Recurrir sobre un tema puede parecer tendencioso, especulativo o con una finalidad específica. Cuando son muchos los sectores que piden sobre ese tema ya se trata de una cuestión importante y, si el destinatario del mensaje hace caso omiso, genera desconfianza y especulaciones.
La situación que se generó hace ya varios años en la provincia con el Acceso a la Información Pública tiene todos los meses nuevas aristas, como el incómodo momento entre el Presidente de la Nación y el Gobernador en El Bracho. Pero lamentablemente no se presenta un avance concreto desde el Ejecutivo Provincial. Distinto es el caso del Poder Judicial, que se comprometió a difundir con amplitud la estadística relativa al funcionamiento de la Justicia.
La última publicación de las cifras sobre el desempeño de judicial local data de 2015. Ese informe reveló, por ejemplo, que ocho de cada 10 denuncias penales terminaban archivadas.
Conocer los datos permite que las entidades no gubernamentales, especialistas y el ciudadano en general puedan aportar, hacer una crítica constructiva y también controlar lo que hacen sus funcionarios.
Argentina atraviesa, desde hace muchos años, un proceso de desconfianza por parte de sus ciudadanos hacia la clase política y que cada vez va más en crecimiento. La sensación permanente de que detrás de cada caso existe un acto de corrupción es un mal que nos afecta hacia adentro, a toda la población, y hacia afuera entre los que quieren invertir.
Por eso el reclamo permanente en el pedido de avance en el Acceso a la Información Pública, porque con esa herramienta se puede sencillamente conocer qué hacen con lo nuestro quienes nos representan. Mientras tanto nos enteramos de manera aislada que tenemos la Legislatura más cara del país, gastos millonarios en publicidad oficial o licitaciones objetadas por estar alejadas de sus presupuestos.
Este mes se cumplen dos años del compromiso de la provincia de hacer una ley propia, porque se consideraba esto mejor que adherir a la nacional. Aquel 28 de septiembre de 2.016 el titular del Ejecutivo provincial indicaba que esto significaba una medida “saludable” para Tucumán. Han pasado dos años, dos años más de “insalubridad”, de enfermedad.
