Comprobar qué bienes tiene un gobernante y cómo creció su patrimonio en la función pública, cuántos casos resolvió determinado juez, cuándo tuvo licencia y cuál fue la producción de un legislador, además de poder ver cuántos asesores trabajan para él, por nombrar algunos casos, forman parte de la postergada ley de acceso a la información pública.
En nuestra provincia la espera por esta ley se hace eterna. “Esta ley hace que aquellas personas que requieren de una información, porque no la encuentran en los diferentes medios de comunicación, lo podrán hacer en una unidad específica y en 15 días tendrá que ser publicada o entregada al que la requirió”, anunciaba hace casi dos años el ahora diputado y en ese entonces Secretario General de la Gobernación, Pablo Yedlin. Pero nada pasó.
La espera continúa y, lo peor, es que no tiene un panorama alentador.
En 2016 el gobernador de la provincia, Juan Manzur, se comprometió a que Tucumán iba a adherir a la Ley Nacional de Acceso a la Información Pública. Hace pocos días se le consultó acerca de la posibilidad de avanzar con esa y otras normas de transparencia, pero el mandatario sólo dio una respuesta elusiva.
Increíblemente son muchas las voces que hablan de su necesidad, de la urgencia de contar con esta ley a nivel provincial. Si bien Tucumán podría simplemente adherirse a la normativa nacional y finalizar con el problema, se dilata su entrada en vigencia a partir del argumento de contar con una ley propia.
Hace días se pudo saber cuánto gana un juez de la Corte Suprema de la Nación, algo imposible en nuestra provincia al no contar con esta normativa. “Hemos podido sancionar la Ley de Acceso a la Información Pública y su implementación está en marcha. Muchas provincias se han sumado y esperamos que a lo largo del año puedan hacerlo las que faltan. El Noroeste Argentino está un poco más atrasado en este sentido, pero continuaremos bregando para que se incorporen”, indicó el ministro del Interior, Rogelio Frigerio, hace unos días en Salta.
Los avances en las comunicaciones hacen que la inmediatez sea un factor decisivo en la vida actual. Podemos conocer en tiempo real lo que sucede con una sesión parlamentaria a miles de kilómetros, los antecedentes de un deportista y si pagan o evaden impuestos en Europa, pero no podemos saber de manera simplificada cuánto dinero se gasta en publicidad oficial o en actos de gobierno, a un año de un nuevo llamado a elecciones que, como antecedente, tuvieron momentos lamentables y bochornosos en el 2.015 y que esperan, también, la famosa reforma electoral. Pero ese es otro tema, uno más de los postergados a la hora de generar transparencia en la sociedad.
