Compliance, impuestos, mercado de capitales, inversiones público-privado, constitución de sociedades y ecosistema emprendedor, principales normas que impactaron en los últimos tiempos en la actividad de los estudios jurídicos corporativos.
Cada vez que en Balcarce 50 se les da por firmar algún decreto de necesidad y urgencia (DNU) o de los otros; cada vez que una iniciativa parlamentaria empieza a rodar; cada vez que se aprueba una nueva norma, la realidad de los estudios jurídicos se reconfigura.
El impacto normativo en el ejercicio profesional cambia al ritmo de las políticas y necesidades del momento y obliga a aguzar los reflejos para poder responder a tiempo.
Asuntos Legales consultó en distintas firmas de la City cuáles fueron las normas que mayores consultas y actividad les generaron en los últimos tiempos. Desde Allende & Brea, David Gurfinkel y Andrés Tarakdjian señalan que la recientemente estrenada Ley de Responsabilidad Penal de las Personas Jurídicas por delitos vinculados a la corrupción (que empezó a regir el 1° de marzo) aumentó significativamente el volumen de trabajo relacionado con la preparación, revisión e implementación de programas de integridad. “Los clientes nos solicitan que analicemos si las normas y procedimientos internos que actualmente utilizan se adecuan a las exigencias previstas en la nueva ley”, explican.
El trabajo también abarca la revisión de los contratos que los clientes firman con sus principales proveedores, para garantizar que cuenten con cláusulas específicas que les permitan terminar la relación comercial en forma inmediata y sin indemnización si se verifica un incumplimiento o desvío de la contraparte respecto de las políticas anticorrupción implementadas por los clientes.
Estas consultas provienen en su mayoría de empresas de distintos rubros e industrias, incluyendo bancos, compañías de seguros, empresas mineras, compañías vinculadas con el juego de azar, empresas de energía y laboratorios, entre otros.
Además del tema anterior, Carolina Zang, managing partner de Zang, Bergel & Viñes, apunta sobre la normativa relativa a los programas de participación público – privada (PPP), para la cual conformaron un equipo especial para el estudio y atención de consultas.
También destaca diversas consultas sobre el reciente DNU que produjo modificaciones en normativas de distintos ámbitos, incluyendo la legislación comercial y marcaria, más allá de que en breve podría ser reformulado para evitar planteos de inconstitucionalidad.
Adicionalmente, fue “motivo de numerosas reuniones y requerimientos la reforma tributaria sancionada a fin de año, la mayor en muchas décadas, de alto impacto para las empresas y personas, que rebaja impuestos distorsivos, grava la renta financiera y modifica gravámenes internos, así como el proyecto de reforma y blanqueo laboral, que actualmente ha quedado standby a partir del conflicto y división sindical”, apunta Zang.
En efecto, la ley 27.430 es considerada la mayor reforma tributaria de los últimos 25 años, al menos, comprendiendo aspectos que hacen no solo a diversos impuestos en especial, sino también al derecho tributario adjetivo (procedimiento) y al derecho penal tributario, enmarca.
Con un fuerte historial de trabajo en la materia, en ZBV también recibieron numerosos requerimientos vinculados con los proyectos de reformas a las leyes de mercado de capitales y defensa de la competencia, ambas con media sanción en el Congreso. A eso se suman las que trajeron las nuevas resoluciones de la Comisión Nacional de Valores, en particular sobre gobierno corporativo y emisor frecuente. “Esta inclusión busca simplificar los procesos de autorizaciones de oferta pública de quienes sean reconocidos como tales para que puedan aprovechar las oportunidades y ventajas que se generan en los momentos más favorables del mercado”, explica.
Por último, vinculado a nuevos proyectos y emprendimientos de venture capital, reciben muchas consultas sobre la Ley de Emprendedores, que incluye la creación de las Sociedades Anónimas Simplificadas o SAS, crowdfunding, fomento impositivo, fondos de aceleración y expansión.
“En buena medida -resume Zang-, todas las reformas mencionadas están motivadas en la intención del gobierno de fomentar y facilitar la inversión y de contar con normativa “homologable” para facilitar el ingreso del país a la OCDE”.
Más disparadores
Desde Beccar Varela, Luciana Denegri (mercado de capitales), Manuel Beccar Varela (derecho penal empresarial) y María Fernanda Mierez (societario), miden distintos pulsos.
En cuanto a la normativa de la Comisión Nacional de Valores, la Resolución General 718 del 4 de enero de este año incorpora la posibilidad de emitir valores negociables a denominarse en Unidades de Valor Adquisitivo (UVA), actualizables por el Coeficiente de Estabilización de Referencia (CER) o en Unidades de Vivienda actualizables por el Índice del Costo de la Construcción. Dichos valores negociables podrían ser obligaciones negociables, valores fiduciarios y emisiones de cuotapartes en fondos comunes de inversión, todos ellos con un plazo de amortización no inferior a dos años contados desde la fecha de emisión.
“De esta forma, la CNV dio sustento normativo a un producto que se había comenzado a utilizar en el mercado con anterioridad a su regulación (principalmente por parte de los bancos), y por otro lado permite la emisión de este tipo de producto tanto a los bancos como a los restantes emisores de títulos de deuda (tanto de obligaciones negociables como de otro títulos)”, explica Denegri, y agrega: “Hemos visto en estas últimas semanas un gran interés en el mercado en utilizar este nuevo producto, que entendemos que tendrá un impacto positivo en el mercado de capitales”.
