19 DIC 2014 La fuerte disputa dentro del Gobierno que comenzó hace unas tres semanas para modificar el precio de los combustibles como consecuencia de la baja de casi un 40% del precio internacional del petróleo al parecer tiene un ganador. En las últimas horas y luego de llegar de la reunión del Mercosur, el ministro de Economía Axel Kicillof habría decidido reducir el precio de los combustibles entre un 5 y 10% con el acuerdo del gobierno nacional.
En los últimos días el Gobierno a través de la secretaria de Energía Mariana Matranga, la estatal YPF a cargo de Miguel Galuccio y las provincias petroleras integrantes de la Organización Federal de los Estados Productores de Hidrocarburos (OFEPHI) estaban negociando un nuevo precio del local del barril de petróleo que se cotiza 83 dólares frente al precio internacional de 55 dólares actuales.
En la secretaria de Energía y allegados a algunos gobernadores provinciales reconocen que “se está negociando un mecanismo para evitar que la caída de los precios internacionales no afecte las ventas de la industria“, pero fuentes del Ministerio de Economía han admitido que se está estudiando el tema. El problema es que una baja en el precio de los combustibles podría afectar directamente las ventas de YPF, que tiene el 60% de la venta del mercado de nafta y gasoil, por cuanto es la petrolera estatal la que se opone a la baja.
Pero quien debe decidir y quien tiene más poder en este tema es el ministro Kicillof. De acuerdo a la reglamentación de la Ley de Soberanía Hidrocarburífera es, junto al secretario de Comercio Augusto Costa, quien determinará, entre otras funciones, los “precios de referencia” de los combustibles. Ellos son en la actualidad quienes deben definir los precios de naftas y combustibles y las ganancias que tendrán las petroleras, como así también los planes de inversiones que deberán cumplir en forma obligatoria durante un año, según una nueva normativa publicada en el Boletín Oficial del 27 de mayo de 2012 y reglamentada el 27 de julio de ese año.
En ese decreto se creó además una Comisión de Planificación y Coordinación Estratégica del Plan Nacional de Inversiones que está a cargo del secretario de Política Económica y Planificación del Desarrollo del Ministerio de Economía, Emanuel Álvarez Agis. Esa comisión está conformada también por un representante de la Secretaría de Energía, a cargo de Mariana Matranga, y otro de la Secretaría de Comercio que conduce Augusto Costa, de acuerdo al decreto 1.277 referido a la estatización del 51% de las acciones de YPF que estaban en poder de Repsol. Por lo tanto, Kicillof y tres funcionarios que responden a él y a la agrupación La Cámpora son los encargados de decidir.
La ley 26.741 fue reglamentada el 3 de mayo de 2012 y declaró de interés público nacional “el logro del autoabastecimiento de hidrocarburos”. Además, creó el Consejo Federal de Hidrocarburos y declaró de utilidad pública y sujeto a expropiación el 51% del patrimonio de YPF S.A. y Repsol-YPF Gas S.A. El artículo 27 de dicha ley dice que “a los fines de asegurar precios comerciales razonables, la comisión de Planificación y Coordinación Estratégica del Plan Nacional de Inversiones Hidrocarburíferas establecerá los criterios que regirán las operaciones en el mercado interno. Asimismo, publicará precios de referencia de cada uno de los componentes de los costos y precios de referencia de venta de hidrocarburos y combustibles, los cuales deberán permitir cubrir los costos de producción atribuibles a la actividad y la obtención de un margen de ganancia razonable“.
El problema es que las empresas refinadoras como YPF, Petrobras y Shell están comprando a las productoras locales el barril a 83 dólares. Este es el valor de referencia del crudo tipo Medanito. En tanto que los estudios de factibilidad de YPF indican que se necesita ese precio para poder mantener el nivel de rentabilidad de un yacimiento como Vaca Muerta, de lo contrario será muy difícil conseguir más inversiones. Por lo tanto la única posibilidad para que baje el precio de los combustibles a nivel local como ocurre en el resto del mundo es reducir ese precio que fijó el Estado en el 2012 cuando se hizo cargo del paquete mayoritario de YPF.
Hay que destacar que por la baja en el precio internacional del petróleo, la Argentina podría reducir su déficit energético en unos u$s2.500 millones de acuerdo a las estimaciones de algunos expertos en el tema.
Por lo que ha trascendido hasta ahora -y no ha sido desmentido por los funcionarios- las autoridades del Palacio de Hacienda piensan que una baja en el precio de los combustibles haría bajar la inflación y también podría mejorar los debilitados niveles de consumo de combustibles que, de acuerdo a los últimos datos de octubre, tuvo una caída del 1,8 por ciento. Las ventas de naftas cayeron un 2% y las del gasoil, un 1,5%, en tanto el precio de la nafta aumentó un 60% si se lo mide en términos interanuales.
Como los impuestos representan hoy el 60% del precio de venta de los combustibles, existirá la posibilidad de recortar alguno de esos gravámenes para bajar los valores al público, pero esta no es una variante que prefieren los funcionarios de Economía, quienes estarían más a favor de bajar el precio regulado del crudo a nivel local de 83 dólares el barril.
/fuente: infobae.com
