22 OCT 2014 Horas antes de que la presidenta Cristina Fernández de Kirchner anunciara por cadena nacional el envío al Congreso del proyecto de ley del nuevo Código Procesal Penal, desde la Corte Suprema de Justicia mandaron una señal a la Casa Rosada. El alto tribunal acordó la creación de un nuevo cuerpo de peritos especializados para casos de corrupción y lavado de dinero en la administración pública, que estará a disposición de todos los jueces federales y nacionales que investiguen causas de esa índole. La decisión se interpretó como una señal al Gobierno respecto al nuevo Código, que busca darle mayor poder en las investigaciones penales a los fiscales en detrimento de los jueces federales.
Con la firma de Ricardo Lorenzetti, Elena Highton de Nolasco, Carlos Fayt y Juan Carlos Maqueda, los cuatro jueces que formarán la Corte en 2015, y sin el respaldo de Eugenio Zaffaroni, que se jubilará en enero, el tribunal dispuso la creación del nuevo cuerpo, que contará con diez especialistas surgidos de concursos, y que actuarán ante “casos de corrupción y delitos contra la administración pública”, en consonancia con lo establecido por la Convención Interamericana y la Convención de la ONU sobre Corrupción.
Según la Corte “es tarea de todos los poderes del Estado, y en particular, de los jueces, agilizar los procesos en los que se combate la corrupción. Ello se vincula con la necesidad de satisfacer el mandato constitucional, el valor de integridad de la función pública, la credibilidad que en ella deben tener los ciudadanos, así como el derecho de todo funcionario a obtener una sentencia definitiva”. Ese extracto del acuerdo de los jueces tiene que ver con la decisión de modificar el Código Procesal Penal y pasar así de utilizar el sistema inquisitivo al acusatorio, delegando más responsabilidad en los fiscales. Desde hace tiempo existen cortocircuitos entre la Corte y la Procuración General que encabeza Alejandra Gils Carbó, jefa del Ministerio Público Fiscal. Para investigar casos de lavado de dinero, precisamente, la Procuración creó hace dos años la Procelac, a cargo del fiscal Carlos Gonella.
Los nuevos peritos se sumarán a los 13 que ya están en funciones y los diez cargos que están en concurso, pero tendrán una competencia específica en casos de corrupción, criminalidad económica y lavado de activos, siempre que sean en el marco de la función pública. El principal caso de corrupción vinculado a funcionarios del Estado en la actualidad es Ciccone, el que involucra al vicepresidente Amado Boudou, procesado en ese expediente. Justamente, desde la IGJ –dependiente del Ministerio de Justicia– reconocieron que perdieron información trascendente vinculada a dicha causa.
/fuente: cronista.com.ar
