11 DIC 2014 En medio del escándalo por las irregularidades en la empresa de Cristina Kirchner , la Inspección General de Justicia (IGJ) realizó una modificación administrativa para tener “mayor eficiencia y eficacia”.
Según la resolución 03/2014, publicada hoy en el Boletín Oficial, el organismo dependiente del Ministerio de Justicia “se encuentra abocado a la mejora de los estándares de atención y funcionamiento administrativo”.
“Habiéndose profundizado las funciones de fiscalización (conforme al artículo 6 de la Ley Nº 22.315) que esta IGJ tiene a su cargo, ha incrementado notablemente la cantidad de notificaciones de las providencias y resoluciones establecidas en el artículo 12 del Anexo A de la Resolución General IGJ Nº 07/2005, por lo que resulta necesario incorporar otro mecanismo de notificación fehaciente”, señala el texto de la resolución, que lleva la firma del titular de la IGJ, Diego Martín Cormick.
La IGJ informó que “corresponde adicionar a la cédula, el oficio impuesto como certificado expreso con aviso de recepción, como medio idóneo y fehaciente de notificación de las providencias y resoluciones enumerados en el artículo 12 del Anexo A de la Resolución General IGJ Nº 07/2005”.
La medida, según el organismo, “permitirá una mayor eficiencia y eficacia en el ejercicio de la función administrativa”.
Días atrás, el juez federal Claudio Bonadio allanó la sede de la IGJ para pedir los legajos originales de la sociedad Hotesur, la empresa donde la presidenta Cristina Kirchner es accionista y que administra Alto Calafate, uno de sus hoteles.
El magistrado ordenó el operativo en el marco de la causa en que se investiga anomalías registrales en Hotesur y la falta de presentación de balances de la empresa. Además, Bonadio investiga la hipótesis del lavado de dinero, dado que la firma acordó alquilar casi un millar de habitaciones al mes a Lázaro Báez durante dos años, estén o no ocupadas.
Según reveló LA NACION, el organismo no emitió un reporte de operación sospechosa de lavado de activos ante las irregularidades detectadas en la sociedad presidencial, pese a las normativas de la propia IGJ y de la unidad antilavado (UIF). Para la IGJ, se trató de apenas una “falta administrativa leve”, punible con una multa.
/ lanacion.com.ar