07-JUL-2014 En la provincia se promueve una iniciativa para que las compañías informen a la población qué hacen por la sociedad y el medio ambiente a través de los balances empresariales. Un comité especial les expedirá un certificado de conducta y de responsabilidad de las organizaciones.
El economista Bernardo Kliksberg, pionero de la “Ética para el Desarrollo, el Capital Social y la Responsabilidad Social Empresarial”, expuso que en el mundo de las organizaciones hay tres tipos de empresas:
•Las narcisistas, a las que no les importa nada más que su propio beneficio.
•Las filantrópicas, que hacen aportes puntuales y esporádicos a la sociedad.
•Y las que tiene Responsabilidad Social Empresarial, que se preocupan por tratar bien a su personal con sueldos adecuados y políticas de desarrollo personal y profesional; otorgar buen trato a los consumidores con productos responsables y de buena calidad; cuidar el medio ambiente; y en rendir cuentas, con publicación de los balances sociales o colaborar con políticas públicas proactivas de inclusión en materia desarrollo social, educación, seguridad, deportivo y cultural.
“La Responsabilidad Social Empresarial es la forma de gestión que se define por la relación ética de la empresa con los accionistas, y por el establecimiento de metas empresariales compatibles con el desarrollo sostenible de la sociedad; preservando recursos ambientales y culturales para las generaciones futuras, respetando la diversidad y promoviendo la reducción de las desigualdades sociales”, sostiene el legislador Ramiro González Navarro.
En esa línea, el parlamentario impulsa un proyecto de ley que lo tiene como uno de los autores y que dará el marco jurídico para las prácticas de Responsabilidad Social y Ambiental en el territorio tucumano.
La norma será aplicable a todas las empresas que desarrollen sus actividades en la provincia, con más de un año de antigüedad, nacionales o extranjeras, privadas, públicas o mixtas. Sin embargo, la adhesión a estas prácticas será voluntaria, es decir, dependerá de la predisposición y de la apertura de la compañía a que la población conozca sus políticas responsables con lo social y el medio ambiente.
Según González Navarro, esta iniciativa garantiza que la población tenga acceso a la información de los resultados obtenidos por las empresas, sobre la base de tres dimensiones:
•Social: se refiere a la responsabilidad de la empresa respecto de sus recursos humanos, comprendiendo el bienestar de sus miembros, las buenas condiciones laborales y capacitación del personal. También se relaciona al impacto de la actividad empresarial en las comunidades en las que está inserta, la generación de un valor agregado a la sociedad, implica integrar a la empresa u organización en la comunidad en la que está inserta.
•Ambiental: se refiere a las gestiones realizadas por las empresas y organizaciones destinadas a maximizar sus esfuerzos en lo que refiere a la prevención, reducción, minimización y posible eliminación del impacto ambiental negativo que pudieran generar sus actividades, comprometiéndose con el modelo de desarrollo sostenible.
Las organizaciones que deseen adherirse deberán presentar anualmente un Balance de Responsabilidad Social y Ambiental, que contendrá como mínimo detalles de las políticas, estrategias, programas, proyectos y acciones a desarrollar, enumerando en forma clara los objetivos, ámbitos temáticos y territoriales a intervenir, beneficiarios a alcanzar y resultados esperados, así como también los recursos a aplicar para el logro de los mismos. Todo ello basado en indicadores que permitan conocer las dimensiones económicas, ambientales y sociales de la organización, teniendo como referencia a los desarrollados por la Global Reporting Initiative (GRI en su última versión).
Así como los balances contables muestran los resultados operativos del negocio, los informes de Responsabilidad serán el instrumento de medición del impacto social y ambiental de la empresa en la comunidad.
El balance solicitado será evaluado por un comité especial, que de ser aprobado, otorgará el “Certificado Tucumano de Responsabilidad Social y Ambiental”, con el que se accederá a una serie de beneficios que brindará el Estado. La iniciativa cuenta con la colaboración del Colegio de Graduados en Ciencias Económicas de Tucumán.
Fuente: La Gaceta
