A pesar de contar con una Ley Provincial que específicamente define los alcances de las tareas y las retribuciones de los profesionales en Ciencias Económicas, que actúan como auxiliares de la Justicia, la situación real es que la Ley 7.897, publicada en 2.011, en la mayoría de los casos no se cumple.
En el articulado se definen las tareas y se establece taxativamente que los Honorarios de los Profesionales variarán entre un mínimo del 4 % y un máximo del 8% sobre la base regulatoria y se establece que dichas regulaciones no podrán, en ningún caso, ser inferiores al valor de una Consulta Escrita fijada por el Colegio de Graduados en Ciencias Económicas y que, acorde a la última actualización, hoy tiene un valor de 7.590 pesos. Además la mencionada Ley establece un mecanismo para la regulación y el cobro de dichos honorarios, fijando responsabilidades para los magistrados que no den cumplimiento a dichos procedimientos.
Esta importante lucha que emprendió nuestra Entidad en pos de lograr la sanción de una Ley que proteja a la matrícula, por no existir ninguna escala de referencia, nos llevó a la creencia que permitiría a los Profesionales contar con una herramienta protectora y que al cabo de tantos años desde su sanción no dio los frutos esperados.
En la mayoría de los procesos judiciales, en forma especial en el fuero laboral, se ignoran las disposiciones legales en vigencia y las regulaciones de los magistrados distan mucho del cumplimiento de las escalas legales. Así se pueden apreciar regulaciones de montos ridículos y en otros casos se regulan honorarios equivalentes al 1 ó 2 % de la base regulatoria que sirve para todos los profesionales intervinientes.
Nuestra legislación protectora en general tiene una línea de procedimiento de regulación similar a la de los abogados, pero los valores que fija nuestro Colegio nunca superan los fijados para los profesionales del derecho, entonces en unos casos sí se cumplen los porcentajes sobre la litis y en nuestro caso esto no es así. Surgiendo la paradoja de que quienes tienen el deber de hacer cumplir las leyes, los Jueces y Magistrados en general, no la cumplen.
Esta injusta situación genera que cada vez se inscriban menos profesionales en las listas de peritos, situación que atenta contra una eficaz prestación de un servicio tan esencial para la ciudadanía como es la justicia.
Ante este panorama nuestra Institución recibió innumerables inquietudes de parte de los Profesionales Colegiados, quiénes expresaron su justificado descontento por el tratamiento recibido por parte de los Magistrados en su actuación como auxiliares de la Justicia y, a través de este medio, creemos oportuno hacer llegar un mensaje especial a los Señores Magistrados para que por la vía y forma que consideren conveniente se arbitren todos los medios a su alcance para el fiel cumplimiento de la Ley 7.897.
