18 Feb 2016.- Detenida desde el 16 de enero, Milagro Sala se encuentra acorralada en la Justicia, que la investiga por dos denuncias radicadas en su contra por presunta asociación ilícita y malversación de caudales. Y las malas noticias seguirán llegando para la dirigente social, por cuya liberación ayer se realizaron piquetes en todo el país. En los próximos días, llegará a la Unidad de Información Financiera (UIF) un pedido de informes remitido desde organismos oficiales de Jujuy para que se indague sobre presuntos reportes de operaciones sospechosas realizadas por cooperativas que dependían directamente de Sala.
Fuentes del sector le confirmaron a El Cronista que al despacho del titular de la UIF, Mariano Federici, llegará el pedido para que se investiguen $ 3200 millones en fondos que el Estado nacional le giró a Jujuy de 2003 a 2015 para construir viviendas. Buena parte de ese dinero fue destinado a cooperativas vinculadas a Sala, contra quien se abrieron dos causas penales por asociación ilícita, ambas relacionadas con cómo se gastaron $ 29 millones destinados a obras y que las cooperativas cobraron en bancos en noviembre del año pasado.
Según la solicitud de informes, el dinero era girado desde Nación al Instituto de Vivienda de Jujuy (IVUJ), que los derivaba a los municipios y que luego era cobrado por cooperativistas, a través de cheques de $ 50.000 que se endosaban. El destino de ese dinero, que se tenía que utilizar para construir viviendas, es incierto y también se busca saber si las cooperativas eran ficticias. La mayoría tenía domicilio en la calle Alvear 1142, sede de la organización barrial Tupac Amaru que lidera Sala.
La unidad antilavado, una vez que reciba el informe, deberá decidir si abre la investigación. En el texto que enviarán organismos oficiales a la UIF se pedirá puntualmente que se averigüe cuál era el rol de una organización local conocida como “Pibes Villeros”. Así, aseguran fuentes del caso, se podría lograr que las causas contra Sala dejen de ser provinciales y pasen a la justicia federal.
En paralelo, en la Auditoría General de la Nación se aprobó ayer la realización de una auditoría de corte de la provincia de Jujuy y cómo se utilizaron los fondos nacionales que le giró el kirchnerismo a la provincia hasta el 9 de diciembre del año pasado, cuando se terminó el mandato de la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner.
Según datos que contiene el informe que se elevará a la UIF fueron 3200 millones los fondos asignados por Nación a Jujuy en los 12 años del kirchnerismo sólo para la construcción de viviendas. Cuando Milagro Sala comenzó a aparecer en escena y a ganar terreno con sus cooperativas, una gran parte de ese dinero fue administrado por dirigentes vinculados a ella.
A Sala la detuvieron a mediados de enero, luego de un largo acampe en rechazo al recién llegado gobernador jujeño Gerardo Morales. En aquel momento fue encarcelada por incitar al tumulto, pero posteriormente se iniciaron otras tres denuncias en su contra, todas por asociación ilícita y malversación. La inicial la hicieron cooperativistas, otra la presentaron las nuevas autoridades del IVUJ y la restante la realizó el fiscal de Estado de Jujuy Mariano Miranda.
Miranda aseguró que le enviará al Papa y a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) copia de las pruebas que recolectó la justicia sobre cómo Milagro Sala y la Tupac Amaru “se quedaban con fondos públicos” destinados a obras y dijo que llegaron a cobrar “$ 14 millones en un día”.
En una entrevista con AM1110, Miranda recordó que Sala “nunca estuvo detenida por el acampe” sino por “instigación al delito y tumulto”, porque los cortes de calle impidieron “el funcionamiento normal del Estado y estuvo incitando a cometer delito” a distintas personas.
El fiscal también dijo que “pueden faltar otros $ 75 millones más” y “que le detallará el caso no sólo al Papa, sino a la CIDH para poner en conocimiento pruebas que tiene el juez de la causa”.
Fuente: / cronista.com.ar
