Dos días después de que comenzara a regir la obligatoriedad para comercios y monotributistas de contar con medios electrónicos de pago, la polémica recién empieza. Y es que, además de las quejas por los costos de las comisiones del POS (el dispositivo que se utiliza para efectuar pagos con tarjetas), entre distintos profesionales reina la incertidumbre. Una ronda de consultas de LA NACION arrojó que los martilleros no saben si están alcanzados por la disposición, los traductores desconocen qué opción les conviene si adoptan alguno de los sistemas y los contadores se oponen a contratar el servicio.
Natalia es traductora pública de inglés y monotributista. Hace unos días se enteró por colegas que podía estar alcanzada por la disposición de la AFIP. Consultó al Colegio de Traductores Públicos de la Ciudad de Buenos Aires (Ctpcba) y la respuesta que recibió es que, si trabajaba con consumidores finales, “podía estar expuesta” a sanciones como multas de entre $300 y $30.000 si no tenía medios electrónicos de pago. De acuerdo con esto, está analizando distintas alternativas, desde ponerse el POS hasta adherirse a Mercado Pago.
Otros con dudas son los martilleros y corredores inmobiliarios. Según el presidente del Colegio Único de Corredores Inmobiliarios de la Ciudad (Cucicba), Armando Pepe, están recibiendo muchas consultas de los colegiados, pero aún no tienen una respuesta de la AFIP. “Estamos en consulta con ellos desde los primeros días de febrero y aún no tenemos una versión definitiva”, afirmó.
Otros profesionales y colegios tienen una mirada concreta sobre el tema. Es el caso del de Ciencias Económicas (Cpcecaba). Según la interpretación que hace el vicepresidente de la entidad, Armando Lorenzo, el servicio que dan “no es de carácter masivo” y por lo tanto no debería estar alcanzado por la medida.
“Cuando salió la norma (ley 27.253) hablé con autoridades de la AFIP y les dije que no era para todos. Luego, sacaron la circular del 28 de abril de 2017 y se aclaró que se trata de la venta de productos y servicios a consumidores finales. El servicio de los profesionales en Ciencias Económicas no es un servicio a un consumidor final. No es un negocio en el que se vende algo y el que lo compra lo consume. No son servicios de carácter masivo, es un servicio personal”, aseguró y dijo que la aplicación para ellos “no corresponde”.
Adrián, contador, acordó con la institución que lo representa. “Me parece que hoy un profesional que tributa impuestos como corresponde ya contribuye con el Estado con más de la mitad de su ganancia bruta. Al profesional, que agrega valor a la sociedad, ya no le queda oxígeno para seguir soportando nuevos costos/gastos de forma mandatoria”, dijo.
Otros que acompañaron la opinión de los contadores fueron los representantes del Colegio de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires. Según su presidente, Claudio Caputo, si bien apoyan “toda medida que fomente la transparencia de la economía, tampoco se le puede trasladar a la sociedad los costos” del blanqueamiento.
“El escribano tiene una función pública y es un agente de retención de impuestos. Trasladar esas cargas al bruto de una transacción sería un error. No se le podría trasladar el costo bruto de esa transacción porque no representaría el acto en sí mismo”, sostuvo. Y señaló que “hay que encontrar mecanismos que faciliten la operatoria”.
“El notariado acepta pagos por transferencia y eso es un claro ejemplo de contribuir a la transparencia de la economía. También se están trabajando convenios con instituciones financieras para bancarizar la mayor cantidad de operaciones y de obligaciones del escribano”, completó Caputo.
Por último, el presidente del Colegio Público de Abogados de la Capital Federal (CPACF), Jorge Rizzo, coincidió en que “el profesional no es un prestador de consumo masivo, no es un comerciante”.
“Me parece que está hecho para grandes estudios con una facturación importante, no me suena que sea lógico para el pequeño profesional de cualquier carrera, que hace operaciones pequeñas. Haberlo generalizado es, cuanto menos, apresurado”, afirmó y aclaró que primero van a pedirle al Gobierno que haga la excepción y, si no la hace, irán por la vía judicial.
