30 OCT 2014 Como para dejar en claro que ‘el fin de ciclo’ K del cual se habla en muchos círculos políticos y económicos del país es, todavía una esperanza de la oposición más que un hecho concreto, el Gobierno volvió ayer a retomar la iniciativa y hacer uso del ejercicio del poder en su máxima expresión. Como con las leyes de Abastecimiento, de Hidrocarburos y las reformas al Código Civil y Penal,ahora el oficialismo avanzó, y fuerte, en toda la industria de las telecomunicaciones.
Lo hizo presentando un proyecto de ley que le otorga al Estado poder casi omnipresente en la telefonía celular, televisión por cable, Internet y que busca reemplazar la Ley de Telecomunicaciones que rige desde 1972, (dictadura de Agustin Lanusse) y el Decreto 764/2000, sancionado durante el gobierno de Fernando De la Rúa. La iniciativa, que tiene 73 artículos y ayer mismo fue girada al Senado para su urgente tratamiento, le permitirá al Gobierno avanzar aún más en su objetivo de desguazar al Grupo Clarín, pero a la vez también apunta contra el negocio de las telefónicas, aun cuando les otorga ciertas ventajas para ofrecer servicios que actualmente tienen prohibidos.
Es que le da al Estado poder para intervenir de manera casi absoluta en los negocios de las operadoras de TV por cable y de Internet de Clarín, y también de las empresas de telecomunicaciones, regulando desde los precios, el tendido y desarrollo de la infraestructura de las redes; la explotación de los servicios, hasta el otorgamiento de las respectivas licencias para poder brindar estos servicios.
El anuncio, que causó sorpresa en todas las empresas del sector consultadas por El Cronista, fue realizado ayer en una conferencia conjunta que brindaron ayer el jefe de Gabinete, Jorge Capitanich; los ministros de Planificación y de Economía, Julio De Vido y Axel Kicillof, y el secretario de Comunicaciones, Norberto Berner, en el microcine del Palacio de Hacienda.
Tras aclarar que excluye de su objeto la regulación de los contenidos, el proyecto fue presentado por los funcionarios bajo el nombre de Ley Argentina Digital. Entre sus fundamentos declara a las tecnologías de la información y las comunicaciones (TIC) y al uso de las redes de telecomunicaciones como servicio público esencial y estratégico. Bajo este postulado, y con la muletilla de “garantizar la neutralidad de las redes” y posibilitar a todos los habitantes del país el acceso a estos servicios “en condiciones sociales y geográficas equitativas y con los más altos parámetros de calidad”, modifica la Ley de Medios; habilita a las telefónicas a brindar servicios de triple play; le permite a Telefónica quedarse con Telefe; elimina la larga distancia; regula los precios de la TV por cable, de Internet y de la telefonía celular.
También le otorga al Estado el rol de planificador de las tecnologías de la información y comunicaciones y de las innovaciones tecnológicas.
Además, regula las tarifas de interconexión y obliga a que con un mismo cable (red única) el usuario reciba todos los servicios en su hogar. Obliga también a las empresas a interconectarse entre sí; estable una velocidad mínima obligatoria de la banda ancha.
Para justificar este fuerte avance K en el mercado de las telecomunicaciones, el proyecto hace referencia a la necesidad de contar con un marco normativo “idóneo para el presente y las próximas generaciones”. También califica a las TIC como uno de los sectores que más contribuyen “al desarrollo económico y el bienestar social”. Habla de garantizar “el derecho humano a la comunicación”; reivindica la defensa de los intereses de los usuarios; la universalización de los servicios y asegura promover la competencia. Además, asegura que hay licenciatarios “con poder de mercado significativo” y refiere a “dificultades para el despliegue de redes.
De hecho, el ministro De Vido dijo, en la presentación, que hay “cinco empresas se dividen el 88% de las ventas y nos vacunan con las tarifas”. Sin nombrarlas, hizo referencia a Telefónica, Telecom, Claro y a las empresas del Grupo Clarín. Paradójicamente, entre estas empresas no hubo demasiadas disidencias a la hora de cuestionar, criticar y rechazar el proyecto de ley. Si bien desde el sector de las operadoras de TV por cable sostienen que la iniciativa está “pensada para que las telefónicas”, las coincidencias a la hora de advertir el avance K sobre sus negocios fue unánime. Advierten que, lejos de favorecer la competencia, la calidad y la accesibilidad de los servicios, generará menores inversiones y más dudas sobre el futuro de este sector; menor inversión en tecnología y peor calidad de servicio.
De todos modos, la Asociación Argentina de Televisión por Cable (ATVC), sostuvo que el proyecto “concentra las ventajas en Telefónica y Telecom”. A través de un comunicado, advierte que la iniciativa “consagra la ilegalidad”; “embate contra los cables y da más ventajas a las telefónicas”, y “es un golpe más contra el derecho de los argentinos a la pluralidad, la competencia, el acceso democrático a Internet”. Asegura que el acceso a la información lo garantizaron las empresas de cable, así como la “democratización” de la banda ancha, o acceso a Internet. Y acusa a la ley de afectar a empresas argentinas en pos de empresas extranjeras, “que expropia de sus inversiones a empresas medianas en beneficio de enormes corporaciones internacionales”. En este sector dicen también que equipara la red pública de las telefónicas con las redes privadas y les abre la puerta a los servicios de video. “Les permite ganar más mercado por sobre el 70% que hoy ya tienen”, acusan. También advierten sobre una “expropiación encubierta y sin indemnización de las redes de telecomunicaciones privadas”.
Sin embargo, fuentes de Telefónica salieron al cruce de estas acusaciones, mas allá de admitir que el proyecto les otorga ciertos beneficios que hasta ahora no tenían o que no podían ofrecer por recursos judiciales o frenos impuestos por la Ley de Medios. “Es cierto que nos permite el triple play, pero como todo pasa a ser servicio público, no habrá innovación y menos si también se regulan las tarifas”, señalan. Agregan que con este congelamiento de tarifas no podrán competir contra “el servicio de cable que tiene un monopolio de facto y precios libres de sus abonos y los de Internet”. En la empresa señalan que así “no hay forma de competir en el triple play, y menos si también nos obligan a compartir la banda ancha, nos imponen precios y hasta la velocidad”. En este marco, señalan que “mantener Telefe es una anécdota, ante semejante avance, que retrasa el avance de las TIC y genera incertidumbre en cuanto al futuro”. En Telefónica agregan que la norma muestra a un Estado “muy intervencionista, que va a regular los precios de todos y desincentivar así las inversiones”.
/fuente: cronista.com.ar
