Tucumán no cuenta con una norma regulatoria
Un tema esencial del sistema democrático de gobierno es el respeto absoluto de la “cosa pública”, por lo que es vital que el pueblo tenga acceso irrestricto a todas las decisiones de quienes los gobiernan, más allá de los posibles temas reservados que deben ser una excepción y no la regla.
Para que se cumpla es necesario garantizar un sistema de acceso a la información pública, que posibilite a los habitantes saber qué hacen los funcionarios que transitoriamente se encuentran encargados de administrar el gobierno.
La Provincia debe sancionar una norma que posibilite a los tucumanos gozar de este derecho de acceso a la información pública. Es una obligación del gobierno garantizar este principio al ciudadano.
La Nación, en setiembre del año 2.016, sancionó la ley 27.275, que entrará a regir plenamente dentro de unos meses. La Provincia, con el supuesto sentido de presentar un texto superador, se encuentra sin ley sancionada y los ciudadanos sin posibilidad de conocer los manejos que realizan sus funcionarios.
La Legislatura provincial debe adherirse a la ley nacional. Cualquier mejora debe ser entendida como una amplitud del beneficio de acceso al derecho a informarse por parte del ciudadano, de lo contrario, lo supuestos debates solo parecen tener como objetivo dilatar el acceso a un derecho de los tucumanos.
El control de los gastos del Estado por la ciudadanía debe ser irrestricto. Cualquier persona de la Provincia debe tener el derecho de saber en qué gastan su dinero los funcionarios públicos, cualquiera sea su nivel de gobierno.
Fuente: Página del Colegio en La Gaceta.-
