La legislación laboral y cualquier modificación en este ámbito representan un terreno espinoso para el Gobierno. Pero es un frente por el que, pese a los reclamos y críticas de sindicatos y empresas, ha decidido transitar en el marco de la crisis que aqueja al país.
De hecho, en los últimos días la administración de Alberto Fernández se dedicó a enmendar algunos cambios laborales que se sacaron un poco a las apuradas, en el marco de la Emergencia Económica, y que generaron tensiones de diverso tipo.
Probablemente, una de las más polémicas fue la de determinar el regreso de la doble indemnización por despido sin causa. Fue una de las primeras iniciativas del Gobierno apenas asumió, y la rubricó el propio presidente Alberto Fernández con el Decreto de Necesidad y Urgencia 34/2019.
Según los expertos, a la medida le faltó en su redacción excluir a trabajadores que tienen convenios y modalidades de trabajo particulares, como los del campo o la construcción, pero también a los empleados y ejecutivos de empresas controladas por el Estado, cuyos puestos –muchas veces políticos- se rigen por el régimen de Contrato de Trabajo.
Se esperaba que esta plana alta ejecutiva vinculada al Gobierno anterior se fuera sin que se lo pidieran y dejara el lugar para los directivos designados por la administración entrante. Pero no fue así y, además, estos profesionales exigieron su derecho a recibir doble indemnización por su desvinculación, algo que Cambiemos bloqueó durante su gestión.
Así las cosas, esta semana se publicó otro nuevo decreto (156/2020) para dirimir esas disputas que se encuentran sobre la mesa con los ejecutivos salientes en empresas como Aerolíneas y el Correo Argentino, entre otras. Con la medida, el Gobierno buscó poner fin al reclamo de doble indemnización por parte de empleados públicos y de trabajadores de empresas controladas por el Estado, refrendando que no corre para ese segmento de los empleados registrados.
No obstante, el propio ministro de Trabajo, Claudio Moroni, salió esta semana a aclarar que la medida original diseñada por el Ejecutivo no solo fue necesaria sino que también tuvo éxito en su objetivo de frenar lo que desde el Gobierno interpretan que era una “ola de despidos” en empresas privadas, motivada por la caída en la actividad y en el consumo.
“Ha parado la locura que vivimos el año pasado. Y hoy no vemos una caída de empleo importante”, enfatizó el funcionario en una entrevista a Radio 10, y agregó además que “por primera vez en mucho tiempo, por muy leve diferencia, vemos que hay mayor cantidad de empresas que buscan tomar gente en vez de despedir, en sectores muy aislados. Ante esto, somos tímidamente optimistas”.
Al igual que había afirmado días atrás, reiteró que la vigencia el decreto 34/2019 de doble indemnización terminará en junio, tal como estaba en la letra del texto. “Hoy no vemos elementos para extender una medida excepcional más allá de 180 días. Tenemos vocación de normalizar la situación”, enfatizó.
Y subrayó que “la Ley de Contrato de Trabajo y la de empleo generan buenas protecciones. Lo nuestro, con la doble indemnización, fue una situación de excepción a fin de parar un movimiento drástico, casi psicológico, de que todo el mundo estaba desarmando sus empresas”.
Como además el Gobierno considera que no hay mayores reclamos sindicales en medio del inicio de negociación de paritarias, que los sueldos se han venido recomponiendo -también mediante aumentos por decreto– y pronto se convocará a una reunión del Consejo del Salario, no es necesario prolongar la vigencia de la doble indemnización para proteger el empleo privado.
Entonces, la pregunta que se plantea es qué ocurrirá en las empresas el día 181, cuando se retome el esquema indemnizatorio tradicional.
El verdadero impacto de la doble indemnización
Desde el punto de vista del Gobierno, expresado por el ministro Moroni, el decreto 34/2019 funcionó para contener la “ola de despidos” en empresas. Pero para los profesionales que asesoran en lo legal y contable a compañías en la Argentina, se trata de una verdad a medias.
Hubo casos en los que funcionó como estaba previsto. Por caso, Alejandra Fernández, socia de Outsourcing de BDO Argentina, contó que entre la cartera de clientes de esta firma, compuesta sobre todo por grandes corporaciones, no se vieron en estos últimos meses desvinculaciones masivas. “Actualmente, si se plantean algún despido las compañías lo piensan varias veces, ya que el costo es alto, y generalmente postergan la decisión”, añadió.
Pero en otros, la medida no surtió el efecto esperado. “A partir del día siguiente a que comenzara a regir el decreto, las empresas que debían despedir gente no dejaron de tomar la decisión, por lo menos en los casos que teníamos pendientes en nuestra área de Payroll”, dijo a este medio Silvia Tedin, socia de la consultora San Martin Suarez y Asociados (SMS).
En Baker McKenzie vieron un panorama similar en los dos meses que lleva de vigencia la medida: “Pese al encarecimiento de los costos indemnizatorios, hemos visto a varias empresas avanzar de todas formas con despidos específicos que ya tenían planeados por razones de restructuración, y han afrontado el costo adicional derivado del decreto”, coincidió Matías Herrero, abogado socio de la mencionada firma.
Tedin, sin embargo, también diferenció la actitud que tomaron las pequeñas y medianas empresas –las mayores generadoras de empleo registrado en la Argentina- frente a este nuevo marco legal.
