Tanto profesionales que se desempeñan en el ámbito público como privado o los que trabajan de manera independiente deben estar matriculados en sus Colegios Profesionales. Sin dudas los recientes hechos, como el de un profesional de la salud que se desempañaba en la provincia sin tener siquiera el título de médico, dan cuenta de la importancia de los organismos colegiados para el control necesario del ejercicio ilegal de la profesión y el bienestar de la sociedad.
Pero la protección no es solo para los ciudadanos, sino que los profesionales cuentan con el apoyo de las instituciones que dictan las normas éticas y que le permitirán desempeñarse de la manera que corresponde en su actividad contando el respaldo que se necesita. La razón que fundamenta esta obligación es que los servicios profesionales se encuentran sujetos a responsabilidades especiales, tanto penales como civiles, administrativas y éticas debido a su vinculación con intereses públicos que deben prestarse personalmente, no siendo delegables. La relación de dependencia no es causal de atenuación ni –menos aún- exclusión de dichas responsabilidades. Y no se trata solamente de una mera imposición legal. La obligación de la matriculación apunta a lo que gana la sociedad en su conjunto por cumplir la ley.
La matrícula legitima el ejercicio profesional. Estar matriculado implica –entre otros aspectos- que los colegiados respetan normas de disciplina y de ética en su tarea profesional y que son pasibles de ser sancionados por el Tribunal de Disciplina del Colegio en caso de que no lo hicieran. Esto garantiza el compromiso frente a la sociedad y en relación a sus colegas. Los profesionales están habilitados por el Estado a través de los colegios profesionales. Esa obligación impuesta por el Estado a través de los colegios es la que garantiza la responsabilidad social de los profesionales.
Las nuevas profesiones
La industria del software largó una iniciativa que la enfrentará a los colegios profesionales: pedir a las provincias que deroguen las normas y leyes que regulan a sus empleados, en especial la obligación de matricularse. El punto es que trabajos como analista, arquitecto de software, líder de proyecto, testeo de calidad y todos los puestos que tienen responsabilidad sobre el producto deben estar a cargo de profesionales matriculados. Para eso deben tener título oficial de ingeniero en Sistemas o en Computación, licenciado en Informática o técnicos superiores y pagar la matrícula.
Para Guillermo Montenegro, titular del Consejo Profesional de Ciencias Informáticas de la Provincia de Córdoba, la profesión en la que está en riesgo la vida y la salud de las personas debe regularse por ley y la Constitución Nacional delega en las provincias esta obligación. “La matriculación no recae en las empresas, sino en las personas. La obligación es contratar en el marco de la ley”, agrega. Recuerda que el accidente del avión Boeing 737 Max 8 de Ethiopian Airlines en marzo de este año se debió a una falla del software que automatizaba varias de sus funciones.
