14 julio 2016.- Cuatro meses después de que salió a la luz que acumulaba una deuda fiscal por $ 8000 millones, Cristóbal López ya no puede disponer de su patrimonio. La Justicia ordenó ayer la inhibición general de todos sus bienes, los de su socio y lugarteniente, Fabián de Sousa, y los de todas las empresas que integran el Grupo Indalo. Así, no podrá vender el banco Finansur ni sus medios de comunicación, como tampoco sus inmuebles, autos, yates, acciones o caballos de carrera.
El juez federal Julián Ercolini ordenó congelar todos los activos de López y su emporio con un objetivo explícito: dijo que busca evitar que se insolvente o que se reduzcan las posibilidades de que el Estado recupere todo o al menos parte de esos $ 8000 millones, al acceder a un pedido de la AFIP.
“Estimo que con relación a las medidas propiciadas -explicó Ercolini en su resolución-, en su mayoría resultan de razonabilidad suficiente para prevenir manejos, transferencias o disposiciones de bienes y/o ganancias que podrían constituir, en definitiva, el producido o provecho del delito bajo pesquisa”, indicó.
La inhibición general es la segunda medida de fondo que tomó Ercolini en la investigación. El 24 de junio citó a indagatoria al ex titular de la AFIP Ricardo Echegaray, al ex jefe de la DGI Ángel Rubén Toninelli y a otros 18 funcionarios del organismo, por una supuesta defraudación contra el Estado, en la que López y De Sousa también serán indagados, a fines de agosto, como partícipes necesarios.
El juez dispuso, sin embargo, que la inhibición alcance a López y a De Sousa,pero no a sus socios en varias actividades. No afecta, por ejemplo, a Ricardo Benedicto o a los otros accionistas de Casino Club ni a Marcelo Tinelli, por la productora Ideas del Sur.
La inhibición sí abarca, en cambio, a todas las empresas del grupo. Entre otras, la petrolera Oil Combustibles SA, Álcalis de la Patagonia (Alpat), la constructora CPC, Ganadera Santa Elena SRL, la productora Ideas del Sur y la Inversora M&S, la financiera que recibió al menos $ 3300 millones que Oil no giró a la AFIP. También, La Salamandra SA, Oil M&S, la fábrica Paraná Metal, Petrolera Cerro Negro, South Mineral SA, Telepiu SA -controlante del canal de cable C5N- y Votionis SA -Radio 10-.
El juez accedió así al pedido que presentó el abogado Ricardo Gil Lavedra para que la AFIP fuera aceptada en la causa penal como “actor civil”. “A raíz de las maniobras ilícitas consignadas por el peticionante -convalidó Ercolini-, “se advierte que habrían conllevado un perjuicio económico millonario contra las arcas del Estado nacional, monto que incluso se habría visto incrementado por diversos desembolsos que tuvieron que llevarse a cabo con miras a lograr el recupero de aquellas sumas dinerarias.”
Para el actual titular de la AFIP, Alberto Abad, significó un doble avance: por un lado, al disponer la inhibición y, por el otro, al colocar al organismo como “actor civil” de la mano de Gil Lavedra -uno de los integrantes de la Cámara Federal que juzgó a las juntas militares-, cuando su antecesor en el cargo Ricardo Echegaray había designado como defensor a otro integrante de aquel tribunal, León Arslanian.
Echegaray también se había presentado ante Ercolini, pero le fue peor. En un escrito que firmó con el sello de “Presidente-Auditoría General de la Nación”, acusó a Elisa Carrió de “direccionar e imprimir en forma mordaz el curso” de la pesquisa y defendió la “legalidad” de su gestión al frente de la AFIP. Para eso, Echegaray citó como ejemplo comparativo cómo actuó ante los planes discrecionales de pago que pidieron Oil Combustibles y otras empresas, y su respuesta a la solicitud de la ex Ciccone Calcográfica.
“Un solo plan fue rechazado de mi puño y letra, el pedido por Ciccone, ya que pedía algo que la ley no habilita, la condonación de intereses y multas”, remarcó Echegaray en alusión a la empresa por la que se encuentran procesados y rumbo al juicio oral el ex vicepresidente Amado Boudou y su presunto testaferro, Alejandro Vandenbroele, y en la que él mismo se encuentra imputado.
Sin embargo, Ercolini rechazóin limine la presentación de Echegaray. Le recordó que su indagatoria será “la oportunidad en la que puede ejercer su defensa material y realizar sus alegaciones orientadas a oponerse a la hipótesis de la imputación”.
Por el contrario, el magistrado accedió a otros dos pedidos de Gil Lavedra. Por un lado, le pidió al Juzgado en lo Contencioso Administrativo Federal que impuso un veedor en varias empresas del Grupo Indalo le remita “copias certificadas” de sus informes. Por el otro, le solicitó al juez de Comodoro Rivadavia Gustavo Toquier que le envíe el concurso de Oil Combustibles que López intenta mantener en Chubut y es el centro de otra disputa con la AFIP. Lo hizo ad effectum vivendi, es decir, sólo para verlo y, llegado el caso, tomar más medidas después.
Fuente: /lanacion.com.ar
