01 Abril de 2016. Tal como sucedió hace dos meses, cuando lo solicitó en la causa Ciccone, la Oficina Anticorrupción que encabeza Laura Alonso pidió ser parte querellante en el expediente Hotesur, que involucra a la ex presidenta Cristina Fernández, a su hijo Máximo Kirchner y a otros funcionarios nacionales.
La oficina realizó la presentación ante el juzgado federal número 3, a cargo del juez Daniel Rafecas, con el argumento de que “es relevante” ser querellante en este caso dado que investiga “la eventual responsabilidad de la ex presidenta, del ex ministro de Justicia Julio Alak y otros funcionarios de la Inspección General de Justicia, en relación con la protección que se habría dado desde ese organismo a la sociedad Hotesur, que le permitió permanecer sin presentar sus balances de 2011 a 2013, y sin registrar ni un solo documento societario en orden a la integración de sus órganos de dirección y demás autoridades desde 2009 a 2013″.
Además, la Oficina Anticorrupción remarcó que la ex mandataria “justifica parte de sus ingresos mediante créditos de la firma Hotesur, práctica que podría reducirse a una modalidad de autopréstamo, que podría pretender disimular un aumento patrimonial injustificado”. “La causa además investiga relaciones aparentemente comerciales pero sustancialmente ilícitas que vincularon a Néstor y Cristina Kirchner con los empresarios Lázaro Báez, Juan Carlos Relats y Cristóbal López”, enfatizó la Oficina Anticorrupción en un comunicado.
La oficina que lidera Alonso también solicitó que se investigue “el vínculo entre Inversora M&S S.A. deCristóbal López y El Retorno S.A. por el alquiler de la Hostería El Retorno, a través Idea SA. cuyo presidente es Osvaldo Sanfelice”.
“Si estas contrataciones entre las sociedades de la familia presidencial y aquellas que pertenecen a empresarios contratistas de obra pública, esconden mecanismos para reingresar al circuito comercial dinero negro“, recalcaron. El organismo consideró que deben investigarse las declaraciones juradas de la ex presidenta, en particular las “omisiones de 2011 a 2013, con relación a cuatro inmuebles y dos locales en Río Gallegos, y seis terrenos y dos locales en El Calafate y una deuda con Hotesur”.
La Oficina Anticorrupción había pedido a principios de febrero ser querellante en la causa Ciccone, en la que el juez Ariel Lijo procesó por cohecho al ex vicepresidente Amado Boudou y a otros funcionarios. Ahora tomó la misma decisión en el caso que más compromete a la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner, y a su hijo Máximo Kirchner, en el que se investigan irregularidades por las declaraciones juradas de sus empresas hoteleras.
Fuente: / cronista.com.ar
