Corte Suprema. La oficina a cargo del ex fiscal Esteban Jerez (después diputado nacional y legislador provincial opositor) fue eliminada en 2005. Desde 2013, la Federación de Entidades Profesionales Universitarias de Tucumán (Feput) intenta que la Legislatura discuta un proyecto de ley de Ética en la Función Pública. A tal punto llega el cerrojo informativo en el Estado que las declaraciones juradas de los funcionarios públicos son secretas. Así lo establece la ley 3.981, del 27 de julio de 1973. La normativa provincial nunca fue reformada, ni discutida en el ámbito parlamentario en 46 años.
Este año, El Colegio de Abogados de la Capital envió a la Legislatura un proyecto de ley de ética pública que obliga a los funcionarios a exponer sus patrimonios. La propuesta establece principios, deberes, prohibiciones e incompatibilidades aplicables a quienes cumplen funciones en nombre o al servicio del Estado. Pero este tema sigue sin estar en la agenda de los poderes del estado provincial.
Promesas
La distribución de los fondos, la cantidad de empleados por funcionario, el gasto en publicidad oficial que aumenta en años electorales o el destino de subsidios que también se incrementan siempre en la proximidad de elecciones son conocidos a cuentagotas. Todos coinciden en que no debe ser así, pero las promesas de concretar un proyector superador siempre quedan solo en eso. “Esta ley hace que aquellas personas que requieren de una información, porque no la encuentran en los diferentes medios de comunicación, lo podrán hacer en una unidad específica y en 15 días tendrá que ser publicada o entregada al que la requirió”. Esa fue la promesa, en el Congreso Internacional de Derecho, realizada por un funcionario provincial en 2.016. Tres años han pasado de dicha promesa, pero Tucumán sigue sin una ley sobre el tema ni tampoco se adhiere a la Nacional, con lo que resolvería este tema. ¿Por qué no se adhiere a la ley Nacional? El mismo funcionario manifestó, en 2.016, que Tucumán posee un proyecto más “ambicioso”. Ojalá pronto este tema esté resuelto, tratado y finalizado, y que las “ambiciones” no lo sigan frenando.
