Más de cuatro décadas han pasado de una ley que prohíbe su divulgación. Proyectos presentados.
Saber cuál es el patrimonio de un político al ingresar a la función pública y saber cuál fue la evolución (o involución, aunque sería un caso muy extraño) no debería ser algo que nos parezca imposible. En una era en la que podemos saber de manera inmediata sobre casos de corrupción de un pequeño pueblo en el otro lado del mundo o la fortuna de los hombres más ricos del planeta o cuánto gana Messi por partido y si debe enfrentar, como lo hizo, a la Justicia española por fraude fiscal.
Han pasado 46 años desde la implementación de una ley que permite a los políticos tucumanos no dar a conocer sus bienes. La Ley 3.981, de 1973, establece que el detalle del patrimonio de los servidores públicos tiene carácter secreto y penaliza su divulgación. Se fue la democracia y volvió, murió el fundador del peronismo, falleció el padre de la democracia, se reformó la Constitución Nacional para permitir la reelección, se modificó la provincial para permitir lo mismo, Argentina ganó dos finales del mundo en fútbol y perdió otras dos, las computadoras invadieron la vida diaria, las redes sociales nos permiten saber qué hace cada persona, compartir fotos, videos, memes (se creó la palabra meme) y hasta transmitir desde un celular en vivo para que todo el mundo vea qué es lo que hacemos. Todo eso pasó y pudimos comenzar a hacer en 46 años, pero no podemos conocer el patrimonio de los políticos tucumanos.
En una sociedad que no tiene un buen concepto de sus políticos sería un buen punto de partida para demostrar transparencia.
El uso de la inteligencia
“Hasta para robar hay que ser inteligente y yo me considero inteligente”. Eso dijo Julio Jalit, intendente de la localidad de Pichanal, Salta, y desató un escándalo en la vecina provincia. Lo pronunció en el discurso de apertura de sesiones del Concejo Deliberante. Según publicó El Tribuno de Salta, Jalit pasó de ser un empleado de estación de servicio a convertirse en uno de los hombres más ricos del departamento Orán.
En una época en la que la AFIP, cuando cualquier monotributistas quiere recategorizarse, le informa cuánto gastó con su tarjeta de crédito, resulta ilógico pensar que quienes deben administrar los fondos del Estado no estén obligados a informar sus patrimonios.
Nuevo proyecto
46 años han pasado de una ley que nos niega la posibilidad de saber y no solo no avanzamos, sino que se eliminó la Fiscalía Anticorrupción y solo el 0,5% de los casos conocidos de corrupción tuvo una situación judicial. Ahora hay un nuevo intento con la presentación del Colegio de Abogados, que se suma al del 2013, cuando el entonces legislador José Manuel Paz presentó un proyecto elaborado por la Federación de Entidades Profesionales Universitarias de Tucumán (Feput).
El Colegio de Abogados de la Capital envió a la Legislatura un proyecto de ley de ética pública que obliga a los funcionarios a exponer sus patrimonios. La propuesta establece principios, deberes, prohibiciones e incompatibilidades aplicables a quienes cumplen funciones en nombre o al servicio del Estado.
El nuevo proyecto obliga a los funcionarios públicos a exponer sus declaraciones juradas. “La información pública será de libre acceso y podrá ser consultada por toda persona en forma gratuita a través del sitio web que a tales fines se habilite”, instituye el artículo 9.
El conocimiento os hará libres
El nuevo proyecto no solo avanza sobre los patrimonios, sino sobre los conflictos de intereses, como favorecer desde el Estado a empresas propias. ¿Se imagina que un funcionario tenga vinculaciones con un medio de comunicación y la pauta oficial fuera direccionada de manera mayoritaria a ese medio? Esto es lo que pretende la nueva ley que se informe y no ocurra. Mientras sigamos como en estos 46 años difícilmente seremos libres.
