Con números distintos, algunos hablando de mayor cantidad y otros mencionando que las cifras no son “tan alarmantes”, diferentes organismos coinciden en que la situación de las Pequeñas y Medianas Empresas es, por lo menos, delicada.
El anuncio del Gobierno sobre una serie de medidas destinadas al financiamiento de las pymes por $100.000 millones, con tasas de interés que van del 25 al el 29%, fue recibido de manera dispar ya que no resuelve problemas más urgentes, como la carga impositiva o el aumento en los costos de producción y que se traslada al consumidor final generando una cadena de inflación y baja del consumo.
Las ventas minoristas Pymes cayeron en febrero un 11,9 por ciento, respecto del mismo período de 2018, y de esa manera se cumplieron 14 meses consecutivos en baja, según informó la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (Came). Un panorama previsible, pero que no parece estar en la agenda pública.
Vicente Donato, director Ejecutivo de la Fundación Observatorio Pyme, sostiene que “algo hay que hacer para levantar la demanda agregada”. En un contexto en el que, en su opinión, “no va a haber una reactivación importante, considerando que 2019 va a ser un año recesivo”, la esperanza es que Brasil traccione las exportaciones argentinas y mejore también el mercado interno, luego de las paritarias y el ajuste de las jubilaciones y pensiones.
Presión tributaria
Es el principal reclamo de todos los sectores industriales, sean pequeñas y medianas empresas o grandes compañías. “De cada $ 100 que entran a una pyme, $ 46 se van en impuestos”, asegura Pedro Cascales, empresario metalúrgico y secretario de CAME Industrial.
Hay una fuerte demanda para reducir o eliminar impuestos distorsivos como Ingresos Brutos en las provincias o el impuesto al cheque, de alcance nacional. Son considerados impuestos con “efecto cascada”, porque gravan cada paso del proceso de producción. Además, hay quejas por la frecuente creación de tasas y contribuciones municipales.
Inflación
Probablemente, sea el mayor problema que afecta a la economía real. 2018 cerró con un nivel de inflación de 47,6% y el dato oficial de enero dio una tasa de 2,9% en relación al mes anterior, con fuerte incidencia en el rubro alimenticio y en tarifas de servicios públicos.
La caída del poder adquisitivo impacta en el consumo. Es un dato clave teniendo en cuenta que el 80% de la economía se explica por el mercado interno.
Costos laborales
Es otro de los temas permanentes en la agenda y el reclamo se centra en los costos laborales no salariales, es decir, los llamados impuestos al trabajo. La reforma impositiva de fines de 2017 estableció un cronograma de suba del mínimo no imponible para el pago de contribuciones patronales, que llega hasta 2022.
