20 MAY 2015.- La Administración Federal de Ingresos Públicos(AFIP) frenó una intimación a la nave insignia de Lázaro Báez, Austral Construcciones, durante la investigación que desarrollaron sus sabuesos por la millonaria utilización de facturas truchas en Bahía Blanca, según surge de documentos oficiales cuyas copias obtuvo LA NACION y fuentes al tanto de la operatoria.
La protección de Báez quedó en manos del entonces jefe de la División Investigaciones de la Regional Bahía Blanca, Norberto Filipini. Detuvo un requerimiento de información que desde hace cuatro años está listo para ser enviado a la constructora de este empresario con múltiples vínculos comerciales con la familia Kirchner.
Ese requerimiento de la AFIP se plasmó en el formulario 8600/l, que se encuentra en las fojas 21 y siguientes del expediente interno de la AFIP sobre la Constructora Patagónica Argentina -una de las firmas bahienses acusadas de emitir facturas truchas-, cuya copia obtuvo LA NACION.
La intimación ya había sido firmada por el investigador a cargo del caso, el contador Leandro Scafetto, y tenía incluso preparado el aviso de retorno y pegada la calcomanía para el Correo Argentino. Pero nunca salió de las oficinas de la AFIP. Por eso luego se cruzó el formulario con un par de líneas de birome, se escribió “anulado” y se consignó sobre el encabezado la leyenda “=Sin enviar=”.
Consultados ayer por LA NACION, voceros del titular de la AFIP indicaron que “no está remitido el requerimiento a Austral Construcciones”, por lo que calificaron de “falso” que se haya frenado la intimación. “Los requerimientos fueron enviados a los proveedores, y Austral Construcciones no era proveedor”, argumentaron.
Cerca de Báez, en tanto, indicaron que el empresario contrató “de buena fe” a las firmas bahienses, que “deberán hacerse cargo si no estaban en regla”, y que siempre que la AFIP le pidió alguna documentación Báez “se presentó y explicó cómo operaron y operan sus empresas”.
¿Qué estaba por reclamarle a Báez la Regional de Bahía Blanca ya en 2011? Que en un plazo de 10 días le presentara todos los papeles de su vínculo con Constructora Patagónica Argentina SA, cuyos dueños admitieron a LA NACION que arrastran problemas impositivos, pero que atribuyen a facturas que ignoraban que eran falsas del segundo grupo de empresas bajo sospecha, propiedad del bahiense Silvio Ficcadenti.
Hasta que llegó la orden de paralizar la intimación, los sabuesos de la AFIP en esa ciudad habían detectado que Austral había utilizado facturas truchas, durante años y por decenas de millones de pesos, emitidas por tres grupos de empresas locales, según reveló LA NACION en octubre pasado tras una investigación que se extendió por diez meses.
Esa facturación falsa le permitió a Báez reducir los impuestos que pagó durante años a la AFIP, que optó por concentrar sus pesquisas sobre las empresas emisoras de esas facturas apócrifas, pero no sobre Austral.
Un día después de que LA NACION revelara esa operatoria, Echegaray dio una conferencia de prensa en Buenos Aires con el titular de la DGI, Ángel Toninelli, a su derecha. Confirmó que esos tres grupos empresarios de Bahía se encontraban bajo fiscalización y dijo que al menos una de las firmas, Calvento SA, de Ficcadenti, era “una usina de facturas falsas”.
VÍNCULOS CON CRISTINA
Durante esa conferencia de prensa, del lunes 21 de octubre, Echegaray buscó además separar a la Presidenta de Báez. Remarcó que no eran socios. Pero un día después, y ante nuevas revelaciones, admitió que tienen “vínculos comerciales”.
Echegaray también negó que la AFIP diera protección especial a Báez y criticó a los medios por concentrar su atención en el empresario. “Parecería que el único caso de facturas truchas fuera el de Báez”, planteó.
Los nuevos documentos que obtuvo LA NACION muestran, sin embargo, que esa protección -que en el caso de Gotti Hermanos, otra constructora vinculada a Báez, ya había provocado antes el desplazamiento de varios funcionarios en Comodoro Rivadavia y Buenos Aires- tomó formas concretas en Bahía Blanca desde al menos marzo de 2011. Así consta en el requerimiento que nunca se envió a Austral, encabezado con el logo de la AFIP y la leyenda “2011 – Año del Trabajo Decente, la Salud y Seguridad y de los Trabajadores”.
¿Qué habían logrado verificar los sabuesos hasta que los frenaron? Que Constructora Patagónica Argentina mostraba “ventas y costos similares y superiores a 10 millones de pesos en el período fiscal 2010. [Pero] No presenta Sicore (por el sistema que controla las retenciones). Se solicita verificar los libros del impuesto al Valor Agregado”, expuso Scafetto en otro documento interno.
Ante la Justicia, Báez ya fijó su posición sobre los indicios que llegan desde Bahía Blanca. En un escrito que presentó a fines de 2014 ante el juez Sebastián Casanello en la causa por supuesto lavado de activos, negó todas las imputaciones y hasta refutó a Echegaray, al negar que Calvento SA fuera una usina de facturas truchas.
Austral, afirmó Báez, no recibió “ni una sola factura contabilizada y que incida en sus declaraciones juradas impositivas” que sea apócrifa. Para eso defendió sus relaciones con Constructora Patagónica, Terrafaris, Grupo Penta y Calvento.
El empresario calló, sin embargo, sobre el vuelo de su lugarteniente, Claudio Bustos, a Bahía Blanca, el 23 de julio pasado. Allí se reunió con la jefatura local de la AFIP y un contador de los Ficcadenti en el despacho del piso 7 del jefe de la Regional, Juan Pablo Fridenberg. Juntos ajustaron el plan de pagos al que se acogió Penta.
En Buenos Aires, en tanto, Báez, Echegaray, los Ficcadenti, Fridenberg y Filipini ya fueron imputados por el fiscal Guillermo Marijuan como supuestos integrantes de una “asociación ilícita fiscal”.
Pero la operatoria continúa. En la Regional Bahía Blanca fotocopiaron todas las actuaciones y las enviaron con destino desconocido. Y Filipini se encuentra a un paso de otro ascenso: asumiría al frente de la Dirección Regional Neuquén./lanacion.com.ar