“En el caso de las Pymes esto no fue tan así. Hubo casos en los que nos han consultado y no se tomó la decisión de despido por tema del incremento en los costos que originaba la doble indemnización”, dijo la especialista de SMS a iProfesional.
“Las Pymes son las mas afectadas, ya que no poseen un respaldo como el de una casa matriz para afrontar dichos costos”, argumentó también Fernández.
En esos casos habría funcionado el objetivo propuesto por el Gobierno de disuadir a los empresarios con intenciones de recortar su nómina. Aunque Tedin advierte que sí hubo un efecto negativo concreto con el retorno de la polémica medida: “Originó el retraso en la toma de nuevo personal, por más que los nuevos empleados no entraban dentro del esquema de doble indemnización”.
Herrero también indicó que, si bien el decreto no aplica a nuevas contrataciones, “no estamos viendo que se produzcan incorporaciones en las empresas”.
“La volatilidad y el constante cambio de reglas a los que estamos acostumbrados, sumados a una economía recesiva y estancada, atentan contra esa reactivación”, explicó el abogado de Baker Mckenzie.
Doble indemnización: ¿qué pasará el día 181?
La doble indemnización, reivindicada por la protección que otorga a los trabajadores en momentos de crisis como los actuales, ha quedado como un capítulo con sabor agridulce entre los empresarios argentinos que vivieron su primera etapa, la de la Ley de Emergencia Económica 25.561 sancionada en enero de 2002 a pedido del entonces Presidente de la Nación, Eduardo Duhalde.
El 100% de recargo por despido se había establecido en principio por 180 días, pero luego se fue prorrogando. El objetivo era que la desocupación baje a menos de un dígito.
Como una forma de incentivar las contrataciones, en diciembre de 2002 se estableció, además, que se excluya de la medida al personal que ingresara a un nuevo trabajo a partir del 1° de enero de 2003. Y durante las sucesivas prórrogas se incorporaron modificaciones: en julio de 2004 el recargo del 100% se redujo al 80%, y en 2005 el monto bajó al 50% adicional.
La ley rigió hasta septiembre del 2007, cuando Néstor Kirchner dictó el decreto 1.224 que consideró que era innecesaria su prórroga por haber bajado el nivel de desempleo general a menos del 10%. En los hechos, eso había ocurrido a principios de ese año pero el Gobierno esperó a que ese indicador se consolidara para hacer efectiva la medida.
Fue una tarea cumplida, pero desde el punto de vista de los empresarios, la experiencia con la doble indemnización no ha sido de la más afortunada.
Herrero recordó una coincidencia entre ambas etapas: así como ocurrió en esta oportunidad, también la legislación de emergencia de 2002 “fue genérica en materia de duplicación e incremento indemnizatorio, y generó mucha litigiosidad”.
Para el letrado de Baker McKenzie, una vez más ocurrió una “repotenciación” del alcance de la medida, debido a lo abarcativa de la redacción del texto: “Hubo casos en los que se han generado dudas acerca de los rubros alcanzados. Creíamos que en base a la experiencia de 2002, en esta oportunidad se iban a fijar mayores precisiones. Pero eso no sucedió”, le dijo a iProfesional.
Más allá de lo ocurrido a principios de siglo, ahora el problema es que, con la confirmación de que la medida no será prorrogada, su efecto se termina automáticamente el próximo 11 de junio. ¿Qué se puede esperar para el día 12?
“Hay que esperar que la economía arranque de acá hasta que finalicen los 180 días, ya que el horizonte de lo que puede pasar aún no se vislumbra claramente”, matizó Tedin.
Fernández se expresó en líneas similares: “Luego del dia 181, los cambios van a depender de como haya evolucionado el mercado donde opera la empresa, apostando a mantener el empleo o tomando las decisiones postergadas hasta el momento”.
Al ser consultado sobre qué puede pasar tras el fin de la vigencia de esta medida, Herrero consideró que dependerá de la situación de cada empresa particular cuando llegue el día: “Quienes tenían planeados despidos en los próximos meses de empleados de mucha antigüedad, posiblemente aguarden a junio para ver si se cumple el anuncio que hizo el ministro Moroni (no prorrogar la medida). En cambio, para aquellos empleados de poca antigüedad, es posible que los empleadores despidan sin aguardar hasta entonces, ya que quedan varios meses hasta junio. El costo laboral de salarios y cargas sociales podría ser mayor que el costo de despedir ahora con la doble indemnización”.
Para el abogado, lo que no hay que perder de vista es que la decisión de no extender la vigencia de la doble indemnización “fue un claro mensaje político en el marco de las negociaciones del Gobierno con el FMI, y que si las cosas no salen como el Gobierno espera, quizás decida finalmente prorrogar los efectos del decreto más allá de junio”. Herrero consideró preocupante no solo la falta de claridad a esta altura sobre lo que ocurrirá con la deuda externa, sino que además siga sin reactivarse el mercado laboral.
“Para el día 181 es clave que la economía arranque, para que se puedan crear nuevos puestos de trabajo. Y, más allá de eso, pensar en algún régimen de Fomento de Empleo con beneficios para dinamizar al sector PyMe”, sugirió por su parte la socia de SMS.
Y propuso que tal vez una nueva Ley Pyme que contemple esa posibilidad o un Régimen Especial de Beneficios pensado en la contratación de personal por tamaño de empresa, “en el que se contemple que por incorporar un empleado nuevo se libere por algún tiempo el pago de contribuciones patronales”, podría ser un principio de solución.
