En Tucumán tener una PyME, desarrollar un oficio o trabajar sin relación de dependencia puede resultar una tarea muy complicada, sin dudas producto de la presión fiscal de la provincia, que la ubica en lo más alto de entre todas las jurisdicciones nacionales, y que termina siendo uno de los factores determinantes del cierre de pequeños negocios y que desalienta a los profesionales en sus tareas.
Cuando hablamos de presión fiscal es necesario distinguir la que es “directa” y consecuencia de una aplicación de normas legales tributarias, que marcan el nivel de imposición que los poderes públicos consideran adecuados para la Provincia. Pero también existe una presión fiscal “indirecta”, que esencialmente se produce por la política fiscal aplicada por la administración tributaria.
La “directa” es responsabilidad del Poder Legislativo y entendemos debe ser un compromiso de la Legislatura, próxima a renovarse, encarar el tema con profundidad. Que Tucumán se encuentre en el podio de las provincias con mayor presión fiscal desalienta las inversiones locales y foráneas, generadoras de fuentes de trabajo. En esto no solo estamos hablando de la magnitud de las alícuotas impositivas, sino también de la facilidad con que se gestionan, por lo que se deben buscar desarrollar trámites simples y realmente al servicio de los emprendedores. El equilibrio en la relación fisco-contribuyente y alentar las inversiones debe ser el objetivo.
La presión fiscal “indirecta”, sobre la que inmediatamente debe trabajar el gobierno, representa dinero: físico o en tiempo. Tiene que ver directamente con la gestión de la administración fiscal. La encontramos en la generación permanentes de saldos a favor por retenciones, percepciones o recaudaciones excesivas; en la necesidad de certificar firmas o en la exigencia de presencia física sin usar medios tecnológicos existentes; está presente en la obligatoriedad de declaraciones juradas adicionales (Contribuyentes de Convenio), en la aplicación de tasas de recaudación excesivas por una mera demora de unos días en cualquier obligación formal, en la dificultad de los trámites y en el exceso de tiempo de respuesta.
Sin dudas ajustando todos los errores que se presentan en la administración fiscal se permitiría incluso hasta “disimular” un poco el alto nivel impositivo, esa presión fiscal “directa” que es responsabilidad del poder Legislativo, como impulsores y encargados de aprobar nuestras normativas, y del Ejecutivo que debe dar muestras de compromiso con un tema recurrente y que no encuentra oposición en cuanto a lo importante que resulta para las PyMEs.
Esta presión indirecta “ahuyenta” a inversores de otras provincias, que no quieren operar con clientes o proveedores de Tucumán. El impuesto sobre los ingresos brutos es un tributo indirecto y general que posee numerosos efectos económicos nocivos. A ello se agregan las distorsiones que provocan las disposiciones vigentes y que están destruyendo poco a poco a los contribuyentes locales.