Manuel Beccar Varela señala, por su parte, que la implementación de la Ley de Responsabilidad Penal de las Personas Jurídicas ha generado una “gran cantidad de consultas de empresas locales que no tenían siquiera códigos de conducta implementados y que, como contratan con el Estado Nacional, deben implementar programas de integridad”.
Lentamente, las compañías locales se van adaptando a los estándares internacionales en la materia, dice, y esta ley es “de mucha utilidad en ese sentido, porque genera un cambio cultural a nivel empresario e iguala las reglas del juego”.
Las multinacionales, en tanto, que ya tienen implementados hace años manuales y códigos de ética por sus casas matrices, centran sus consultas en la adaptación a la ley local. “Lo más relevante a mi modo de ver de la ley, radica en la posibilidad de juzgar a la persona jurídica de manera separada de las personas físicas que la gobiernan por hechos de corrupción, circunstancia que no se da en otras leyes, como la penal tributaria, aduanera, etcétera”, analiza el penalista, a modo de respuesta para una de las consultas que dice recibir con mayor frecuencia.
Incluso, la ley prevé que la empresa como entidad autónoma deba proveer a su defensa, y hasta nombrar representante para ser indagada por el juez. Y el juez puede incluso nombrarle un defensor oficial si detecta intereses contrapuestos con sus directivos.
Desde la perspectiva societaria, Mierez agrega que a partir de la sanción de la Ley 27.349 (de apoyo al capital emprendedor), que creó la mencioanda figura de la Sociedad por Acciones Simplificada, apareció un nuevo tipo societario que tiene reglas de funcionamiento más flexibles y menores costos de mantenimiento que las sociedades comerciales tradicionales.
“Se destaca por la agilidad de su proceso de inscripción inicial, que podrá obtenerse en un plazo de 24 horas, contadas desde el día hábil siguiente a su presentación, así como también la obtención en forma simultánea de la Clave Única de Identificación Tributaria (CUIT), requisito indispensable para que una sociedad pueda operar”, define.
La reducción de los plazos y costos de inscripción, así como la simplificación en los registros digitales (ya no son necesarios los libros físicos tradicionales para reflejar los actos societarios ni la contabilidad) fue lo que llevó, por lo menos en el ámbito de la Ciudad de Buenos Aires, a que se publiquen un promedio de 30 SAS por día en el Boletin Oficial, desde la sanción de la ley, cuantifica.
El fenómeno de la simplificación de los trámites necesarios para tener una sociedad operativa, si bien empezó con las SAS, parece que llegó para quedarse, pues recientemente la Inspección General de Justicia habilitó que las Sociedades de Responsabilidad Limitada se inscriban en un plazo de 24 horas, y a partir de abril próximo hará lo propio con las Sociedades Anonimas tradicionales.
Estas simplificaciones y flexibilidad alineadas con lo que pasa en otros lugares del mundo, aventura Mierez, será “muy bien visto a la hora de invertir en la Argentina”.
Por su parte, Cristian Krüger, recientemente incorporado como socio al estudio Mitrani, Caballero & Ruiz Moreno para fortalecer y expandir el área de compras y ventas de empresas y aspectos comerciales, señala que en virtud del crecimiento del nivel de actividad notan un “paulatino aumento del interés de los inversores en diversos proyectos de inversión en el país, que en años anteriores ni siquiera eran sometidos a consideración de los directorios en las compañías extranjeras”.
El tema de la SAS, destaca, representa un notorio avance con respecto a las alternativas disponibles, presentando “aspectos muy flexibles que se adaptan a todo tipo de necesidades”.
También en lo relativo a la reciente Ley de Responsabilidad Penal Empresaria en su estudio aumentaron las consultas y, al igual que el resto de los consultados, acompañan a varios de sus clientes en el diseño de los programas de integridad, en consistencia con los requerimientos de la nueva normativa local, la de la OCDE y los requerimientos de las Naciones Unidas.
Por su parte, agrega, la Unidad de Información Financiera, (UIF) modificó su enfoque, que ahora está basado en riesgo. “Se exige una mayor responsabilidad a los sujetos obligados, quienes son los que se encuentran en mejor posición para identificar inicialmente casos de potencial lavado y reportar sólo aquellos que representan un riesgo”, explica. En función de ello, están asesorando a aquellos clientes que son sujetos obligados a revisar el diseño y funcionamiento de sus políticas de prevención de lavado de dinero.
“Nuestro equipo de impuestos está trabajando en procesos de reorganización y reestructuración local e internacional, considerando los efectos de la reciente reforma fiscal, anticipando soluciones, aún cuando todavía estamos a la espera de la reglamentación de la ley”, añade.
Además, añade que en el sector de las energías renovables “seguimos asesorando a diversos clientes, tanto en su participación en las sucesivas rondas de RenovAr, como en operaciones de compras de proyectos adjudicados”.
Por último, a raíz del esquema de PPP, están representando a un grupo colombiano en su participación en la primer licitación lanzada por Vialidad Nacional para “Red de Autopistas y Rutas Seguras”, cuenta.
Normas para tener en cuenta
– Ley de Responsabilidad Penal de las Personas Jurídicas (rige desde el 1° de marzo).
– Reforma tributaria, aprobada a fines del año pasado.
– Ley de Emprendedores / SAS / Capital emprendedor
– Participación Público Privada (PPP), con los desarrollos en infraestructura puestos en la mira.
– Megadecreto de Necesidad y Urgencia de “desburocratización” (DNU 27/2018), con impacto en diferentes rubros jurídicos y de los negocios.
