21 NOV 2014 Las maniobras de radicación de vehículos en jurisdicciones cercanas a Vaca Muerta que detectó la Agencia de Recaudación de Buenos Aires (ARBA) trajeron a escena una vieja y controvertida disputa que existe hace años entre las diferentes provincias y municipios.
Si bien en este caso habrían participado personalidades famosas como Jorge “Acero” Cali,Vanina Oneto y Sergio Schoklender, no es novedoso encontrar situaciones en las que una persona que vive en determinada jurisdicción radique su auto o camioneta en un lugar diferente del que reside. El motivo es simple: la búsqueda de un ahorro fiscal significativo.
Esto ocurre porque las facultades de imponer los valores del Impuesto Automotor (o Patentes, como se lo conoce) queda en manos de cada una de las provincias o, en algunos casos, de las municipalidades.
Al no existir un criterio universal para establecer un cálculo, los montos involucrados pueden ser verdaderamente dispares. Así, mientras que en Buenos Aires un auto de súper lujo abona anualmente cerca de $210.000, en algunos municipios puede llegar a pagar $21.000 anuales.
No obstante, la radicación fiscal de un vehículo no depende de los deseos de los propietarios de pagar menos impuestos, sino que está vinculada con diversas cuestiones, como por ejemplo, dónde viven y desarrollan sus actividades.
De esta manera, realizar el registro en un lugar diferente tiene sus riesgos. Esto es así porque puede derivar en el pago de los tributos atrasados (más intereses) y, en algunos casos, los ejecutores hasta pueden ser denunciados penalmente.
¿Cómo fue la maniobra?
En los casos detectados por el organismo de recaudación bonaerense, fue determinante el trabajo de investigación realizado con anterioridad que permitió encontrar irregularidades en el registro de los automotores.
Fuentes del fisco conducido por Iván Budassi explicaron a iProfesional que luego del cruce de información, detectaron que “estas personas vivían en Buenos Aires, sus hijos iban a colegios de la Provincia y además poseían gastos y consumos en territorio bonaerense”.
Asimismo, dieron cuenta de que “los responsables estaban inscriptos en otros impuestos (Inmobiliario e Ingresos Brutos, por ejemplo) por lo que no tenían excusas para radicar el vehículo en otra jurisdicción“.
Ante esto, los agentes del organismo enviaron notificaciones a los domicilios de los titulares donde se les informaba que debían abonar el Impuesto Automotor establecido por Buenos Aires. La contestación de estas notas fueron las que dejaron en evidencia la maniobra evasiva.
En algunas de las respuestas se incluía un contrato donde la Municipalidad de San Patricio del Chañar (firmado por el mismo intendente Ramón Soto) cedía una propiedad en comodato a una persona (con asiento en Buenos Aires) para utilizarlo “como lugar de guarda habitual de los vehículos que sean radicados en la localidad”.
/fuente: iprofesional